Por Fernando M. López

Luego de la polémica por el espionaje macrista sobre la enorme base de datos de la ANSES, trascendió que una de las sedes del organismo previsional dirigido por Emilio Basavilbaso presta sus oficinas a policías para desplegar tareas de inteligencia en medio de protestas ciudadanas.

Beneficiarios platenses del PRO.CRE.AR. que fueron excluidos del programa cuando el presidente Mauricio Macri lanzó su línea de créditos hipotecarios “Solución Casa Propia” se movilizaron el jueves pasado hasta la sede de calle 45, entre 8 y 9, para plantear sus demandas y exigir una solución.

Lejos de encontrar respuestas o ser recibidos por alguna autoridad, detectaron que efectivos uniformados de la Bonaerense y la Policía Local los fotografiaban desde distintos puntos de la vía pública, como así también desde la planta alta del edificio de la ANSES, “donde están las oficinas de los directivos”.

“Se manejaron con mucha impunidad”, dijo a Contexto la abogada Sabrina Álvarez, una de las damnificadas del barrio Inter-condominios de Arana, y remarcó que “todas las familias estamos muy preocupadas y asustadas”.

“Que los policías saquen fotos a una concentración pacífica de cincuenta personas, entre grandes y chicos, que sólo hacían palmas en la puerta de la ANSES, es algo alarmante”, sostuvo con indignación la letrada.

Y no es para menos. La Bonaerense, desde la disolución de su Dirección de Inteligencia –la nefasta DIPBA- en 1998, tiene prohibido realizar este tipo de tareas; y lo mismo les cabe a las Policías Locales, creadas por decreto en 2014 con el único fin de “prevenir delitos y contravenciones”.

La Ley 13.482, que regula a las fuerzas de seguridad bonaerenses, es clara al respecto en su artículo 12: “Queda prohibida la reunión y análisis de información referida a los habitantes de la Provincia de Buenos Aires motivada exclusivamente en su condición étnica, religiosa, cultural, social, política, ideológica, profesional, de nacionalidad, de género así como por su opción sexual, por cuestiones de salud o enfermedad, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales o laborales, o con fines discriminatorios”.

Sin embargo, en tiempos de ajuste y fuerte escalada represiva, persecución política y criminalización de la protesta social, los uniformados de la gobernadora María Eugenia Vidal y del intendente Julio Garro parecen tener vía libre para pasar por encima de la Constitución y las leyes.

Sin la casa propia

En La Plata son más de quinientas las familias afectadas por la paralización del PRO.CRE.AR. Bicentenario, que incluía compra de vivienda a estrenar, construcción y ampliación, y desarrollos urbanísticos para nuevos emprendimientos.

Tras salir sorteados, muchos de estos beneficiarios compraron terrenos y los urbanizaron con dinero propio para acceder al crédito y poder construir sus viviendas. Pero desde el 11 de julio último, cuando Macri lanzó el nuevo PRO.CRE.AR., el Banco Hipotecario dejó de atenderlos. En la ANSES tampoco les dan soluciones.

“El PRO.CRE.AR. de Macri es incompatible con las líneas de crédito del programa anterior, porque sólo contempla la compra de inmuebles ya construidos”, explican los damnificados al sostener que el Gobierno de Cambiemos los dejó “a mitad de camino de cumplir con el sueño de la casa propia”.

La situación de otros beneficiarios –alrededor de 120– es incluso más complicada, porque el municipio de La Plata aún no rezonificó sus lotes y no pueden acceder ni siquiera a las escrituras de esos terrenos.

Garro se niega a recibirlos, aunque encontraron buena recepción entre los concejales de la oposición, entre ellos Florencia Saintout, Guillermo Cara y Gastón Castagneto, del Frente para la Victoria Nacional y Popular.

Sabrina Álvarez adelantó a este medio que el próximo miércoles, mientras el Concejo Deliberante desarrolle su sesión ordinaria, se movilizarán hasta el Palacio Municipal para exigir “celeridad en las rezonificaciones trabadas”.

Asimismo, organizan una marcha a Capital Federal para el viernes 5 de septiembre junto a damnificados de todo el país. “Va a ser una movida muy grande por nuestros derechos adquiridos. Queremos nuestras casas”, enfatizó Álvarez.