Denuncian un retroceso en soberanía espacial

Denuncian un retroceso en soberanía espacial

El Gobierno nacional prepara una privatización de la capacidad satelital argentina en detrimento de la industria espacial y del desarrollo de ARSAT. La decisión ya está tomada y piden revertirla.

2018
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Por Leandro Gianello

Durante el último mes, el Gobierno nacional publicó dos resoluciones en las que autoriza a empresas extranjeras a brindar servicios satelitales en el país, vulnerando la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital Nacional y menospreciando el esfuerzo en la construcción del ARSAT 1 y 2.

La maniobra fue advertida por la senadora rionegrina del Frente para la Victoria, Silvina García Larraburu, quien envió desde su banca un pedido de informes sobre la desregulación de la política satelital que está aplicando el macrismo.

En declaraciones públicas, Larraburu detalló que el Ministerio de Comunicaciones autorizó a News Skies Satellites, una empresa con sede en Holanda, a brindar servicios locales con el satélite NSS-806 mediante la resolución 274-E/2016, contradiciendo la Ley 27.208, aprobada por amplia mayoría a fines del año pasado.

“La medida adoptada pone en alerta a toda la comunidad científico-tecnológica, que ha desarrollado un invaluable esfuerzo para que la industria satelital sea soberana”, dijo la senadora en un comunicado oficial publicado en su página web.

Sobre todo en el último tiempo, en el que el desarrollo en este área “pudo gestarse a través de la fabricación argentina, con una participación directa de empresas del Estado y de diversas pymes” que generaron puestos de trabajo “con altísimo valor agregado para la soberanía nacional”, agregó Larraburu.

“LA REGULACIÓN ARGENTINA PROTEGE AL OPERADOR NACIONAL, ARSAT, Y NO SE PUEDE AVANZAR EN ESTAS CUESTIONES HASTA TANTO NO SE AGOTE LA CAPACIDAD” DE LOS SATÉLITES PROPIOS.

“Los precedentes que han avalado la desregulación en el sector, como sucedió en los años noventa, no sólo abrieron la competencia extranjera, sino que también frustraron los intentos de crecimiento nacional”.

En este sentido, “resulta fundamental la continuidad de una política soberana de ciencia y tecnología que siga abriéndole oportunidades a nuestro país”, concluyó la senadora por la provincia de Río Negro, quien también se desempeñó como Asistente de la Gerencia del Área Espacial de la empresa INVAP, encargada de construir los satélites.

Si bien el pedido de Larraburu se centra en la cuestión del satélite NSS-806, existe una resolución más reciente del Ministerio conducido por Oscar Aguad, la 320-E/2016, que facilita el servicio a otra empresa extranjera a través del Eutelsat 113 West A, operado por capitales franceses.

La habilitación establece pautas contradictorias, ya que “la regulación argentina protege al operador nacional, ARSAT, y no se puede avanzar en estas cuestiones hasta tanto no se agote la capacidad” de los satélites propios, explicó a Contexto Guillermo Rus, ex vicepresidente de ARSAT.

El Eutelsat 113, un aparato muy potente, “no estaba autorizado a operar”, pero sin embargo lo hará, “aun cuando Argentina tiene capacidad propia con el ARSAT 1 y 2”, detalló Rus, acción que “estaría complicando el desempeño a la empresa nacional en su propio territorio”.

“PONEN EXCUSAS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL ARSAT 3 Y SU CAPACIDAD DE OPERACIÓN, PERO POR OTRO LADO CONTRATAN SERVICIOS FORÁNEOS.”

Las normativas emitidas desde el Gobierno nacional “comprometen la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital Argentina”, y desde el entorno del Ministerio de Comunicaciones “no son muy claros con lo que quieren hacer”, advirtió el ex funcionario.

“Ponen excusas sobre la construcción del ARSAT 3 y su capacidad de operación, pero por otro lado contratan servicios foráneos”, declaró Rus.

Contrario a la ley

Bajo el mismo tenor, el portal web latamsatelital.com asegura en una nota publicada el 19 de agosto pasado que “la autorización otorgada al satélite de Eutelsat puede generar controversias respecto a las interpretaciones de la resolución 3609/1999, que establece un régimen de exclusividad y competencia que busca proteger el desarrollo del sistema satelital argentino”.

“Esta norma vigente, por ejemplo, establece que las autorizaciones a sistemas satelitales constituidos por satélites no argentinos se otorgarán sólo en caso de que se encontrase agotada la disponibilidad de facilidades satelitales en los satélites argentinos, cosa que no ocurre luego del lanzamiento del Arsat-2”, detalla el artículo.

Además, en la resolución 320–E/2016 no se menciona la Ley 27.208, pensada y aprobada por gran mayoría para desarrollar la industria de construcción de satélites “a partir del éxito en el diseño, fabricación y puesta en órbita de los satélites del operador estatal Arsat por parte de INVAP”.

Las recientes autorizaciones para operar sobre territorio argentino “parecen ir en una dirección opuesta al espíritu de la ley”, concluye el texto, una opinión que coincide con el pensamiento de Rus, quien advierte que estas disposiciones “dan a entender que se están estrangulando las posibilidades de ARSAT y del Plan Satelital Argentino”.


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