Por Fernando M. López

Milagro Sala sigue ilegalmente detenida por orden del gobernador radical-macrista Gerardo Morales, pero ya no está incomunicada ni aislada en su celda del penal de mujeres de Alto Comedero, ubicado en las afueras de San Salvador de Jujuy.

La diputada del Parlasur y dirigente de la Tupac Amaru había sido castigada el viernes pasado por diez días, tras exigir mejores condiciones de encierro. Sin embargo, las autoridades le anunciaron ayer que la medida quedaba sin efecto.

“Es un pequeño triunfo. Hemos logrado torcer el brazo a una injusta medida del Gobierno de la provincia de Jujuy y esto es producto de la solidaridad de todos los sectores democráticos de la Argentina”, dijo el coordinador nacional de la Tupac, Alejandro “Coco” Garfagnini, al dar por finalizada la huelga de hambre que se llevó adelante en Plaza de Mayo contra el castigo penitenciario.

Mientras Garfagnini encabezaba la conferencia junto al padre Francisco “Paco” Oliveira, el resto de los ayunantes y organismos de derechos humanos, llegó una breve carta manuscrita de Milagro.

“No sólo no ha malgastado recursos públicos, sino que pudo hacer mucho más de lo que hubiera hecho cualquier empresa privada. Todo eso tocó muchos intereses.”

“Les agradezco desde mi profundo corazón el gran apoyo que estoy teniendo de ustedes, que desde ahí me fortalecen y me ayudan a no bajar los brazos. Les pido que sigan defendiendo nuestro país, que es el que nos necesita. Compañeros, la resistencia es lo único que nos garantiza seguir viviendo en democracia”, señaló en la misiva.

Luego tomó la palabra Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, quien reiteró su respaldo a la dirigente social y a los otros diez integrantes de la Tupac Amaru que continúan detenidos en Jujuy.

“Siempre hemos apoyando causas justas y acá también estamos, exigiendo la libertad de Milagro Sala y de todos los presos políticos”, sostuvo, y aseguró que “cada vez somos más en esta resistencia pacífica, demostrándole al presidente (Mauricio Macri) que no somos un ‘curro’”.

En diálogo con Contexto, Oliveira rechazó las ocho causas que le imputan a la parlamentaria del Mercosur y dijo estar “convencido de su inocencia”.

“Ella no está presa por sus errores, sino por sus aciertos; por haber levantado un pueblo y haber construido una organización que permitió que mucha gente recuperara su dignidad. No sólo no ha malgastado recursos públicos, sino que pudo hacer mucho más de lo que hubiera hecho cualquier empresa privada. Todo eso tocó muchos intereses”, afirmó el referente del Grupo de Curas en Opción por los Pobres.

Tras la huelga de hambre, se espera ahora la Marcha Federal de la CTA contra “el ajuste, los tarifazos y los despidos”, que además incluirá el reclamo por Milagro Sala.

La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPAL) difundió ayer un comunicado en demanda de la “inmediata libertad” de Sala.

Según se anunció en la conferencia de prensa, la “Columna Norte” partirá el 31 de agosto desde el penal de Alto Comedero para confluir el 2 de septiembre en Plaza de Mayo con el resto de las columnas del país.

“Vamos a trabajar muy fuertemente con todos los espacios solidarios para que esa marcha sea multitudinaria”, adelantó Garfagnini.

Repudio latinoamericano

La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPAL) difundió ayer un comunicado en demanda de la “inmediata libertad” de Sala, al entender que su detención es “una acción represiva” que viola derechos fundamentales.

“Este hecho, que preocupa sobremanera a nuestra organización, tiene claros visos de criminalizar la protesta como antesala para poner en ejecución un plan continental que procura desmontar los logros que en materia de inclusión social y económica se han alcanzado en América Latina, para dejar a nuestros pueblos sin el instrumento de la protesta como mecanismo de defensa”, manifestó el dominicano Manolo Pichardo, presidente de la COPPAL.

Para Pichardo, las “acciones y amenazas impulsadas desde el Gobierno provincial” de Morales, que “cuentan con la complicidad y subordinación del Poder Judicial”, son “inaceptables en el marco de un auténtico Estado de derecho”.