Por Alejandro Palladino

Tras el paso del ministro de Energía Aranguren por el plenario de comisiones del Congreso, donde justificó una vez más el tarifazo en los servicios públicos, y a horas del fallo de la Corte Suprema en el que se decidirá el futuro de la medida de ajuste, la Multisectorial La Plata –que nuclea a organizaciones sindicales, sociales, políticas y estudiantiles– llevó a cabo ayer un plenario bajo el lema “Soberanía, el Estado y nuestros derechos” para exponer algunos puntos cruciales sobre el principal tema de la agenda.

Los integrantes del panel, organizado en el centro cultural La Salamanca (60 y 10), fueron el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, el presidente del CEPIS, Mariano Lovelli, y el abogado de la CTA Autónoma, Marcelo Ponce Núñez. Fueron presentados por Octavio “Tato” Miloni, de la CTA de los Trabajadores y secretario general del gremio Adulp de docentes universitarios.

Como temas centrales de la charla, tuvieron primacía la falta de respuestas del ministro Aranguren sobre en qué consiste el plan energético del Gobierno, qué criterios trazó su gestión para conformar el nuevo cuadro tarifario, y su falta de respuestas cuando lo consultaron sobre los motivos por los que el Gobierno nacional elevó el precio del gas en boca de pozo para provecho de las empresas. Hicieron un fuerte cuestionamiento sobre el atropello constitucional que significó no llamar a audiencias públicas, con la consecuente nula participación civil, que a su vez estuvo mal informada por la desinformación de la enorme mayoría de medios oficialistas sobre si pagar o no, señalaron.

En la presentación, Miloni consideró la actividad de ayer como “un escenario propicio para defender los derechos de los trabajadores, vecinos y pueblo contra el tarifazo, teniendo como eje la vocación de unidad de acción entre las distintas organizaciones sindicales, políticas y sociales en un tema central como es el tarifazo”, para “enfrentar los avances que afectan sin distinción” porque “las políticas de Cambiemos son universales en cuanto a la quita sistemática de derechos que tenemos como trabajadores y como pueblo”.

Arias afirmó que “el servicio público está regido por el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno que coincide con el artículo 42 de la Constitución y con tratados internacionales”. “Si Argentina se aparta de estos principios, está comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado”.

En este sentido, la crítica por la falta de audiencias sumó ayer a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien dictaminó a favor de confirmar la sentencia que frenó el tarifazo del gas teniendo como argumento la falta de información y participación de los usuarios.

Arias, el juez que frenó los tarifazos, se refirió a los cortes de luz que sufrieron los consumidores del interior de la provincia de Buenos Aires, en los que las empresas pasaron por alto el fallo de la Justicia. “Hoy estamos fuera del Estado de derecho, en el que las empresas escandalosamente incumplen con total impunidad la órdenes judiciales”, afirmó, y remarcó como antecedente de cara al fallo de la Corte Suprema los fallos de la Cámara Federal de La Plata, de Córdoba y de tribunales patagónicos como respuestas judiciales ante el tarifazo.

El abogado de la CTA Autónoma, Marcelo Ponce Nuñez, al referirse a la exposición de Aranguren y al posicionamiento del Gobierno sostuvo que “dicen que hace falta hacer obras, lo cual debe ser cierto, pero no nos dicen ni cuáles, ni dónde, ni en qué tiempo, ni con qué costos”.

Por su parte Mariano Lovelli, presidente del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), organismo que presentó las apelaciones que precedieron al fallo de la Justicia platense que frenó el tarifazo, apuntó a los cambios políticos en materia energética. “Venimos de un Estado que definió una política de sostener el consumo de las clases populares para asistir a un cambio de paradigma de Estado en el que el Gobierno se sienta en la mesa de los poderosos”.

Lovelli señaló la finalidad política del Gobierno de no dar explicaciones en audiencias sobre por qué elevó de dos dólares a casi cinco lo que paga por el millón de BTU –unidad de energía–, un valor por encima de la paga internacional de gas en boca de pozo. Fue una pregunta que incluso Aranguren se negó explícitamente a responder cuando se las vio con el Congreso el martes.

“Si no la contesta se caen como una ficha de dominó uno tras otro todos los argumentos que han dado de que viene el Cuco (por las amenazas del Gobierno de emitir más deuda o frenar la obra pública en caso de que la Corte frene el tarifazo), porque lo que hay en el medio es la transferencia de recursos de la población a las empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras de energía”, dijo Lovelli, y añadió: “Tienen que demostrar que hubo un aumento de costos real y concreto”.

Ayer por la tarde, el periodista ultraoficialista Joaquín Morales Solá dijo que “si la Corte frena la suba de las tarifas, el déficit fiscal puede ser inmanejable”.

Sobre este punto, tanto Arias como Lovelli remarcaron la quita de retenciones a los sectores agroexportadores y las mineras, que se estima que hará que el Estado deje de recaudar alrededor de 5 mil millones de dólares.

“Los subsidios son una mala palabra cuando hablamos de servicios públicos, pero cuando hablamos de la quita de retenciones al agro y a las mineras ahí no son malas palabras”, lanzó el juez.

Arias también apuntó a “la falta de razonabilidad” del nuevo cuadro tarifario que vulnera el derecho a la vivienda según tratados y pactos internacionales. “La condición legal para que una tarifa sea viable desde el punto de vista legal es que sea justa y razonable”.

“Las tarifas no pueden determinarse mediante una planilla Excel como se hizo y se explicitó, o dejándolas libradas a la oferta y demanda. Aquí hay derechos que respetar y abastecer”. Dio el ejemplo del “derecho a la vivienda que implica el uso adecuado de los servicios, que dan derecho a la salud”.

Arias trajo a colación la frase de Aranguren: “El que no tiene que no pague”. “Ahí es el punto donde, si el Estado rebasa un margen de razonabilidad de un salario medio de un trabajador con el aumento de tarifas, tiene que subsidiar”, porque “no puede ser que el aumento de las tarifas se lleve el 60% de un salario sin contar cómo afecta otros derechos esenciales y básicos”.

Por último, los panelistas expresaron su apoyo y solidaridad con la jueza Martina Forns, quien fue amenazada con una granada dentro de una caja a pocos metros de su casa, en el barrio porteño de Chacarita. La jueza el mes pasado frenó el aumento de la luz en todo el país, dando lugar al amparo presentado por el Cepis. El caso quedó a cargo del juez Daniel Rafecas, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional Federal Nº 3.