Tarifazos: cinco puntos para desmentir al Gobierno

Tarifazos: cinco puntos para desmentir al Gobierno

El CEPIS presentó un documento donde desmiente los argumentos del Gobierno para justificar los aumentos. Más evidencia de las maniobras de Cambiemos disfrazadas de “sinceramiento”.

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Por Roberto Álvarez Mur

El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) presentó cinco nuevos puntos para dar por tierra los argumentos del Gobierno para justificar el tarifazo. Así lo define el comunicado Algunas mentiras del gobierno para defender el tarifazo, presentado por el organismo en una semana clave para la discusión respecto de las subas. Los puntos de tensión que más expone el documento refieren al tratamiento de subsidios y la carencia de audiencias públicas con legítima participación ciudadana.

“Hay datos que claramente no son reales, como es el tema de los subsidios. El Gobierno, a propósito, sale a confundir hablando de los subsidios, mezclando la cuestión de la energía eléctrica con la del gas natural, cuando en el caso del gas el subsidio es un tema menor”, dijo a Contexto el presidente del CEPIS, Mariano Lovelli, en la antesala de la conferencia del ministro de Energía, Juan José Aranguren, donde justamente dispuso la defensa del aumento de tarifas.

Respecto de los desaciertos divulgados por el Gobierno en el tema de los subsidios, en primer lugar, el documento afirma: “No es cierto que la actual fórmula de política tarifaria esté destinada a eliminar subsidios, en lo referente al servicio de gas”. En este punto explica que sólo sirvió para quitar en transporte y distribución parte del subsidio existente, ya que en 2014 se lo había disminuido de manera sustancial. Por este motivo, no era previsible un incremento importante en esa actualización tarifaria

“Lo que nosotros sostenemos es que una cosa es lo que el Gobierno hace, otra cosa es lo que el Gobierno dice y otra cosa es lo que el Gobierno escribe en términos judiciales”, dijo Lovelli. Y añadió: “Por otro lado, subrayamos el ninguneo a la audiencia pública, no como un mero requisito, sino como una forma de participación ciudadana en la toma de decisiones”.

La divulgación del comunicado se dio en contexto con las controversiales definiciones del ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, quien había lanzado, en tono de amenaza, que de frenarse el tarifazo habría que “recortar en otro lado” e ir a buscar “$80.000 millones a otro lugar”.

Respecto de esas palabras, Lovelli definió: “Esta gente todas las semanas saca un cuento nuevo. El primero fue la inflación, después el endeudamiento. Ahora la audiencia pública. Están viendo de qué forma pueden sensibilizar a la población para justificar lo injustificable”.

El debate respecto del aumento de tarifas se encuentra en su punto más álgido. En combinación con las declaraciones de Prat-Gay, la presentación oficial de ayer en Diputados para justificar la medida volvió a mostrar la decisión del macrismo a no dar brazo a torcer. Mientras tanto, desde el arco opositor se espera a la actuación de la Justicia como instancia determinante.

“Estamos esperando que la Corte actúe con responsabilidad institucional y que falle acorde a derecho y no acorde a las presiones que está recibiendo”, agregó Lovelli.

Los cinco puntos del informe, en tanto, aportan a la sumatoria de argumentos para rechazar el aumento y como una evidencia más de la insolvencia del discurso oficial. El comunicado del CEPIS señala en un segundo término: “No es cierto que los incrementos decididos en la Resolución 28 del ministro Aranguren sirvan para asegurar inversiones en exploración y explotación de gas”.

En tercer lugar, continúa: “No es cierto que las Audiencias Públicas deban realizarse solamente para debatir el transporte y la distribución en los servicios de gas y electricidad”. Luego expresa: “No es cierto que la producción no pueda debatirse en las audiencias con el pretexto que su determinación es facultad del Poder Ejecutivo y que no está regulado”.

Por último, el quinto apartado de la presentación estipula: “No es cierto que la facultad del Poder Ejecutivo para actualizar las tarifas, que le pertenece, pueda ser ejercida sin los límites que impone todo acto público, y las especiales restricciones que ha desarrollado la doctrina y jurisprudencia”.

En su cierre, el documento reafirma la necesidad de una “tarifa justa y razonable, que supone las capacidades de la sociedad, la gradualidad en una etapa especial como la actual, la progresividad que implica una consideración efectiva de los sectores de menos recursos, la relación entre la tarifa y la calidad de los servicios prestados, entre otros muchos”.

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