Por Fernando M. López

En Jujuy, laboratorio de la represión y criminalización de la protesta social, el radical-macrista Gerardo Morales gobierna con el garrote en la mano, violentando la división de poderes, las leyes y los derechos humanos.

Apenas ocupó el sillón de la Casa de Gobierno provincial, se procuró un aceitado aparato de persecución política y judicial para desarticular a todas aquellas organizaciones que pudieran sostener una resistencia efectiva a sus planes salvajes de ajuste, en sintonía con los del presidente Mauricio Macri.

Fue entonces cuando arremetió contra la Tupac Amaru, que venía encabezando un acampe en defensa de los puestos de trabajo de las cooperativas, y ordenó la detención de su principal referente, Milagro Sala, concretada el 16 de enero último.

Tras apresarla por protestar, la acusaron de defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión para mantenerla detenida. Las imputaciones en su contra continuaron acumulándose con el pasar de los meses, mientras la Justicia provincial avanzaba sobre otros militantes de la organización, entre ellos Raúl Noro, esposo de Sala.

“Me pueden inventar otras 2.000 causas, pero no voy a responder a esta Justicia que depende en forma directa a los caprichos de Gerardo Morales. Tanto yo, como mis compañeros, hemos sido privados de la libertad porque alguien dijo que hicimos algo que no hicimos. En tanto no se respeten las garantías constitucionales, el debido proceso y el derecho a la defensa, no voy a responder a este Poder Judicial que funciona como una oficina del Comité Radical”, expresó la dirigente social y diputada del Parlasur en una de sus comunicaciones desde el penal de Alto Comedero.

“Todo esto se da en un contexto complicado a nivel nacional, donde el gobierno de Macri avala patotas como las que atacaron a Tiempo Argentino.”

Sala ya lleva más de doscientos días como presa política, privada ilegalmente de su libertad. En todo ese tiempo denunció diversas irregularidades, atropellos y pésimas condiciones de detención. Ahora, las autoridades penitenciarias decidieron incomunicarla en su celda y prohibirle las visitas, luego de ser “sancionada” por supuesta “mala conducta” al exigir mejores condiciones de encierro.

La Tupac Amaru dio a conocer este viernes que Milagro inició una huelga de hambre como forma de protesta, ya que se le había negado su “legítimo derecho a la defensa”.

Mientras sus abogados presentaban un habeas corpus, el Comité por la Libertad de Milagro Sala responsabilizó de manera directa a Morales y a su ministro de Seguridad, Ekel Meyer, por la medida contra la dirigente social, y exigió “la inmediata suspensión del castigo”.

“A Morales y Meyer no les alcanza con tenerla detenida, también la quieren muda”, dijo a Contexto Sabrina Roth, coordinadora de prensa de la Tupac, quien recordó que hace un mes, cuando Sala brindó una entrevista al periodista Reynaldo Sietecase, “el ministro de Seguridad salió a amenazarla públicamente con trasladarla a una cárcel federal”.

“Todo esto se da en un contexto complicado a nivel nacional, donde el Gobierno de Macri avala patotas como las que atacaron a Tiempo Argentino, no brinda respuestas ante los mensajes mafiosos que recibieron Cynthia García y Guillermo Moreno el pasado fin de semana, entre otras situaciones que preocupan al campo popular”, completó Roth.

“La persecución política y judicial en la provincia de Jujuy debe ser denunciada en todos los foros, nacionales e internacionales, porque se trata de la negación del Estado de Derecho.”

El martes pasado, el Comité por la Libertad de Milagro Sala pidió “cooperación” al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ante la “ilegalidad e ilegitimidad” de las detenciones de los once referentes de la Tupac Amaru en Jujuy.

El encuentro tuvo lugar en el Parque de la Memoria, donde Ban Ki-moon recibió un documento de manos de Estela Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Taty Almeida y Vera Jarach (Madres-Línea Fundadora), Lita Boitano (Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas), Alicia Herbon (APDH) y Gabriela Alegre (Buena Memoria). Allí le advirtieron que Macri y Morales “no garantizan los derechos humanos en nuestro país”.

“La persecución política y judicial en la provincia de Jujuy debe ser denunciada en todos los foros, nacionales e internacionales, porque se trata de la negación del Estado de derecho, de hostigamiento y acoso permanentes; de allanamientos brutales, que conllevan depredación, violencia y destrucción; de estrategias de extorsión para lograr la autoincriminación y la delación de los y las principales referentes de la Tupac Amaru”, enumeraron las defensoras de los derechos humanos.