Por Alejandro Palladino

Desde que el gremialista Gerónimo “Momo” Venegas, cobijado bajo el ala del presidente Mauricio Macri, retomó el control en diciembre del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), las fiscalías federales y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) no recibieron ninguna denuncia por casos de trata con fines de explotación laboral. El nuevo rumbo de desmantelamiento de los controles del Estado para combatir la explotación laboral e infantil tuvo un nuevo capítulo la semana pasada, cuando entre jueves y viernes las autoridades echaron a dieciséis trabajadores de la delegación de la provincia de Entre Ríos.

El RENATEA fue creado por el kirchnerismo en 2011 mediante la Ley 26.727 para combatir la precarización laboral y la trata de personas de los trabajadores rurales. El organismo, hasta esa fecha, se denominaba RENATRE y lo conducía Venegas de la mano de las entidades agropecuarias.

Venegas fue un explícito gremialista a favor de la candidatura de Macri. Incluso se lo pudo ver a las risas el sábado en la Sociedad Rural, mientras el líder PRO se abrazaba con Luis Miguel Etchevehere. Apenas ganó Cambiemos, la Corte Suprema con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt falló a favor del cuestionamiento que el gremialista había hecho de dos artículos de la Ley y le devolvió el poder del organismo. De ahí en más, y al quedar el fallo firme en marzo, el RENATEA quedó en manos de Venegas.

“Desde que asumió la nueva gestión del RENATEA no recibimos ninguna denuncia más y en las fiscalías federales también ha pasado lo mismo”, dijo a Contexto Marcelo Colombo, titular de la Protex, un organismo dependiente de la Procuración General de la Nación que funcionaba como brazo entre las fiscalías y el RENATEA para fortalecer la localización de casos de trata laboral.

Hasta diciembre, el convenio con RENATEA implicaba, entre otras tareas, que la Protex capacite a los inspectores que ingresaban a los campos. “Durante los últimos años buscamos que los inspectores perfeccionen el ojo para detectar casos de explotación laboral y lo denuncien como posible caso de trata”. Para eso, la Protex hacía de puente entre los inspectores y las fiscalías para acelerar las denuncias.

Colombo resaltó las consecuencias que puede tener que el Estado se corra de su rol de registrar la explotación. “En un caso de trata laboral o reducción a la servidumbre, lo más difícil es detectar el caso, porque en muchos de ellos se da puertas adentro. Cuanto más al margen se esté, más favorable a los intereses del explotador”.

Ante este cuadro de falta total de políticas del RENATEA con respecto al registro de explotación laboral tranqueras adentro, desde la Protex pidieron entrevistas con las autoridades del RENATEA Ramón Ayala y Arnulfo Bazán, obedientes a Venegas, pero no tuvieron ningún tipo de respuesta. Ante el silencio, previo a la feria judicial mandaron un oficio al Ministerio de Trabajo de la Nación para tener respuestas por el trabajo que venía realizando la Protex.

En mayo, el Ministerio de Trabajo de la Nación homologó un acuerdo entre el RENATEA y UPCN para dejar terreno libre a los despidos de más de ochocientos trabajadores, que fueron echados en tandas en distintos puntos del país. En Entre Ríos llegaron las dieciséis cartas documento entre jueves y viernes. Entre ellos había trabajadores que fiscalizaban los campos.

“Nos mandaron lo que ellos llaman una pre-liquidación, en la que nos decían si estábamos de acuerdo en cuanto al monto de la indemnización para confirmarla y acordar la ‘desvinculación’”, dijo a Contexto Alejandro Díaz, trabajador despedido que era jefe de la Unidad Territorial de Gualeguaychú.

Dentro del organigrama organizativo del RENATEA durante el kirchnerismo, las unidades territoriales eran la presencia del organismo en las necesidades específicas de cada región del país, donde se atendían las denuncias de trata y explotación laboral.

“Detectábamos los casos e íbamos a la fiscalía, quien seguía el trabajo”, le dijo a este medio Carlos Conti, ex jefe de la Unidad Territorial de Concordia, quien entiende que sus despidos significan la tercerización de los trabajos de controles mediante la alianza de Uatre con sociedades anónimas como Gregar S.A., como hacía el RENATRE previo a la creación del RENATEA, sumado a la vuelta al control del organismo de la Uatre junto con las entidades agropecuarias. “Lo que viene con política con política se va”, fue la justificación que recibieron los trabajadores, dijo Conti.

Desde su puesta en marcha en 2011, en la provincia de Buenos Aires el RENATEA libró de la trata de personas a más de setecientas personas. En esa jurisdicción, durante la gestión de Venegas había sólo dos sedes del RENATRE, una en Junín y otra en Necochea. En diciembre de 2015 había noventa del RENATEA. En el país, hacia el final de la gestión de Venegas en RENATRE en 2011, el 42% de los trabajadores tenía aportes registrados por la AFIP. Hacia el final de RENATEA en diciembre de 2015, cuando volvió el “Momo”, ese número ascendía al 84%. A su vez, entre 2013 y 2015, el RENATEA llevó a cabo denuncias penales por abusos de explotación en mil casos de víctimas de trata laboral y registró como peones rurales a 120 mil trabajadores y a 11 mil empleadores.

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