Por Roberto Álvarez Mur

A través de la derogación de la resolución 1.484 de la Ley Nacional de Salud Mental, el Gobierno puso en jaque el avance hacia un paradigma de derechos humanos y el fin de las lógicas de encierro y marginación instauradas en los manicomios. La resolución, aprobada en 2015, otorgaba un lapso de un año para establecer un cupo “mínimo de camas” en las instituciones psiquiátricas monovalentes públicas y privadas, en vista de la eventual sustitución de estas por nuevos espacios y lógicas de trabajo con los pacientes. La iniciativa de la actual gestión del Ministerio de Salud de la Nación representa un golpe a un carácter esencial de la Ley de Salud Mental, y ya despertó fuertes críticas de especialistas en la materia.

“El tema conflictivo con los monovalentes, es decir, con los llamados manicomios, es que han actuado como depósitos de personas. Por ejemplo, el Hospital Alejandro Korn ya estaba con un total de 700 internados de casi 3.000 que llegó a tener. Todo esto es un paso atrás, ya que la Ley de Salud mental se encuadra en un paradigma de derechos humanos”, dijo a Contexto la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, Edith Pérez.

“Todo esto es un paso atrás, ya que la Ley de Salud mental se encuadra en un paradigma de derechos humanos”, EDITH PÉREZ, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata.

La decana señaló que esta iniciativa “da paso a que el modelo vuelva a ser justamente aquello que la Ley erradica, que es la internación como un recurso a instrumentar”. Y aseguró: “Lamentablemente, esta decisión no nos sorprende. Es un retroceso muy grande para un modelo de prevalencia de los derechos humanos”.

Según un comunicado oficial lanzado el año pasado, la resolución 1.484 prohibía en todo el país la “creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados”, y ordenaba que “los existentes se adapten a sus objetivos y principios, hasta su sustitución definitiva”. Asimismo, establecía que las instituciones vigentes tendrían “un plazo máximo de trescientos sesenta (360) días para adecuar y ajustar su estructura y funcionamiento integral”.

En este sentido, el principal cuestionamiento refiere a la prevalencia de intereses económicos privatistas detrás de esta avanzada del macrismo sobre la salud pública. “Por un lado, está el poder hegemónico de lo que uno podría llamar la psiquiatría clásica. Pero también es cierto, al menos históricamente demostrado, que esa psiquiatría clásica ha estado asociada a los grandes laboratorios y a la producción de medicamentos”, afirmó Pérez.

Por su parte, la ex interventora del Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones, Edith Benedetti, aseguró a Contexto que ciertos sectores del poder económico poseen intereses en juego. “Todo lo que tiene que ver con los establecimientos privados de internación es un elemento de lucro”, dijo la psicóloga. Y agregó: “Este Gobierno no tiene una política pública que garantice derechos. Se están cerrando programas y despidiendo gente. Se está vaciando el Estado que venía garantizando derechos, y lo que se busca es un camino a la privatización”.

“Todo lo que tiene que ver con los establecimientos privados de internación es un elemento de lucro”, Edith Benedetti, PSICÓLOGA.

Un de los puntos sobresalientes sobre la discusión en torno a la internación en un manicomio es su alto precio de renta, en cierta escala, más alto que una cama de terapia intensiva. “Alguien puede estar cuarenta días en terapia intensiva, pero un día sale a terapia intermedia o fallece. El paciente psiquiátrico permanece años, con un estado de salud orgánicamente aceptable, es decir que tiene ganas de comer, tiene ganas de hacer actividades. Y todo ello tiene costo”, aclaró Pérez.

“El vaciamiento del PAMI, por ejemplo, donde ya hay medicamentos que no se otorgan más y hay que pagarlos de forma privada; una cosa va en relación con la otra. Queda muy claro cuál es la postura de la política pública que se está llevando adelante”, agregó Benedetti.

En esta línea, la decana de Psicología observó un fuerte arraigue de esta maniobra con el modelo económico impulsado desde el actual Gobierno: “En la ecuación de los Gobiernos neoliberales esos derechos siempre son vistos en términos de gastos y no de inversión. Son criterios sujetos a normas de mercado”, sostuvo.

En tanto, Benedetti explicó: “Con este tipo de propuestas se apunta a que los efectores de encierro funcionen como efectores de control social y no de salud. Son ideas que responden a un perfil de marginación y aislamiento”.