Por Fernando M. López

Cuando la Corte Suprema de Justicia trate el tarifazo del gas, frenado en todo el país por el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, tendrá dos opciones: convalidar los aumentos dispuestos sin consulta previa por el ministro de Energía de la Nación y accionista de la Shell, Juan José Aranguren, o ratificar la nulidad y ordenar al Gobierno de Mauricio Macri que convoque a audiencias públicas antes de modificar cualquier cuadro tarifario, como establece la Ley 24.065 y el artículo 42 de la Constitución, que reconoce a los usuarios de servicios públicos como sujetos de derecho.

En el mejor de los casos, el máximo tribunal se inclinaría por la segunda opción y entonces debería empezar un proceso de discusión con todos los sectores involucrados, pero eso no significaría el fin del tarifazo porque las audiencias públicas no tienen carácter vinculante.

El aumento del subte en la Ciudad de Buenos Aires es un claro ejemplo. El Gobierno del macrista Horacio Rodríguez Larreta llamó a una audiencia pública y, sin aceptar las numerosas posiciones en contra, avanzó con el incremento del 67% que había anunciado previamente el titular de SBASE, Juan Pablo Piccardo. La audiencia quedó como una mera formalidad y el valor del pasaje se irá de $4,50 a $7,50 a partir del próximo miércoles.

Atentas a este problema de fondo, multisectoriales de todo el país se reunirán este sábado en la Universidad Nacional de Lanús. Será el primer encuentro con el objetivo de organizarse en red y establecer acciones conjuntas contra los tarifazos en luz, gas y agua.

Entre los participantes estarán el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, la dirigente de Compromiso Federal, Ana Savignano, y el abogado Facundo Ferro, quienes desde el Centro Cultural Padre Mugica de Banfield representan a unos 14.000 usuarios de la zona sur del Conurbano.

Ferro explicó a Contexto que los planteos que vienen haciendo en el departamento judicial de Lomas de Zamora “van más allá del requisito de las audiencias públicas”, al considerar “los servicios públicos como derechos humanos”.

“Al ser derechos humanos tienen toda la protección que brindan los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Por ende, los servicios públicos, que son básicos y esenciales en una sociedad del siglo XXI, no pueden restringirse ni cortarse por falta de pago”, completó el letrado.

“Al ser derechos humanos tienen protección de los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Los servicios públicos básicos y esenciales no pueden restringirse ni cortarse”. Facundo Ferro.

A fines de junio, con esta estrategia, Ferro consiguió una cautelar del Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de Lomas de Zamora para frenar el aumento del gas no sólo en ese distrito, sino también en Avellaneda, Lanús, Almirante Brown, Ezeiza y Esteban Echeverría.

“Se trata de un fallo de gran importancia porque es la primera vez en la historia argentina que se reconoce a los servicios públicos como derechos básicos y esenciales para el ser humano. Ahora las actuaciones fueron giradas a la Cámara Federal de La Plata y veremos cómo siguen. Seguramente terminarán en la Corte Suprema”, estimó, y agregó que, en caso de una resolución desfavorable, recurrirán “a los tribunales internacionales de derechos humanos”.

“A nosotros no nos interesa el tema de las audiencias públicas. Mañana desde el Gobierno nos hacen una parodia con millones de argentinos, diciendo que participaron de una audiencia, y el requisito está cumplido. Lo que nos interesa son los derechos humanos, que no se pueden violar de la manera en que se están violando”, insistió el abogado.

En el equipo de Ferro, quien se encarga de todas las cuestiones técnicas en materia energética es Federico Bernal, director del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la infraestructura para el Desarrollo (OETEC).

Antes de brindar una charla en el Centro Cultural Padre Mugica, Bernal dijo a la agencia AgePeBA que “con el tarifazo el gobierno de Macri está llevando a cabo un genocidio energético, con graves consecuencias sociales y económicas”.

“Ya hubo veinte muertos en Córdoba por inhalación de monóxido de carbono e hipotermia, y ya son miles las pymes y los negocios que cerraron porque no pueden afrontar los costos de la energía. Esto es producto de la desvergüenza de sentirse dueños del país y de los argentinos, y de la utilización de la energía como una poderosísima variable de ajuste”, sostuvo.

Por último, Bernal apuntó contra Aranguren y aseguró que, por sus “conflictos de intereses más que obvios”, el ministro “debería haber renunciado”.

Aranguren, quien posee acciones por 16 millones de pesos en la Shell, privilegió a la petrolera anglo-holandesa con un importante contrato para la compra de combustible. También cerró un acuerdo en forma directa con Chile para importar gas a un precio un 128% más caro que el que Argentina pagaba a Bolivia. La empresa beneficiada con esta operación fue British Gas (BG), adquirida el año pasado por la Shell.