Por Gabriela Calotti

Bajo el título “No aceptamos el espionaje”, los docentes bonaerenses salieron a repudiar públicamente la decisión de la gobernadora macrista María Eugenia Vidal de espiarlos en las redes sociales a través de un denominado “Observatorio Analítico” que costará casi 1,6 millón de pesos, tan necesarios en cambio para resolver al menos algunos de los graves problemas edilicios y de infraestructura que afectan a muchas escuelas de la provincia y mejorar los comedores escolares.

“Lo rechazamos de plano porque nos parece un intento de espionaje que además viola la Ley de Seguridad Interior, sobre todo porque llama a identificar al autor y los contenidos” de los mensajes de los docentes que circulan por las redes sociales, afirmó Roberto Baradel, titular de SUTEBA, en diálogo con Contexto.

El dirigente sostuvo además que esa iniciativa “invade la privacidad de las redes sociales, que son públicas hasta cierto punto, porque uno lo hace público con sus amigos”, y subrayó que “si el Gobierno de la provincia quiere saber qué piensan los docentes, tiene numerosos circuitos institucionales para saber qué pasa”, como los consejos escolares, los inspectores y los sindicatos docentes, entre otras instancias.

Baradel: “si el gobierno de la provincia quiere saber qué piensan los docentes, tiene numerosos circuitos institucionales para saber qué pasa.”

“Si quieren saber qué pasa en las escuelas, que abran una página de reclamos”, sostuvo Baradel, que cuestionó además que el Gobierno provincial destine 1,6 millones de pesos para espiar a docente y al mismo tiempo “recorte los comedores escolares”.

“No aceptamos el espionaje”

“Expresamos nuestro total repudio ante la decisión de la gobernadora Vidal de gastar más de 1.500.000 pesos, dinero que aportamos todos los bonaerenses al pagar impuestos, en espiar la expresión de los docentes en las redes sociales”, afirmó SUTEBA  en un comunicado emitido esta semana.

Los maestros de la provincia nucleados en SUTEBA denuncian esa “metodología de espionaje” porque “sólo genera dudas y desconfianza en relación a cuáles son las intenciones reales” de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, que sigue la línea de Cambiemos de creer que todas las soluciones pasan por la ilusión de las redes sociales.

“¿Cómo reaccionarán antes las crecientes críticas que la mayoría de los docentes realizan en sus redes sociales? ¿Habrá algún tipo de sanción o persecución ante aquellos que sean críticos de la gestión? Pues la licitación expresa, por ejemplo, en su apartado “Técnicas”, “análisis de los mensajes… alertas negativas… identificando autores y sus contenidos”, subraya SUTEBA, integrante del Frente Gremial Docente.

“¿Cómo reaccionarán antes las crecientes críticas que la mayoría de los docentes realizan en sus redes sociales? ¿Habrá algún tipo de sanción o persecución ante aquellos que sean críticos?”

Tanto a nivel nacional como provincial y municipal, Cambiemos considera que la vida misma pasa por las redes sociales, y apelar a ellas es una práctica obligada en términos de comunicación desde el PRO para llegar a la ciudadanía y también para saber acerca de ella, pues al parecer el timbreo no es suficiente y menos cuando los funcionarios se exponen a que los saquen a escobazos en medio de tarifazos impagables y chistes presidenciales que ya superan los límites de la decencia.

Siguiendo esa lógica macrista, el Gobierno bonaerense decidió usar las redes para saber qué piensan los docentes y el 11 de julio publicó en el Boletín Oficial de la provincia un llamado a licitación privada 9/16 destinado a “contratar el servicio de implementación de un observatorio analítico, actualizado en tiempo real, sobre las diversas problemáticas de la educación en el territorio bonaerense que son expresadas por los distintos actores de la comunidad educativa, incluyendo al propio Estado y sus políticas públicas, a través de las redes sociales”, y precisa seguidamente que el presupuesto destinado a este fin asciende a “un millón quinientos noventa y siete mil doscientos ($ 1.597.200)”.

Baradel se declaró “muy preocupado” por este “observatorio analítico” y consideró que forma parte de “una campaña del Gobierno que se está profundizando y que usa las redes sociales para mentir, denunciar y amenazar”. El dirigente docente recordó el 0800 que hace pocos años quiso imponer el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dirigido entonces por Mauricio Macri, para denunciar a quienes hacían política en las escuelas.

“Sra. Gobernadora, las graves situaciones que hoy existen en las escuelas de la Provincia no constituyen problemas de ‘estados de ánimo expresados en redes sociales’. Se lo reiteramos UNA VEZ MÁS, se trata concretamente de entender a la Educación Pública como un Derecho Social y destinar los fondos necesarios para garantizarlo”, afirmó SUTEBA en su comunicado.

Plata para espiar y no para salarios

Este llamado a licitación por más de 100.000 dólares se produce en momentos en que los docentes vienen reclamando una “urgente recomposición salarial” a las autoridades provinciales y advirtiéndoles que las clases podrían no arrancar después de las vacaciones de invierno si no tienen respuestas concretas.

La titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, advirtió días atrás que “si no hay una señal clara por parte del Gobierno para comenzar a recomponer salarios y dar respuesta a las demandas del sector, el regreso a clases luego del receso invernal va a ser conflictivo”.

El Frente Gremial docente, que integran la FEB, SUTEBA, UDA, AMET y Sadop, junto con Udocba y ATE, viene reclamando una “urgente recomposición salarial” que limite el impacto de los tarifazos en luz, agua y gas, transporte y alimentos. En todo caso, la FEB ya definió medidas de acción gremial a consensuar dentro del Frente Gremial Docente Bonaerense, y una movilización en la ciudad de La Plata para el próximo 1° de agosto.