Por Roberto Álvarez Mur

La producción documental sufrió un duro revés al conocerse una repentina reformulación en el funcionamiento del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) en relación al comité de aprobación de proyectos de todo el país. Donde se deciden presupuestos, condiciones, fomentos y otros elementos, la coparticipación planteada por ley entre el organismo y asociaciones de cineastas quedó circunscrita a dos comités integrados por funcionarios elegidos desde las secretarías de Cultura provinciales afines al Gobierno. Según denunciaron las asociaciones de documentalistas RDI, DOCA, DAC, PCI, DIC y ADN, esto desconoce el procedimiento habitual y atenta contra un modo de trabajo plural y federal.

“En 2007 se logró el financiamiento más transparente logrado en el INCAA para esta área. Desde ese entonces logramos imponer la presencia de representantes de las asociaciones de documentalistas de todo el país. Cada entidad elegía democráticamente a sus representantes y garantizaba la pluralidad de voces”, dijo a Contexto Fernando Krichman, documentalista y referente de la Asociación de Documentalistas Argentinos (DOCA).

“Este año nos desayunamos con que reunieron al Consejo Asesor en INCAA con una mayoría designada por las secretarías de Cultura de las provincias afines a la Administración nacional. Nombraron dos comités sin consultarnos a nosotros, muchos de ellos vinculados a funcionarios regionales. En ese sentido, corre serios riesgos la transparencia de la gestión”, agregó.

El modo de trabajo logrado por las diversas organizaciones de artistas y realizadores dio como resultado, en los últimos diez años, una producción de alrededor de seiscientos documentales largometrajes, muchos de ellos estrenados en salas a nivel nacional y grandes convocatorias.

“Muchas películas en los espacios INCAA metieron hasta diez mil espectadores, en un contexto donde las salas están monopolizadas por las firmas privadas”, reflexionó el artista.

Esta semana, las diferentes organizaciones de documentalistas se movilizaron a la sede del INCAA en Capital Federal para manifestar su repudio a la nueva disposición y exigir que se reinstaure la dinámica de trabajo previa.

Las entidades presentaron una nueva propuesta federal que pueda revertir el nuevo paradigma de gestión, donde lo que parece ponderarse es el ajuste de recursos y el silenciamiento de voces.

“El cine documental es de carácter e importancia cultural, no puede ser medido con criterios de mercado. Lo que sucede acá es bastante similar a lo que se da en otras áreas, con ese disfraz del federalismo nos quieren meter el criterio de la sustentabilidad, del mecenazgo, con esta idea de la ‘teta del Estado’ y esa clase de pavadas, que realmente son una mentira. El cine documental se financia en nuestro país con el impuesto que se cobra a los privados al pagar una entrada”, expresó Krichman.

“El cine documental es de carácter e importancia cultural, no puede ser medido con criterios de mercado. Lo que sucede acá es bastante similar a lo que se da en otras áreas.”

“Nos quieren aplicar un criterio mercantil y neoliberal, pero no lo vamos a permitir. Este tipo de maniobras las vamos a pelear”, advirtió.

A través de un comunicado, las Asociaciones Nacionales de Cine Documental expresaron su preocupación por el rumbo que pretende encarar la nueva gestión del organismo cinematográfico.

“Hemos solicitado a los integrantes del Consejo Asesor una reunión para discutir lo antes planteado y buscar soluciones de consenso. Hasta ahora solo respondieron los representantes de los directores cinematográficos, aceptando nuestro pedido, y el representante de una de las regiones, quien ha manifestado su oposición”, expresa el texto.

“Nos declaramos, como sector, en estado de alarma en tanto nuestras voces no sean oídas. Convocamos a todos los documentalistas a manifestarse públicamente. Del debate y la pluralidad de voces queremos que se construya el futuro de nuestro cine”, concluye.