Por Roberto Álvarez Mur

La radio comunitaria Sol y Verde, creada hace cuatro años por vecinos y organizaciones sociales en José C. Paz, fue declarada ilegal por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que intenta cerrarla. El silenciamiento de la emisora volvió a poner en foco el paradigma en gestión de medios encarado por el macrismo. Con la reforma con decretos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la disolución de la AFSCA, las nuevas disposiciones en el espectro mediático empiezan a evidenciar el plan del macrismo detrás del discurso de la “pluralidad” y de la “libertad de expresión”.

Desde la radio Sol y Verde informaron que el miércoles 13 de julio el ENACOM entregó un acta donde les notificó que el sistema de funcionamiento del espectro radioeléctrico se considera clandestino y los intimó “al cese inmediato de las transmisiones para regularizar su situación administrativa, obteniendo los pertinentes permisos, en el cual se le concede un plazo perentorio de treinta (30) días hábiles a contar de la fecha, quedando prohibido en el ínterin reanudar la transmisión, bajo apercibimiento de aplicar el comiso del equipamiento previsto”.

Asimismo, se dio un “plazo de 10 diez hábiles para ejercer su derecho a defensa, bajo apercibimiento de dar por decaído el derecho que dejare de usar dentro de plazo otorgado”.

A través de un comunicado, la radio expuso su posición: “Quieren que no existan medios independientes y alternativos, para así limpiar el espectro comunicacional y controlar el contenido informativo. Quieren callar nuestros medios barriales. Y nosotros queremos preguntarnos si ¿creemos que sirve una radio comunitaria y si queremos que siga? ¡Decidimos unánimemente que sí!”, denunciaron.

“Esto no es más que una continuidad de la doctrina del mercado que ya se está avizorando en otras áreas del Estado”, dijo a Contexto el representante del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) respecto de las nuevas lógicas encaradas por el ENACOM.

“Desde la nueva institucionalidad creada con los decretos aplicados durante el verano –que excluyen las posibilidades que teníamos de tener participación las radios comunitarias, pueblos originarios, sindicatos, universidades a través del Consejo Federal–, hay una intención de pensar que el mercado puede regular la comunicación, pero transformándola en una mercancía depositada en un grupo concentrado”, agregó.

Por su parte, el presidente de REDCOM, Daniel Badenes, se pronunció respecto del reciente informe del ENACOM con respecto de las nuevas regulaciones en materia de medios de comunicación: “En el documento no hay NI UNA mención de los medios comunitarios”, señaló a través de un detallado análisis difundido en la web. En diálogo con Contexto, expresó: “Hay proyectos que fueron concursados y ganados con todas las de la ley y que aún no fueron pagados. No se están haciendo cargo de los proyectos aprobados para la TDA, como el caso de Barricada TV y Urbana TV, cuyas señales están siendo ocupadas ilegalmente por Clarín. No estamos frente a un Estado hoy con la voluntad de correr a Clarín de ahí, por ejemplo”.

“En este momento se está pensado en declarar la caducidad de Radio América, y si uno va al artículo 89 de la Ley de Medios aún vigente –aquel que establecía las reservas de administración de señales–, cada vez que hay una caducidad de banda y queda un espacio libre debería ser destinada a esa reserva: medios sin fines de lucro, pueblos originarios, etc. Nadie está pensando hoy en que Radio América sea concursada para un medio sin fines de lucro”, agregó.

“Muchos de nuestros derechos, como medios comunitarios no fueron borrados por los decretos. Siguen figurando en la ley, pero no logramos que se hagan patente en la realidad, por ejemplo, los Fondos de Fomento Concursable”, completó Antonini. Y finalizó: “A su vez, la autodenominada Ley de Comunicaciones Convergentes está en tratamiento, donde no hay representación de los sectores de medios comunitarios, ni trabajadores, ni de las Universidades. En todo ello subyace una envoltura discursiva basada en la necesidad de ‘actualizarse’, basada en la idea de que la convergencia tecnológica es un hecho que hace quedar vieja a la Ley de Medios 26.522. De ninguna manera, nada puede desactualizar el hecho de que la comunicación sea un derecho”.