Por: Samuel Gallego*

La situación y el contexto social, político y económico que vive Colombia en la actualidad, indican que hay más razones para sentir una profunda indignación que para celebrar una fecha como la que se conmemora este 20 de julio en todo el país, día en el que, según los libros de historia, hace 206 años se dio el grito de independencia, que inició la lucha en la que finalmente, en 1819, se logró la independencia definitiva de la corona española.

De acuerdo a los datos registrados en los textos históricos, fue el 20 de julio de 1810 el día en que inició una serie de acontecimientos que terminaron con lo sucedido el 7 de agosto de 1819, cuando ocurrió la épica “Batalla de Boyacá”, evento que quedó consignado en la historia como aquél en el que el ejército patriota comandado por el Libertador Simón Bolívar, derrotó de manera definitiva al ejército español, para proclamar la independencia total de España y dar origen a la República de Colombia, como una nación libre y soberana.

Sin embargo, más de dos siglos después de esos acontecimientos, es pertinente preguntarse si realmente existen las razones suficientes para decir con vehemencia que Colombia es una nación libre, soberana e independiente, tal como se proclamó en aquella época. Pero, sobre todo, es importante cuestionar si hoy por hoy hay motivos para celebrar, o si más bien esta conmemoración debe hacer que todos los colombianos reflexionen sobre lo que pasa en su país, para determinar qué tan cierto es que esta nación es libre y soberana.

Vale la pena mencionar y analizar lo siguiente:

  • El modelo económico neoliberal que rige en Colombia, se ha evidenciado a través de una serie de políticas nocivas para el país, que entre otras cosas, han permitido la suscripción y puesta en marcha de varios Tratados de Libre Comercio (TLC) con países como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y próximamente Corea del sur, los cuales han inundado el territorio colombiano de empresas multinacionales que poco a poco están acabando con la producción agraria, la soberanía alimentaria, el medio ambiente, la industria nacional y la calidad de vida de los colombianos. Es como si en Colombia se viviera una neocolonización, tan o quizás más perjudicial que la que hizo España en el Siglo XIX.
  • El gobierno de Juan Manuel Santos, desde su inicio en el año 2010 ha puesto como ejes de su gobierno las llamadas locomotoras del desarrollo, en las cuales el Jefe de Estado colombiano ha propuesto unos pilares claves para alcanzar el desarrollo del país. En ese sentido, se destaca la famosa Locomotora minero energética, que ha estimulado el indiscriminado otorgamiento de títulos mineros, por medio de los cuales multinacionales dedicadas a esta actividad han podido, de forma indiscriminada, explotar, procesar y saquear los recursos naturales con los que los colombianos tienen el privilegio de contar. Lo anterior, por supuesto, no sólo depreda el medio ambiente y la biodiversidad de Colombia, sino que genera ruina y no le deja ningún provecho al país. Vale la pena decir que, en buena parte, esto también ha sido consecuencia de los TLC.
  • Los servicios públicos en Colombia no son públicos, pues el Estado, obedeciendo a ese mismo modelo neoliberal, ha concesionado la mayoría de servicios públicos a empresas privadas (casi todas multinacionales), generando con esto que los costos sean mucho más altos y la calidad en su prestación sea paupérrima, afectado en gran proporción la calidad de vida de los colombianos.
  • El abandono estatal y la corrupción crecen cada día más. Muestra de ello es lo que pasa en departamentos como el Chocó, donde precisamente este 20 de julio, en lugar de desfiles militares y efusivas celebraciones, sus habitantes realizarán una manifestación para mostrar su inconformismo y exigir al gobierno nacional soluciones.
  • Lo del Chocó no es para menos, pues según datos publicados por el diario El Colombiano de la ciudad de Medellín, 6 de cada 10 personas viven en extrema pobreza y sobreviven con apenas $408.436 (US$ 139,48 aproximadamente), cifra inferior al salario mínimo actual ($689.454, equivalentes a US$ 235,45 aproximadamente). Ahora bien, según el diario El Espectador de la ciudad de Bogotá, los recursos para la salud del departamento los han utilizado para la financiación de campañas políticas, mientras que el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó (capital del Chocó), único de segundo nivel de complejidad médica en la región, está a punto de ser liquidado, paradójicamente por falta de recursos.
  • Por otra parte, también por información de El Espectador, 11 municipios del Chocó aún viven sin conexión eléctrica, sumado al deshonroso título de ser una de las regiones de Colombia donde más mueren niños de hambre por desnutrición.
  • En contraste con lo que pasa en el Chocó, está la precaria situación del departamento de La Guajira, donde en lo que va corrido del año 2016 han muerto, igualmente por desnutrición, 36 niños pertenecientes a la etnia indígena Wayuu. Esa cifra hace parte de la alarmante cifra de 100 niños que sólo este año, han muerto en toda Colombia por la misma causa: desnutrición.
  • Respecto a la situación del Chocó y La Guajira, que sucede igual en otros departamentos como Cesar e incluso en la misma Bogotá, las tímidas medidas adoptadas por el gobierno colombiano para “contrarrestar” esta situación, han sido insuficientes para frenar dicha problemática, dado que la corrupción persiste y los recursos para la alimentación de los niños se quedan en los bolsillos de contratistas y hasta políticos corruptos, quienes se enriquecen con el erario público.
  • Como si fuera poco, La Guajira también sufre por la presencia de El Cerrejón, una multinacional minera que explota carbón en el departamento, dejando graves daños ambientales y miseria para las comunidades guajiras y los miembros de la etnia Wayuu.
  • No se puede dejar a un lado el actual paro que lleva a cabo el gremio de los camioneros, en rechazo a las políticas económicas que ha sostenido el gobierno Santos, las mismas que han estado vigentes por años y que le han hecho daño no sólo a ellos, sino a la gran mayoría de los colombianos. Igualmente, es pertinente hablar del último paro agrario que tuvo lugar en Colombia hace menos de dos meses (tercero desde el gran paro nacional agrario de 2013), que, entre otras cosas, reiteró el rechazo a las mismas políticas económicas por las que protestan los camioneros, las cuales han perjudicado sensiblemente a los campesinos. No se puede olvidar además el recién aprobado Código Nacional de Policía, el cual es una oda a la represión y a la violencia institucional, por parte de la Policía Nacional.
  • Tampoco se pueden olvidar hechos como el creciente desempleo, la informalidad laboral que se incrementa a diario, la precariedad del empleo formal, los altos índices de pobreza y pobreza extrema, además de la impresionante brecha de desigualdad (que se ve, por ejemplo, con el desbalance entre el salario de la mayoría de trabajadores colombianos y el salario que por Decreto firmado por el Presidente Santos, devengarán los congresistas colombianos desde este 20 de julio: casi $28.000.000, aproximadamente US$ 9.561,86), entre otros aspectos que definitivamente hacen pensar que hoy, 20 de julio de 2016, no hay absolutamente nada qué celebrar.

El panorama de Colombia en este momento es bastante difícil, mientras que la indignación crece es poca la reacción que se manifiesta por parte de la mayoría de ciudadanos, bien sea por temor o por simple indiferencia, viendo que es prácticamente imposible confiar en quienes gobiernan y manejan el país. No obstante, en este punto se genera un nuevo contraste que da a los colombianos un rayo de esperanza, para pensar que, en un mediano o largo plazo, realmente habrá una Colombia justa, libre y soberana, capaz de garantizar que todos sus habitantes tengan una vida digna.

Esto se refiere nada más y nada menos que a los diálogos que en pocas semanas concluirán en La Habana, donde los avances y los acuerdos alcanzados hasta el momento les dan a los colombianos la tranquilidad y la confianza de que el conflicto armado y la violencia desprendida de este por más de 60 años, terminará muy pronto para darle a todo el pueblo de Colombia, la oportunidad de comenzar a reconstruir un país que por décadas ha vivido bajo el yugo de la violencia.

Es decir, en medio de la indignación y el inconformismo general que, aunque no se manifiesta se percibe, los colombianos esperan la pronta conclusión de los diálogos de La Habana para terminar la era de la violencia y comenzar la era de la paz, pues la mayoría de ciudadanos, en su conjunto, son conscientes de que para avanzar en la transformación del país es indispensable que primero se acabe la guerra entre los actores armados legales e ilegales, que los colombianos dejen de matarse entre sí, y que la reconciliación llegue pronto.

Hechos recientes como la firma del acuerdo sobre el cese bilateral y definitivo del fuego entre el gobierno y las FARC; la declaración de constitucionalidad con la que la Corte Constitucional de Colombia avaló la realización del plebiscito acordado en La Habana, para que con su voto los colombianos refrenden los acuerdos finales; y las declaraciones que el Comandante de las FARC, Timoleón Jiménez “Timochenko”, concedió al portal web de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en las que el jefe de esta guerrilla resaltó que con el avance del proceso de paz y los ya casi inexistentes enfrentamientos entre dicho grupo armado y el ejército, los hombres heridos, mutilados o muertos por los combates, han disminuido significativamente; dan señales de que los días de la guerra están contados.

Es claro que la firma del acuerdo final que resulte tras la conclusión de los diálogos, es tan sólo el primer paso para alcanzar la paz verdadera con justicia social con la que los colombianos han soñado durante las últimas décadas, para lo cual, además, es necesario hacer profundas reformas aparte de lo que contemplan los acuerdos logrados hasta hoy en La Habana.

Es claro que, para lograr esa verdadera paz, se debe acabar con la corrupción, que, en pocas palabras, no sólo es una de las principales causas de la violencia y los problemas que enfrenta Colombia, sino que es el principal problema del país, aún por encima de la violencia.

Es claro que Colombia tiene que derrotar la desigualdad, la indiferencia, el egoísmo y otros males que han servido para cultivar la violencia que hoy se quiere superar. Es claro que sólo hasta que todo eso se logre, los colombianos tendrán verdaderas razones para celebrar el 20 de julio y el 7 de agosto, o mejor aún, cambiar esas fechas por unas nuevas que conmemoren los días en que Colombia renació como nación, algo que está en las manos de todos los colombianos y no en las manos del Presidente Santos, las FARC o cualquier otro actor que crea que tiene la llave del cambio y la paz en el país.

En medio de la indignación y el difícil panorama de Colombia, renace la esperanza de que los colombianos, unidos por su país, lograrán construir una nueva patria.


*Comunicador Social, periodista de Colombia. Twitter: @GallegoSamuel