Los “dialoguistas” no quieren dialogar y atacan a la Justicia

Los “dialoguistas” no quieren dialogar y atacan a la Justicia

El juez Arias quiere que el Gobierno de María Eugenia Vidal llame a una audiencia pública antes de anunciar un aumento de la luz. Pero quienes reclamaban consenso ahora no respetan la Constitución.

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Vidal y Mosca, uno de los legisladores que más defienden a la gestión macrista

Por Contexto

“Tiene que haber audiencia pública antes de decidir los aumentos”. De manera breve y concisa, Luis Arias, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata explicó ayer, sin vueltas, por qué decidió frenar de manera definitiva el tarifazo de luz en toda la provincia de Buenos Aires, a excepción del Conurbano, donde las prestadoras son EDENOR y EDESUR y ya fueron alcanzadas por un fallo similar de la Justicia federal.

La decisión fue reclamada por el colectivo social y afecta a las empresas EDELAP, EDES, EDEA, EDEN y las alrededor de 2 mil cooperativas que no podrán cobrar el aumento. Arias ya había firmado una cautelar en el mismo sentido y ahora aplicó sentencia firma. De esta manera, el rechazo al aumento en la energía eléctrica abarca todo el territorio bonaerense, lo mismo que sucede con el gas.

Arias también resolvió dar curso a un amparo presentado por una asociación civil y ordenó reprogramar la audiencia pública por estas subas que el Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA) había previsto para el 28 de julio en Mar del Plata.

Según el Centro de Estudios Para la Promoción y el Desarrollo Sustentable (CEPRODES), quien interpuso la queja, el tiempo no iba a resultar suficiente para “dotar a los interesados de la información previa”, como “balances de las empresas prestatarias del servicio público, sus gastos corrientes, planes de inversión, sus recursos y mecanismos de financiación, subsidios del Estado, tarifas e incidencia de los costos, entre otras”.

De esta manera, la Justicia salió en defensa de casi el 40% de los hogares del país por un incremento de servicios públicos y esenciales que no tiene precedentes. Está situación crispó los ánimos entre las filas de Cambiemos. Ironías del destino, los supuestos dialoguistas son invitados a dialogar con los usuarios –en una audiencia pública– y responden con virulencia.

Sin ponerse a pensar que tal vez el magistrado esté mostrando una salida decorosa a este bochorno administrativo, el vicepresidente de la Cámara de Diputados provincial, Manuel Mosca, sacó un comunicado para criticar a Arias: “Creemos que es muy malo para los vecinos de la provincia la judicialización de la política”.

“La provincia de Buenos Aires tiene muchas urgencias porque viene de años de abandono y la gobernadora trabaja todos los días para poner a la provincia de pie y, en este contexto, creemos que los vecinos no pueden esperar, la judicialización frena y traba la gestión”, agregó Mosca en su gacetilla.

En una rara interpretación de lo que sucede, con un cacerolazo a punto de estallarle en las narices, Mosca da a entender que la “urgencia” amerita desconocer la institución de la audiencia pública, aunque esta no sea vinculante. Esta significa, en definitiva, escuchar y explicarles a los usuarios los motivos del reajuste. Por otro lado, “la traba” justamente no es a la “gestión”, sino a la falta de ella.

Párrafo aparte, habría que anotarse para otro momento qué fue de la tan reclamada “independencia de la Justicia”. ¿No era uno de los pedidos de Mauricio Macri que los jueces y fiscales pudiesen trabajar en tranquilidad? Cómo debería leerse entonces este ataque verbal de un legislador de alto cargo hacia un servidor público.

“Como lo establecimos en 2012 con ABSA, lo reiteramos ahora: tiene que haber audiencia pública previa a todo aumento tarifario. No solamente porque lo establezcan los marcos regulatorios, sino por mandato constitucional y acuerdos supranacionales”, amplio Arias, dando cuenta de situaciones similares que tienen antecedentes con Gobiernos de otro color políticos, precuelas de las que esta Administración podría haber tomado nota.

“Quedan vigentes los cuadros tarifarios anteriores porque fueron anuladas las resoluciones de este año, a excepción de la tarifa social que prevén estas normas, que no fueron anuladas”, detalló el juez y, para llevar claridad a los damnificados, aseguró: “Si las facturas llegan con aumentos, estaremos ante una situación ilegal. No hay que pagar y hay que quejarse en la prestadora para que hagan la liquidación correcta”.

Mientras para el gas la Casa Rosada ya acudió a la Corte Suprema, habrá que esperar a ver qué sucede en este tema, aunque se descuenta que el fiscal de Estado bonaerense recurra a un tribunal superior. “El ente regulador tiene cinco días para informar a las empresas para que emitan las nuevas facturas”, aclaró Arias.

El caso ABSA

Si bien en su fallo Arias retoma abundante y variada jurisprudencia y apoya sus argumentos en los marcos regulatorios provinciales, en la Constitución Nacional, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y hasta en la Convención de las Naciones Unidas, el respaldo clave para su decisión en la contienda es del por entonces legislador Oscar Negrelli contra ABSA.

En 2012, Negrelli acudió al magistrado para frenar una suba del 180% dispuesta por la empresa estatal prestadora del servicio de agua. Después de una fallo favorable de Arias, de la Cámara y de la Corte, ABSA fue acusada de “cobro indebido” por no haber realizado una audiencia pública. Con este ejemplo previo, resulta más difícil entender, al menos desde lo técnico, la idea de la gestión de Vidal de avanzar sin tener en cuenta algo tan básico y evidente.

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