Por Héctor Bernardo

El pasado miércoles 13 de julio, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley de Amnistía General. La ley fue aprobada en 1993 y permitió el regresó a la participación democrática de los miembros de la guerrilla revolucionaria.

Muchos sospechan que detrás de la derogación de esos artículos está la intención de juzgar al actual presidente, Salvador Sánchez Cerén, quien fue líder del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) durante la guerra civil salvadoreña que duró más de doce años.

El señaló Resumen Latinoamericano: “La inconstitucionalidad declarada sobre dos artículos abre la posibilidad de enjuiciar a ex guerrilleros y militares. Mientras a estos últimos no se los molestará, sí pretenderán abrir juicio al actual gobernante, iniciando así el proceso de ‘golpe de Estado suave’ o técnico, por lo cual desde El Salvador se plantea a las organizaciones populares latinoamericanas que se movilicen condenando la nefasta actuación de la Sala de lo Constitucional, que, respondiendo a intereses oscuros, buscan hacer retroceder el proceso de cambio revolucionario”.

Por su parte, en declaraciones a la cadena de noticias TeleSUR, la diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Jackeline Rivera, advirtió que “la Sala de lo Constitucional es un activista político que no goza de representación democrática”.

En tanto, el ministro de Defensa, David Munguía Payés, señaló: “Es un error declarar inconstitucional la Ley de Amnistía. Espero que no se convierta en una cacería de brujas. No quiero pensar que la derogarotia de la ley podría poner al país de cabeza”.

Este hecho que representa los primeros pasos para dar un golpe institucional contra Sánchez Cerén se enmarca dentro de un contexto regional.

Hace pocos años, los procesos populares parecían consolidarse y multiplicarse por toda América Latina. A la siempre vigente Cuba de Fidel y Raúl Castro se habían sumado los gobierno populares de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina, Luiz Inacio “Lula” Da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua, Manuel Zelaya en Hondura, Fernando Lugo en Paraguay, y la más reciente incorporación había sido la de El Salvador con Sánchez Cerén.

Todo esto, más la creación de la CELAC, que sumaba a todos los países del continente menos a Estados Unidos y Canadá, puso nerviosos a los halcones de Washington, que comenzaron a diseñar estrategias para recuperar lo que ellos consideraban “su patio trasero”.

En 2002, sectores de la derecha venezolana, los medios de comunicación y el Gobierno norteamericano fraguaron un golpe de Estado contra el presidente Chávez. La toma del poder por los golpista sólo duró 48 horas. Chávez volvió al poder y, luego de su fallecimiento, Nicolás Maduro continuó como líder del proceso bolivariano.

En 2008 hubo un intento de golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. En 2010, las fuerzas policiales intentaron derrocar al presidente ecuatoriano Rafael Correa, pero fracasaron. En 2008, durante lo que se conoció como “la crisis del campo”, el paro patronal de los grandes productores de granos, se intento desestabilizar al Gobierno argentino de Cristina Fernández de Kirchner; los medios hablaban de un fin de ciclo y muchos auguraban una salida anticipada del gobierno. Este proyecto golpista no tuvo éxito y Cristina Fernández fue reelegía hasta 2015.

Sin embargo, no todo los intentos golpistas han fallado. En 2009, el presidente de Honduras Manuel Zelaya fue derrocado mediante un golpe que fue refrendado institucionalmente. En 2012, el presidente de Paraguay Fernando Lugo fue derrocado mediante un golpe parlamentario. En 2016, la presidenta de Brasil Dilma Rousseff fue destituida por la misma vía. El constante ataque que desgastó al Gobierno argentino de Cristina Fernández y llevó a la presidencia a Mauricio Macri también puede sumarse a esta lista.

En recientes declaraciones a diario Contexto, el director del Instituto de Estudios de América Latina de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Oscar Laborde, afirmó: “El golpe a Zelaya, el golpe a Lugo, los intentos de secesión en Bolivia, el intento de golpe contra Correa, el hostigamiento hacia Cristina, las acciones descaradas contra Venezuela, todo eso son antecedentes de este ataque contra el PT en Brasil. No me queda ninguna duda de que son acciones coordinadas por Estados Unidos y que tienen un objetivo: intentar terminar con un proceso de Gobiernos populares”.

Ahora, la derecha comienza a mostrar sus garras contra El Salvador, el más joven de los Gobiernos populares de América Latina. Las trincheras de la región pueden representar un nuevo golpe y un retroceso o ser la piedra fundamental para la recomposición de los procesos populares de la región.