Por Fernando M. López

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Activa, que agrupa a familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, denunciaron que el gobierno de Mauricio Macri “se niega a dar información sobre la regulación de los fondos” de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y “desconoce los compromisos internacionales” asumidos por el Estado nacional hace más de una década.

Días después de conocer el decreto 656/16, con el que Macri eliminó en mayo el régimen que obligaba a darle transparencia a la ejecución del presupuesto para espionaje, ambas organizaciones pidieron explicaciones al jefe de Gabinete, Marcos Peña, pero les contestó el empresario que conduce la AFI, Gustavo Arribas.

La nota del funcionario, con fecha del lunes pasado, no responde a ninguna de las preguntas realizadas: si se sancionó un nuevo régimen de fondos, qué procedimientos administrativos remplazaron a los anteriores, cuáles serán las políticas para transparentar las actividades de inteligencia y cómo se cumplirán las medidas del decreto 812/05, acordadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 4 de marzo de 2005, entre ellas el propio control de gastos de la ex SIDE.

Arribas se limitó a decir que no es necesario hacer público cuál es el actual sistema de registración de fondos reservados, ni cómo funciona, porque la AFI trabaja con “el mayor grado de profesionalismo y eficiencia, en un todo dentro del marco legal vigente, orientando sus acciones en el más absoluto respeto de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos y con la autonomía e independencia institucional que la actividad exige”.

“Esta respuesta parece considerar que las normas generales de regulación del sistema de inteligencia deben ser clasificadas como secretas. Justamente este es el enfoque que impide que el sistema de inteligencia avance hacia mayores niveles de transparencia y control”, cuestionaron desde el CELS y Memoria Activa al sostener que “la regresión está materializada”.

La reforma del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, tras la crisis en el área de inteligencia y la muerte del fiscal Alberto Nisman, significó un paso importante para poder terminar con un sistema que mantuvo a lo largo de 60 años prácticas oscuras, ilegal y violatorias de los derechos humanos. Se logró desmontar la estructura de poder del espía Antonio “Jaime” Stiuso, quien hasta fines de 2014 estuvo al frente de la Dirección General de Operaciones, y se comenzó a aplicar la nueva ley de inteligencia, sancionada por el Congreso en febrero de 2015.

Los primeros cambios permitieron hacer públicos, por primera vez, los lineamientos generales de la política de inteligencia estatal; revertir la regla del secreto en el manejo de los fondos; transferir el monopolio de las escuchas, desde la nefasta Dirección de Observaciones Judiciales (OJOTA) al Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), bajo la órbita de la Procuración General de la Nación; y apuntar a la profesionalización de los agentes y el control de sus actividades de inteligencia.

Sin embargo, con el gobierno de Cambiemos, se frenó todo el proceso de reforma para volver a las épocas más oscuras de la ex SIDE.

Escuchas

A pocos días de asumir como presidente, Macri emitió un decreto de necesidad y urgencia para sacarle las escuchas judiciales al Ministerio Público Fiscal y traspasarlas al ámbito de la Corte Suprema. El máximo tribunal aceptó en febrero y designó al presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, como responsable de la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación.

“Las razones para interrumpir un proceso que era reconocido como positivo fueron más políticas que institucionales o técnicas. En los hechos significa un fuerte guiño a los sectores del fuero federal porteño más cercanos al gobierno y al mundo de la inteligencia. Además, la nueva regulación no prevé ninguna instancia de participación o control externo para el proceso de traspaso y regulación del nuevo sistema”, señaló el CELS.

De todos modos, el objetivo de Arribas es recuperar para los espías el pleno control de las escuchas. Lo reconoció el propio titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, quien el mes pasado dijo que ya lo estaban “discutiendo”.

Esto genera una profunda preocupación entre los organismos de derechos humanos, sobre todo si se tiene en cuenta que Macri estuvo procesado hasta diciembre 2015 por haber ordenado escuchas ilegales desde la OJOTA, a través de su primer jefe de la Policía Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios, acusado de encubrir el atentado a la AMIA. En la maniobra también estuvieron involucrados el espía Ciro James, el funcionario porteño Mariano Narodowski y dos jueces misioneros, Horacio Gallardo y José Luís Rey.

Caja negra

La nueva Ley 27.126 de Inteligencia Nacional estableció que los organismos dependientes de la AFI debían establecer “los procedimientos necesarios para la adecuada rendición” de los fondos asignados. También determinó que los gastos sólo podían clasificarse como “reservados” cuando su divulgación pusiera en riesgo el normal desarrollo de las acciones de inteligencia. La reglamentación de la norma creó, además, un sistema de registro para cada uno de estos fondos en actas de respaldo, que debían asentarse en un libro rubricado por el presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización en el Congreso.

Pero el decreto 656/16, firmado por Macri y Peña en el mes de mayo, volvió a imponer el secreto como la regla general de la estructura administrativa y presupuestaria de la AFI, cuyos fondos ascienden este año a 1.450 millones de pesos. La decisión del gobierno no es menor ya que habilita a los servicios de inteligencia a ejecutar la totalidad de las partidas de manera reservada y sin ningún control externo, una verdadera caja negra.

El desvío de fondos para financiar operaciones ilegales fue una constante a lo largo de la historia de la ex SIDE. El caso de la AMIA fue paradigmático en este sentido, cuando en 1996 el juez Juan José Galeano le entregó al acusado Carlos Telleldín 400 mil dólares en efectivo a cambio de incriminar a un grupo de policías bonaerenses. Ese dinero había salido en secreto de la agencia de inteligencia, con el aval del entonces secretario del área, Hugo Anzorreguy, y su segundo, el vicealmirante Juan Carlos Anchezar, antiguo colaborador del genocida Emilio Massera.

“Además del papel que desempeñaron en la investigación del atentado a la AMIA, han operado, por ejemplo, en el caso de las coimas en el Senado para la aprobación de la ley de flexibilización de los contratos de trabajo en 2000 y en el intento de encubrimiento del asesinato de Mariano Ferreyra”, recordó el CELS en su Informe 2016.

El decreto macrista también derogó el Régimen Profesional de Personal, creando un nuevo estatuto que retoma el sistema anterior a la reforma de 2015.

Con la Ley 27.126 y su reglamentación, se habían definido los derechos, deberes y obligaciones de los agentes; se dividieron los escalafones entre personal de inteligencia, personal encargado de tareas de seguridad y personal administrativo; se instauró una evaluación anual obligatoria de desempeño y controles de las conductas profesionales de los agentes; entre otros avances.

Al referirse al nuevo estatuto del gobierno de Cambiemos, María Eugenia Carrasco, directora del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), fue clara: “Quieren volver al secretismo y a la falta de transparencia”.

Asimismo, explicó que ahora todo aquel que trabaja en la AFI se convierte en personal de inteligencia, sin discriminar entre agentes, administrativos o empleados de limpieza.

Stiuso

Con este nuevo panorama, no fue casual que reapareciera Stiuso para decir públicamente, a días del aniversario del atentado a la AMIA y con total impunidad, que “a Alberto Nisman lo mataron”, que el gobierno kirchnerista tenía “un servicio de inteligencia paralelo” y que ser espía “es una profesión que nunca se abandona”.

Oscar Parrilli, el ex titular de Inteligencia que se encargó de desplazarlo de la Dirección General de Operaciones, desmintió las acusaciones de Stiuso y lo calificó como “un psicópata, enfermo y perverso que amenaza a sectores judiciales y políticos”.

Días antes, cuando se redoblaba la persecución judicial contra Cristina, Parrilli había advertido que detrás estas maniobras se encontraban “viejos agentes de inteligencia que nosotros echamos”.

“Stiuso ha vuelto”, sentenció y aseguró que el ex espía actúa “con la complicidad de Macri” y su ministro de Justicia, Germán Garavano.