Por Fernando M. López

Héctor “Remo” González era un cartonero de 37 años y padre de cinco hijos que estaba en su casa del barrio Presidente Ibáñez cuando el 22 de abril de 2013 escuchó ruidos extraños en la calle y salió a ver qué pasaba. Dos policías vestidos de civil y sin identificación, que perseguían un auto robado, quisieron detenerlo y él se resistió. Lo golpearon a culatazos hasta hacerlo sangrar. Su hermano y un grupo de vecinos intentaron rescatarlo, pero uno de los efectivos le pegó un balazo en la ingle. Murió al otro día en el Hospital de Morón.

La causa, viciada de irregularidades desde la instrucción, llegó a juicio y el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Morón decidió absolver al policía que apretó el gatillo, Roberto Fabián Aquino, quien ahora podrá volver a cumplir funciones en la Bonaerense. El fallo se dictó ayer con el voto unánime de los jueces Juan Carlos Uboldi, Claudio Chaminade y Mariana Maldonado, aunque los fundamentos serán dados a conocer recién la semana que viene.

Al salir de la audiencia, el abogado de la querella, Eduardo Guevara Barrios, dijo que “el tribunal no estuvo a la altura de las circunstancias”, y anticipó que apelará con la esperanza de que “Casación revierta esta sentencia”.

El Premio Nobel de la Paz y presidente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Adolfo Pérez Esquivel, y la senadora provincial del FpV, Mónica Macha, que acompañaron a los familiares de la víctima desde un primer momento, también repudiaron el fallo.

mónica macha: “El tribunal absuelve a Aquino diciendo que fue en legítima defensa cuando Remo ni siquiera estaba armado”.

“El tribunal absuelve a Aquino diciendo que fue en legítima defensa cuando Remo ni siquiera estaba armado. No había participado de delito alguno, no se estaba resistiendo ni dándose a la fuga. No hay un solo argumento ni una sola prueba que justifique la decisión del tribunal. Es un fallo vergonzoso del Poder Judicial de Morón que demuestra la complicidad con la Policía”, se quejó Macha tras considerar la sentencia como “un antecedente terrible para luchar contra la violencia institucional”.

“La Justicia no está en este tribunal”, agregó Pérez Esquivel al ratificar su compromiso con la familia y en contra de la impunidad policial.

Más que un fiscal, un defensor de la Bonaerense

Uno de los cuestionamientos más fuertes estuvo dirigido hacia el fiscal Claudio Oviedo, quien se hizo cargo de la causa en septiembre de 2013, ordenó detener a Aquino un año después y, al poco tiempo, lo dejó en libertad tras caratular el expediente como “exceso en legítima defensa”, pese a que “Remo” González no estaba armado al momento del hecho.

Margarita Jarque, directora de Litigio Estratégico de la CPM, explicó a Contexto que las irregularidades se dieron a lo largo de “toda la instrucción”, ya desde el inicio, cuando se violó la Resolución 1.390 de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, en la que se establece que “la Policía no puede intervenir en casusas donde están imputados o sospechados integrantes de la fuerza”.

Margarita Jarque: “la policía no puede intervenir en casusas donde están imputados o sospechados integrantes de la fuerza”.

Entre otras cosas, no se resguardó correctamente la escena del crimen, se secuestró evidencia en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón –donde estaban los compañeros del acusado– y buena parte de los testigos que favorecieron a Aquino prestaron testimonio con identidad reservada.

Durante el juicio quedó demostrado que el procedimiento en la escena lo realizó la DDI y no la Comisaría Cuarta, como figuraba en el acta. El propio jefe de esa seccional fue el que desmintió su participación en la diligencia cuando lo citaron a declarar, por lo que “se trató de un acta completamente fraguada”, señalaron desde la CPM.

En este sentido, el abogado Guevara Barrios remarcó que “hubo un intento de encubrimiento por parte de la DDI y nosotros lo expusimos, pero ni al fiscal ni a los jueces les importó”.

“El rol de Oviedo era profundizar en la investigación, pero hizo todo lo contrario”, sostuvo Jarque, y comentó que durante el debate oral amenazó a testigos de la querella con “iniciarles causas por falso testimonio” y en sus alegatos “retiró la acusación contra Aquino para librarlo de toda responsabilidad”.

“El fiscal lo que hizo fue contribuir a la decisión que toma el tribunal con su fallo absolutorio”, completó la directora del organismo de derechos humanos.

Jury

Ahora la CPM evaluará la posibilidad de pedir un jury contra Oviedo, similar al que enfrenta su jefe, Federico Nieva Woodgate, fiscal general de Morón.

Nieva Woodgate está vinculado a crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, pero su nombre se hizo más conocido tras el secuestro y asesinato de Candela Sol Rodríguez, ocurrido en agosto de 2011. La Comisión Candela del Senado bonaerense, que posteriormente investigó el crimen de la pequeña de once años, puso en evidencia su mal desempeño y pidió exonerar a una treintena de policías involucrados en el caso, entre ellos Roberto Fabián Aquino.