Por Mirta Taboada

En la esquina de las calles Allison Bell y Garibaldi, en el centro quilmeño, hay un chalet de dos plantas con una entrada de ladrillos escalonada: la Delegación Departamental de Investigaciones de la ciudad. En esa dependencia funcionó, entre 1975 y 1979, el centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como “Pozo de Quilmes”, un eslabón tanto del llamado Circuito Camps como del Plan Cóndor.

El proyecto, impulsado por la diputada Eva Ramírez (FpV) y suscripto por los legisladores bonaerenses de los diferentes bloques peronistas, declara al lugar “Interés Histórico Cultural de la Provincia de Buenos Aires”, de acuerdo con la Ley 10.419. También establece la desafectación de la dependencia policial y la transferencia y administración a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) para la creación del “Sitio para la Memoria, Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – Ex Centro Clandestino de Detención Pozo de Quilmes”.

El Colectivo “Quilmes Memoria, Verdad y Justicia” está conformado por ex detenidos/as en el ex CCD “Pozo de Quilmes” y familiares de desaparecidas/os, así como personas y organizaciones de Quilmes y de diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires que bregan por los derechos humanos.

Valeria Isla, integrante del Colectivo y asesora de la diputada Ramírez, declaró a Contexto que “el proyecto se realizó de manera participativa; cada integrante fue haciendo sus aportes, investigaron, escribieron, plasmaron sus testimonios. Junto a Eva Ramírez, apoyamos una metodología de democracia participativa donde los/as ciudadanos/as pudieron expresar una demanda muy sentida desde hace muchos años”.

La directora de la Comisión Provincial por la Memoria, Sandra Raggio, manifestó a este medio que “lo fundamental es la autonomía que garantiza la Comisión y lo que eso implica en la permanencia de las políticas de memoria, que van a poder definirse y construirse desde el consenso de las organizaciones, desde la lógica de la sociedad civil. También, la legitimidad política de quienes integran la Comisión y la trayectoria de casi diecisiete años de trabajo”.

Asimismo, consideró que una cuestión relevante es que “sea un reclamo de las organizaciones, una iniciativa que ellas toman, que son respondidas por una legisladora pero que es una propuesta que surge de la sociedad civil, del movimiento de derechos humanos, de organizaciones sociales y políticas que han promovido políticas de memoria y de derechos humanos durante todo este tiempo, y de los sobrevivientes. Me parece que esto es clave”.

Raggio recordó la experiencia de la transferencia de la sede de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, ubicada en calle 54 entre 4 y 5, que fue cedida por el Gobierno provincial en el año 2000. “Un poco, esto del sitio de la memoria en Quilmes es lo que ocurrió hace quince años con la sede de la DIPBA, que se aprobó la ley, se desafecto y en ese mismo acto legislativo se desclasificaron los archivos y se encomendó su cuidado a la Comisión. Ese es el antecedente que tenemos: gestionamos el primer Sitio de Memoria en la provincia de Buenos Aires y del país.”

Además, sostuvo que “el caso del Pozo de Quilmes resalta la relevancia que tuvo la Bonaerense en la represión durante la dictadura militar, que no fue una participación colateral, fue central: el 70% de los CCD son dependencias muchas de ellas que están activas”.

Si bien cada lugar tiene sus particularidades, la iniciativa cuenta con antecedentes cercanos en el tiempo en la misma región sur, como la desafectación de la Dirección Departamental de Inteligencia de la Policía Bonaerense, donde funcionó la Unidad Regional II de la Brigada de Investigaciones de Lanús, conocida como “El Infierno”, que hoy es el Espacio Municipal de la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de Avellaneda.

Otra experiencia anterior es la del Espacio para la Memoria “Pozo de Banfield”. Conocido también como “La maternidad”, en ese CCD funcionaron las dependencias de la Brigada de Investigaciones de la Policía provincial de esa localidad.

Los tres CCD pertenecieron al llamado “Circuito Camps”, bajo el mando del Primer Cuerpo del Ejército y la Policía bonaerense.

El sitio de memoria y el juicio que espera

Son 762 lugares de reclusión del terrorismo de Estado identificados en todo el país, de acuerdo con el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en 2015. En todo el territorio, ya fueron señalizados en unos setenta lugares. En Quilmes fueron señalizados por el Municipio de Quilmes los centros clandestinos de detención “Puesto Vasco”, en 2013, y el “Pozo de Quilmes”, en 2014.

La Ley Nacional 26.691, sancionada en 2011, garantiza la preservación, señalización y difusión de los sitios de memoria utilizados para el circuito de represión, secuestros y exterminio durante el terrorismo de Estado por su valor testimonial y por su aporte a las investigaciones judiciales. Por su parte, la Ley Provincial Nº 13.584 obliga al Estado a “arbitrar los medios para la preservación de todos los lugares que funcionaron como Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura cívico-militar”.

Al momento de la elaboración del proyecto, se estima que, según testimonios, alrededor de 250 personas estuvieron prisioneras en el “Pozo de Quilmes”.

El expediente sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en el ese lugar tiene dieciséis acusados entre ex militares, civiles y ex policías. Como informó el medio Página/12 en una nota del 19 de mayo de 2016, es una de las once causas sin tribunal y demoradas en La Plata.

En ese contexto, la desafectación del inmueble que ocupa la actual DDI de Quilmes resulta de vital importancia, ya que, como expresa el texto del proyecto presentado por la diputada Ramírez, el sitio “sigue siendo elemento probatorio en causas judiciales en la Argentina y en el exterior, por lo que su alteración edilicia puede significar la destrucción de las pruebas que permitan determinar el destino de las personas desaparecidas y la verdad sobre el pasado reciente”.

Perspectivas de un proyecto de memoria colectiva

El ex CCD “Pozo de Quilmes” trascendió en el último tiempo por las declaraciones del intendente de Quilmes Martiniano Molina (PRO-Cambiemos) cuando, en un acto por el Día de la Memoria en la ciudad, “confundió” al lugar con un bache.

Sandra Raggio reflexionó a propósito del proceso de creación del proyecto luego del episodio: “Me parece que generó que tomara un estado público y que hoy él tuviera que tener una posición muy cuidada y muy respetuosa de lo que ocurrió en ese lugar y con la propuesta de que se constituyera en un Sitio de Memoria. Creo que está obligado a apoyar la iniciativa. No creo que haya sido ignorancia, sino que realmente no es parte de su agenda prioritaria”.

También consideró que ”es muy inteligente por parte de las organizaciones sociales tomar la posta y avanzar con la iniciativa de crear en el ‘Pozo de Quilmes’ un Sitio de Memoria”.

“Hay una gran expectativa para que los/as legisladores/as aprueben este proyecto y Quilmes tenga en el ex “Pozo de Quilmes” su Sitio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos”, expresó por su parte Valeria Isla.

En esa línea, Raggio concluyó: “Ojalá podamos construir con el mayor consenso, pluralidad y seriedad un Sitio de Memoria ahí. Pienso la memoria en sintonía con las luchas por la plena vigencia de los derechos humanos, que tanto necesitamos espacios de resguardo y protección de los derechos hoy. Es muy importante que la propuesta piense la promoción de la memoria en un campo bien situado en el presente”.