Por Alejandro Palladino

El Gobierno nacional dio otro paso en su intención de desfinanciar la educación pública. El jueves de la semana pasada, horas antes del segundo semestre, el jefe de Gabinete del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, Diego Marías, notificó que casi doscientos trabajadores de programas educativos con más de siete años de antigüedad y con contratos precarios quedaban en la calle, un día antes del vencimiento, el 1º de julio. Tras las medidas de fuerza llevadas a cabo por ATE, que movilizó ayer al Palacio Pizzurno y exigió reuniones con Marías, desde el Ministerio consideraron reveer los casos. Hoy habrá un nuevo encuentro para buscar que algunos de los contratados pasen a planta transitoria y los restantes renueven sus contratos por dos meses.

Sin la movilización del gremio, el vaciamiento afectaría los programas de Memoria, Coordinación de Publicaciones, Educación Sexual Integral, Educación y Prevención de adicciones, Comunidad y convivencia escolar, Plan de Lectura, y las modalidades educativas de Educación Intercultural Bilingüe, Educación Artística, Contextos de Encierro y Educación de Jóvenes y Adultos. Todos estos, programas que vienen siendo víctimas del desinterés del Gobierno de Cambiemos.

Los trabajadores tenían contratos por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Para llevar adelante el desguace, la metodología de Marías consistió en clasificar a los empleados en tres categorías, de acuerdo con el rendimiento horario que cumplían en las oficinas: la primera de ocho horas, la segunda de seis y la tercera de cuatro. Los primeros continuaban con sus trabajos en planta transitoria, los segundos quedaban en suspenso, “a prueba”, con contratos de dos meses, y los terceros eran despedidos.

Desde ATE criticaron esta medida por considerar la división “arbitraria”, ya que no tenía en cuenta las trayectorias de los trabajadores en los programas y porque muchos de ellos no son de oficina, sino que se realizan en las escuelas y otros espacios educativos populares que no cuadran para el universo macrista, que los destruye con el tarifazo y la inflación: merenderos, comedores, bibliotecas populares, centros comunitarios, clubes de barrio y sociedades de fomento.

“La clasificación de Marías es un ataque para vaciar los programas que han sido producto de la conquista de derechos”, dijo a Contexto Adela García, miembro de la Junta Interna de ATE.

Los trabajadores denuncian que, en lo que va de 2016, los programas han sido desfinanciados y vaciados. El Estado se ha hecho a un costado, despreocupado de la función social inclusiva de la educación.

Graciela Labunté trabaja desde hace doce años en el Programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica para Jóvenes y Adultos. En diálogo con Contexto, afirmó: “El programa de Alfabetización está desfinanciado, lo han vaciado, igual que el FinEs. No hay capacitación ni financiación. Dicen que continúan, pero en los hechos han desarmado los programas”.

“Estos programas funcionaban porque veníamos con una fuerza del Estado que los apoyaba”, continuó Labunté. “Pero ellos plantean todo lo contrario. Dicen que cada provincia o jurisdicción se arregle sin capacitaciones ni financiamiento, desligando al Estado”.

Por su parte, Rosario Castelli, trabajadora del Programa Nacional de Educación y Prevención de Adicciones, en declaraciones a la Radio platense Estación Sur, sostuvo que en lo que va de 2016 “no hemos recibido lineamientos sobre cómo seguir” por parte del Estado nacional.

Otros programas, la misma lógica estatal

Una suerte muy similar corrieron otros programas. El Conectar Igualdad, por ejemplo, sufrió 1.100 despidos en marzo, con el vaciamiento de su sede central en C.AB.A., al tiempo que el ministro Esteban Bullrich negó el cierre del programa con el pretexto de que así se volvía “federal”, al depositarlo en las gestiones provinciales.

Programas que atendían a actividades extraescolares, por fuera de la currícula, como el CAJ (Centro de Actividades Juveniles) y el CAI (Centro de Actividades Infantiles), también fueron transferidos a las provincias por el brote federalista del macrismo. El FinEs y el programa de Orquestas y Coros Nacionales, entre otros, también son ignorados por el Gobierno nacional.

En el ámbito universitario rige la misma lógica. Tras la pulseada entre el Ministerio y los gremios docentes, que cerró en mayo con un aumento salarial del 34% cuando el macrismo ofrecía apenas un 15%, los programas universitarios viven un achicamiento. Un informe realizado por el Instituto de Estudios y Capacitación del sindicato de docentes Conadu arroja que de los 88 programas que aún existen, sólo 59 recibieron una asignación presupuestaria en lo que va de 2016.

Además, de los 56 mil millones de pesos que entran en el presupuesto nacional para las Universidades, se habían ejecutado sólo 16 mil millones al 20 de mayo, esto es, el 28,9% del presupuesto anual. A esto hay que agregarle que el presupuesto fue aprobado el año pasado, previo al tarifazo y la inflación, que Prat-Gay reconoció en un 42% anual.