Por José Welschinger Lascano

El Presidente Mauricio Macri modificó el pasado jueves, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, la Ley de protección de tierras rurales, reuniendo en una sola acción las dos primeras problemáticas de la ciencia política: la división de los Poderes del Estado y la propiedad de la tierra.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial justo entre su regreso de Chile y el comienzo de su gira europea, llega para eliminar las restricciones impuestas por la Ley 26.737 en 2011, cuando el Congreso de la Nación aprobó el texto que establecía que los extranjeros no podrían adquirir más de un 15% del territorio nacional, cálculo en el que se computaban también las Malvinas y los territorios insulares del Atlántico Sur.

A sola firma, Macri levantó las restricciones sin necesidad de presentar un proyecto al Poder Legislativo, y además dictó un límite de sesenta días para que las provincias informen cuáles territorios pasan a quedar a disposición del capital. En caso contrario, esa decisión será tomada por el Gobierno nacional, mediante el Consejo Interministeral de Tierras Rurales, integrado por los ministros de Justicia, Agroindustria, Interior, Ambiente y Defensa, junto con los de Agricultura de cada provincia. De esta forma, voló la última barrera que limitaba la venta de zonas, áreas y parques industriales del país.

Para el profesor de Teoría Económica de la Universidad Nacional de Rosario, Sergio Arelovich, la medida decreta la muerte de un pequeño intento político por comenzar a reparar una de las cuestiones estructurales fundamentales de la Argentina. “Es un problema histórico que nunca se solucionó”, comentó a Contexto. 

“Ahora levantaron todas las barreras y cualquier cosa es posible. Si antes había cierto recelo con algunas cuestiones que hacen a la concentración económica, ahora con esto dimos el paso que nos faltaba para caernos de ese precipicio.”

“Pero si teníamos al menos ciertos parámetros con los que se podía intentar corregirlo, pensando en las nuevas propiedades a futuro pero sin meterse con la concentración extranjera que ya existía, ahora directamente queda todo desregulado para que puedan hacer lo que quieran sin controles”, agregó.

Según Arelovich, el tema sigue siendo qué es lo que se considera o no un propietario extranjero. “Dada la arquitectura corporativa de las empresas internacionales, que operan de una misma forma en varios países, lo más frecuente es ver una estructura societaria donde puede aparecer como local, e incluso puede suceder que se lo considere como capital nacional, pero para conocer de qué se trata es necesario fijarse hacia arriba, a ver a quién pertenece realmente”.

Si ya antes controlar era complicado, ahora pasaría a ser directamente inviable. “Ahora levantaron todas las barreras –dijo Arelovich–, y cualquier cosa es posible. Si antes había cierto recelo con algunas cuestiones que hacen a la concentración económica, sujetas a muchas consideraciones de distinta índole, ahora con esto dimos el paso que nos faltaba para caernos de ese precipicio”.

Sin embargo, Arelovich consideró que el nuevo DNU no es más que una medida para institucionalizar prácticas irregulares de un sector ya acostumbrado a saltar los alambrados de la Ley. “Es gravísimo. A los economistas nos preocupa realmente, pero son prácticas que esos sectores ya tenían”.

Según el académico, uno de los vértices de la cuestión se encuentra en la lectura doctrinaria de los empresarios devenidos en autoridades: “Muchos de ellos, hoy funcionarios, creen de verdad que las inversiones van a llover cuando se mejoren las tasas de ganancia. Piensan que la inversión aparece si la rentabilidad está asegurada, pero en realidad las inversiones entran sólo cuando saben que van a poder salir; es decir, está más asociada a la posiblidad de ampliar el mercado, a la demanda, que a la ganancia u oferta”.

Arelovich explicó: “Nadie va a invertir por considerar que va a ganar, va a invertir por considerar que va a vender lo que vende, que va a poder crecer. Le tenés que garantizar mercado, no mejorar la oferta haciéndola más tentadora; pero el Gobierno no lo entiende, y por eso saca estas leyes que atrasan doscientos años”.

De esta manera, la medida iría en la línea de seguir enviando señales (como parte de la danza de la lluvia para atraer inversiones) hacia un mercado internacional que no estaría invirtiendo en el país, no por la crisis global, sino por cuestiones legales o normativas de la Argentina.

“Sin este decreto, igual tenían mecanismos para hacer lo mismo –comentó el profesor de la UNR–, pero la idea es enviar una señal al mercado. Pensando desde los efectos, agrava la cuestión desde un punto de vista quizás más nominal que fáctico; porque el sistema ya era demasiado poroso antes de esto. Digamos también que la modificación en la Ley apunta estrictamente a la propiedad de la tierra; porque cuestiones como la explotación para la extracción de recursos quedan legisladas en otras normativas, que de todos modos datan del siglo XIX”.

Empresarios sin fronteras

En épocas en las que el Gobierno argentino pregona la convergencia hacia la mayor zona de libre comercio jamás creada, conocer la dinámica de los grandes actores económicos podría ser la clave para comprender la necesidad y urgencia de este decreto. Respecto de la dinámica corporativa que enturbia los controles, Sergio Arelovich comentó a Contexto: “El Banco de Galicia, consideramos que es una empresa nacional porque el dueño es Escasany, o Braun Menéndez; pero luego vemos que el banco es propiedad de un grupo, y que el dueño de ese grupo es EBA Holdings S.A., el cual en última instancia pertenece a un grupo de Londres con sede en algún paraíso fiscal. Entonces, la cuestión de cómo separamos las calidades de extranjeros o nativos es mucho más compleja de lo que las leyes han marcado”.

“Si el grupo Socma, mediante alguna sus sociedades off-shore, compra tierras, ¿Sigue siendo una compra del grupo Macri? Sí, pero ahora tendría un primer derecho, igual a las otras empresas, que es el de llevarse hacia ese territorio las utilidades que genere.”

El economista explicó que, además, esta dinámica corporativa internacional incide en simultáneo sobre los controles de las sociedades en todos los países: “Las compañías locales de capital extranjero del rubro de las oleaginosas están creadas localmente, y en los controles figuran todas como sociedades off-shore, ya sea Bunge, Grupo Noble, o la que fuera. Entonces, resulta imposible controlarlo desde adentro, necesitás la colaboración de esos lugares donde no tenés jurisdicción, ahí ya se introduce otra complejidad”.

El profesor de la UNR completó esta idea explicando cómo los capitales se articulan de forma que termina por volverse imposible separarlos: “Todas las distribuidoras de gas son de capital nacional, nominalmente. Por ejemplo, Litoral Gas, que tiene dos socios (uno de los cuales es Techint, con sede en Luxemburgo), y subiendo, la última controlante es una empresa anotada en un paraíso fiscal. Si el día de mañana esa empresa se presenta a comprar tierras, puede llegar a figurar como una transacción de capitales nacionales”.

Arelovich concluyó el análisis: “Si el grupo Socma, mediante alguna de las sociedades off-shore que tiene, compra tierras, ¿sigue siendo una compra del grupo Macri? Sí, pero ahora tendría un primer derecho, igual a las otras empresas, que es el de llevarse hacia ese territorio off-shore las utilidades que anualmente genere. Con lo cual termina perdiéndose la relevancia de lo que sea extranjero o nacional, ya que termina siendo más importante la trama corporativa”.