Revolución de la alegría para delincuentes de guante blanco

Revolución de la alegría para delincuentes de guante blanco

Mientras el país todo habla de José López, centenares de grandes empresarios y otros hipermillonarios consiguen impunidad por sus delitos económicos, y en cambio son perseguidos los denunciantes.

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Por Miguel Croceri

En las últimas dos semanas, la agenda informativa de los medios de comunicación –de los más poderosos, y también del resto– se concentró en el suceso que causó repulsa a indignación en el pueblo argentino, y un tembladeral político especialmente en el kirchnerismo: la captura del ex secretario de Obras Públicas de la Nación José López, atrapado en un convento donde trataba de esconder una suma cercana a los 9 millones de dólares.

Al mismo tiempo, durante junio se produjeron hechos que significan la impunidad para grandes actos de delincuencia económica, pero fueron ocultados a la opinión pública por los cárteles mediáticos, y la información sólo se difundió a través de medios ajenos a los intereses del Gobierno nacional, las grandes corporaciones y todo el bloque de poder dominante.

Son hechos, estos últimos, que tienen dos agravantes: la falta de sanción judicial para sus autores –aun cuando son delitos que incluso tienen una dimensión monetaria infinitamente mayor que el dinero robado por López–, y, en el colmo de la burla a la más elemental demanda de justicia, son sancionados y hasta encarcelados los que buscaron el castigo a los culpables.

Separado del cargo por denunciar a más de 4.000 evasores

Una de las situaciones le costó ser suspendido en el cargo al auditor general de la Nación, Ricardo Echegaray. Más conocido como director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante el gobierno de Cristina Fernández, Echegaray era titular de la Auditoría General desde comienzos de año, luego de que Mauricio Macri asumiera como jefe del Estado, debido a que la Constitución Nacional dispone en su artículo 85 que “el presidente de ese organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso”.

Pero ¿por qué motivos Echegaray fue suspendido? Por una típica acción combinada entre políticos y jueces antikirchneristas, cuyo propósito es la difamación y el desgaste de la fuerza política que gobernó el país entre 2003 y 2015, y que a la vez busca la paralización de toda investigación judicial contra personeros del poder económico y de la derecha política. De esa manera, el bloque de poder dominante puede “cantar ¡Bingo!”.

El caso empezó cuando Echegaray dirigía la AFIP y consiguió que el Gobierno de Francia compartiera con las autoridades de nuestro país documentación que había sido revelada por el experto informático Hervé Falciani, ciudadano ítalo-francés que luego de trabajar para el banco HSBC divulgó los datos de unos 130 mil potenciales evasores impositivos de todo el mundo, que tenían depósitos en la sucursal de Ginebra (Suiza) de esa entidad bancaria, pero sus cuentas no habían sido declaradas ante el fisco de sus países (la información revelada se conoció mundialmente como la “Lista Falciani”).

Por ese mecanismo de cooperación internacional se supo que, en 2006, había 4.040 de esas cuentas que tenían como titulares a personas físicas o jurídicas de Argentina, y que allí estaban depositados unos 3.800 millones de dólares. Con semejante material probatorio en su poder, en noviembre de 2014 la Administración Federal de Ingresos Públicos impulsó ante el Poder Judicial las investigaciones correspondientes.

Una de las cuentas presumiblemente no declaradas perteneció a Amalia Lacroze de Fortabat (que falleció en 2012) y a una nieta suya, y su apoderado era Alfonso Prat-Gay, quien en esa condición fue uno de los acusados. Pero tiempo después, como no hay mejor defensa que un buen ataque, en junio de 2015 Prat-Gay denunció a Echegaray y a otros funcionarios de AFIP por “falso testimonio y asociación ilícita”.

(Hace un año, el periodista Alfredo Zaiat advirtió en Página/12 que el propósito del ahora ministro era paralizar la investigación de las cuentas secretas en el HSBC de Suiza)

La causa iniciada por Prat-Gay quedó a cargo del juez federal Claudio Bonadio, quien el 2 de este mes dispuso procesar al funcionario kirchnerista, el cual en ese momento ya no dirigía la AFIP sino la AGN (Auditoría General de la Nación).

De inmediato, la diputada de Cambiemos Elisa Carrió reclamó judicialmente que Echegaray sea separado de la AGN, y consiguió su objetivo en apenas veinticuatro horas, el día 3 del corriente, con una decisión favorable a ese pedido dictada por la jueza Claudia Rodríguez Vidal, del fuero Contencioso Administrativo Federal, quien actuó con la velocidad de un rayo. “Lo pedís, lo tenés”.

(Con el siguiente link se accede a la noticia publicada en la edición digital del diario Clarín)

Arbizu reveló fraudes gigantescos, terminó preso y extraditado

En otro caso donde el denunciante termina perseguido, y en este caso además detenido en Buenos Aires para ser extraditado a Estados Unidos, es el que afecta a Hernán Arbizu, un argentino que fue vicepresidente de la filial local del banco trasnacional JP Morgan, y que en 2008 acusó a 460 empresas y particulares de nuestro país por maniobras de fraude fiscal y fuga de capitales, incluido el probable lavado de dinero de origen clandestino.

Ese año Arbizu tuvo un conflicto en su relación laboral con el banco que lo tenía contratado. Dentro de ese contexto, se presentó ante jueces de nuestro país y se autoincriminó, es decir que se reconoció como partícipe de delitos, al explicar que como ejecutivo del banco trabajaba para que grupos económicos evadieran impuestos en Argentina y fugaran dinero al exterior.

Pero la acusación no sólo apuntó contra el JP Morgan, sino que Arbizu entregó datos de cada cuenta, nombre de sus titulares y cantidades de dinero fugado. Entre los denunciados hay directivos del Grupo Clarín, Blaquier, Edenor, Autopistas del Sol, Sideco, Petrobras Energía, Nordelta y la firma de negocios inmobiliarios Consultatio, entre muchos otros.

(Uno de los medios que mejor informó del tema a lo largo del tiempo fue el diario Tiempo Argentino, el cual dejó de publicarse a principios de este año y actualmente está en proceso de recuperación por parte de sus trabajadoras y trabajadoras. Por otro lado, la agencia de noticias Paco Urondo, una valiosa fuente de información alternativa al periodismo hegemónico, publicó en mayo de 2013 una lista de los denunciados).

La causa central promovida por Arbizu quedó a cargo del juez federal Sergio Torres, quien en algún momento pidió informes a organismos de Suiza y de Estados Unidos, y además hizo trascender la falta de respuesta de las autoridades judiciales norteamericanas.

(Una de las noticias al respecto se publicó en abril de 2013 en el portal Infobae)

En otras instancias de la judicatura hubo también causas relacionadas, una de ellas instruida por el juez federal Sebastián Casanello, en la cual hace tres años Arbizu prestó declaración indagatoria.

(El diario Página/12 informó de esa comparecencia judicial en julio de 2013)

Pero en el recorrido del caso por los laberintos del Poder Judicial hubo un personaje peligroso que explica en gran parte la “eficacia cero” de la investigación: el fiscal Guillermo Marijuán, de quien dependía “empujar o no el expediente”, como dijo Arbizu.

(La agencia de noticias Télam reflejó en julio de 2013 declaraciones del denunciante, en particular sobre el lavado de dinero por parte del Grupo Clarín).

Incluso desde la conducción institucional de las fiscalías federales, que es la Procuración General de la Nación –a cargo de Alejandra Gils Carbó, una valiente funcionaria judicial siempre difamada por las corporaciones y por la derecha en general–, advirtieron hace tres años sobre la falta de transparencia de Marijuán.

(La edición digital del diario La Nación publicó esa información en mayo de 2013).

En mayo de 2015, por otra parte, Arbizu aportó información a la comisión formada por diputados y senadores de la Nación precisamente para esclarecer maniobras de evasión de impuestos y fuga de capitales. Comisión que, cabe aclarar, quedó desactivada tras el cambio de Gobierno y de composición de las cámaras parlamentarias en diciembre pasado.

(Una crónica de esa declaración fue publicada por la agencia de noticias Télam)

Conclusión: pasaron casi ocho años de la denuncia, y los presuntos evasores de impuestos y/o lavadores de dinero están muy lejos de recibir algún tipo de sanción por parte de juez o tribunal alguno. Cien por ciento de impunidad.

En cambio, el sancionado resultó ser el propio ex ejecutivo del JP Morgan que aportó información para probar fraudes gigantescos y pretendió que la judicatura argentina castigara penalmente a los culpables: denunciado por el banco como responsable de los delitos de “fraude bancario, robo de identidad agravado y desfalco”, Arbizu fue detenido recientemente y extraditado de inmediato a Estados Unidos.

(Así informaba el portal Infobae cuando se produjo la extradición, el pasado miércoles 23)

Los acusados de ayer son los controladores de hoy

Otro de los hechos graves y sin embargo casi secretos en cuanto a su conocimiento social –ya que tienen estado público pero son ocultados por las corporaciones mediáticas, y de esa manera sólo resultan conocidos por una parte minoritaria de la sociedad– es el caso descripto anteriormente que involucra al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay.

Denunciado por ser apoderado de una cuenta no declarada que Amalia de Fortabat tenía en el HSBC suizo, ahora ese mismo funcionario tendrá bajo su mando a la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo precisamente encargado de vigilar las operaciones bancarias, bursátiles y de las finanzas en general, para prevenir y eventualmente promover la sanción penal de delitos económicos.

El pase de la UIF a la órbita de Prat-Gay fue una maniobra urdida por el macrismo y sus aliados parlamentarios –los principales de ellos son los bloques de diputados que lideran Sergio Massa y Diego Bossio–, en la madrugada del 16 de este mes, cuando la Cámara aprobó la llamada “ley ómnibus”.

(Dicha ley, aún a consideración del Senado pero en vías de ser sancionada, engloba una mezcolanza desopilante pero trágica para el país, donde el pago de las sentencias judiciales en favor de jubilados es una estupenda acción de marketing político y extorsión política y social para contrabandear detrás de ello el blanqueo de capitales y una estrategia de vaciamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, lo cual en pocos años podría derivar en una nueva y gigantesca estafa privatizadora como la perpetrada en 1993 durante el gobierno de Carlos Menem).

En el contexto del debate legislativo de ese proyecto, la UIF fue transferida del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al de Hacienda y Finanzas.

(Así lo informaba el portal periodístico parlamentario.com)

Pero esto es sólo la frutilla del postre: desde el comienzo del gobierno macrista, el organismo que debe vigilar el lavado de dinero ya estaba en manos de los defensores de bancos acusados de lavar dinero.

No es un juego de palabras: los actuales presidente y vice de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federice y María Eugenia Talerico, integraron un bufete de abogados dedicados al asesoramiento y defensa legal de financistas acusados de blanquear activos de origen ilegal, e incluso la segunda fue abogada defensora del banco HSBC en causas judiciales por ese tipo de maniobras delictivas.

Una organización de la sociedad civil que realiza un extraordinario trabajo de estudio y esclarecimiento, el Centro de Prevención y Control de la Criminalidad Económica (CIPCE), calificó al nombramiento de Federice y Talerico como “un conflicto de intereses alevoso y grosero”. A su vez, ahora ambos dependerán de Pray-Gay, uno de los acusados por delitos económicos. El dicho popular “el zorro cuida a las gallinas” queda empequeñecido por la realidad.

(En la página web del CIPCE puede ampliarse la información)

El mundo al revés

Los hechos aquí reseñados, de los cuales la mayoría de la población no tiene conocimiento, son ejemplos flagrantes de un “mundo del revés” donde los denunciantes de grandes negociados o delitos que perjudican al erario y al conjunto de la sociedad resultan perseguidos, sancionados o incluso encarcelados, mientras que el Poder Judicial nunca llega a condenar a los centenares de empresarios y otros hipermillonarios que fueron denunciados por ellos.

De ese modo, los acusados quedan impunes y viven una verdadera “revolución de la alegría”. Una “revolución” que en la campaña electoral Mauricio Macri prometió para el conjunto de los argentinos, pero resultó ser realidad sólo para delincuentes de guante blanco.


 

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