Por Fernando M. López

Miles de personas se concentraron este domingo sobre el Puente Pueyrredón al cumplirse catorce años de la Masacre de Avellaneda, en la que fueron asesinados a balazos los militantes sociales Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Allí renovaron el reclamo de justicia y repudiaron el brutal ajuste del Gobierno de Mauricio Macri, que arroja a millones de argentinos al desempleo, la precarización y la pobreza.

El acto fue encabezado por el padre de Darío, Alfredo Santillán, y la hermana de Maxi, Vanina Kosteki, quienes dijeron no conformarse con las condenas a perpetua contra los policías de la Bonaerense que apretaron el gatillo, el ex comisario Alfredo Fanchiotti y el ex cabo Alejandro Acosta.

“Seguimos exigiendo juicio y castigo para Eduardo Duhalde, Felipe Solá y todos los responsables políticos de la masacre. De este camino no nos vamos a correr hasta que logremos lo que Dari y Maxi se merecen, que es justicia”, afirmó Alfredo, mientras que Vanina llamó a “no ceder ni un centímetro de la calle” frente a la “impunidad”.

La causa política fue impulsada por la madre de Kosteki, Mabel Ruiz –fallecida en septiembre de 2003–, y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4. Luego de varios años sin avances concretos, el fiscal Miguel Osorio pidió archivar todas las actuaciones, a lo que accedió el juez Ariel Lijo en 2010.

Desde entonces, los familiares comenzaron a trabajar sin descanso para reactivar la causa, junto a los abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. En 2014, como “Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi”, se presentaron ante el magistrado con nuevas líneas de investigación y lograron desarchivarla. A partir de ese momento, Lijo delegó la instrucción en la fiscal Paloma Ochoa, quien más tarde llamó a declarar a algunos de los testigos propuestos por la querella.

Pablo Pimentel, titular de la APDH La Matanza, indicó a Contexto que hay elementos “importantes” aportados por el ex intendente de Avellaneda, Oscar Laborde, y la Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas, pero que Ochoa les comunicó el jueves pasado que “necesita más pruebas” para avanzar.

“Creemos que con algunos testimonios más que se tomen ya habría elementos para trabajar juntos, tanto la fiscalía como la querella, y poder determinar quiénes dieron la orden política de reprimir el 26 de junio de 2002”, añadió Pimentel.

Plan criminal

Duhalde y Solá aparecen como los principales responsables. En ese momento ocupaban los máximos cargos ejecutivos de la nación y la provincia de Buenos Aires, respectivamente. También están involucrados varios de sus ex funcionarios: Juan José Álvarez, Carlos Soria, Oscar Rodríguez, Alfredo Atanasof, Jorge Vanossi, Aníbal Fernández, Jorge Matzkin, Carlos Ruckauf y Luis Genoud.

La represión que acabó con las vidas de Darío y Maxi, y dejó decenas de heridos con balas de plomo, fue fruto de un operativo diseñado por el Gobierno nacional que preveía la actuación conjunta de varias fuerzas de seguridad (Federal, Bonaerense, Gendarmería y Prefectura Naval) con el objetivo de frenar las protestas sociales.

Según pudieron reconstruir los familiares de las víctimas, el fallecido Carlos Soria, quien entonces estaba al frente de la SIDE, alimentó la idea de que las organizaciones piqueteras buscaban dar un golpe de Estado contra Duhalde; mientras que el ministro de Justicia, Jorge Vanossi, instruyó con los partes falsos de los servicios de inteligencia al procurador general, Nicolás Becerra, para que investigara a los piqueteros por presunta “sedición”.

En su testimonio ante la fiscal Ochoa, Laborde contó que aquel 26 de junio de 2002 por la mañana había convocado a su gabinete municipal porque “tres informaciones” le dieron la “impresión de que iba a pasar algo grave”.

“Una era la afirmación del canciller Ruckauf donde reivindicaba el decreto firmado en el año 75, cuando era ministro de Isabel Perón (en alusión al decreto con el cual ordenó a las Fuerzas Armadas ‘aniquilar el accionar de los elementos subversivos’). La otra eran las declaraciones del jefe de Gabinete Atanasof, donde decía que si querían subir al puente iba a haber una guerra, y tercero era la información del hospital Fiorito, que había recibido la orden de retirar a todos los pacientes excepto a los de terapia intensiva”, enumeró.

También detalló que ese día el ex comisario Alfredo Fanchiotti le dijo que estaba en contacto telefónico con Oscar Rodríguez, en ese momento número dos de la SIDE.

“Tengo la convicción sobre la articulación que hubo entre el Gobierno nacional y provincial, el rol que tuvieron Atanasof y Rodríguez”, agregó el ex intendente.

Tras la muerte de Santillán y Kosteki, Laborde viajó hasta La Plata para entrevistarse con Solá en la gobernación bonaerense: “Le dije que a los manifestantes los había matado la Policía, tenía el testimonio directo de una persona en los brazos de la cual había desfallecido Santillán. Esta persona (Osvaldo Baqueiro) recibió amenazas personales y tuvo un accidente automovilístico por la rotura de los frenos”.

Además, le transmitió su “opinión” de que “el Gobierno nacional y provincial habían actuado en conjunto”, a lo que el actual diputado nacional por el Frente Renovador respondió que había sido “puenteado”.

Nora Cortiñas, quien habló con Solá horas antes, mientras transcurría la masacre, declaró en la causa haberle planteado que “estaban matando pibes en el Puente Pueyrredon”. El ex gobernador le contestó lo siguiente: “Dejalos, Norita, no pasa nada, se están matando entre pobres, es una guerra entre pobres, se están matando entre los piqueteros”. Esa misma versión fue la que utilizaron medios hegemónicos como Clarín para encubrir la represión, hasta que se dieron a conocer las fotos de los reporteros gráficos Sergio Kowalewski y José Mateos, con la secuencia del asesinato de Santillán en la estación de Avellaneda.

En cuanto a Juan José Álvarez, ex secretario de Seguridad de la Nación, Laborde sostuvo que este se comunicó por el tema de un empleado municipal, Silvio Pereyra, que había recibido una bala de plomo en la clavícula.

“Álvarez me dijo que había un programa que estaba por salir con el testimonio de este empleado, y que él había visto marchar por Irigoyen persiguiendo a los manifestantes tanto a la Bonaerense como a los ‘marrones’, refiriéndose a personal de la Prefectura. Álvarez me pidió que no saliera en el programa porque si era así quería decir que Prefectura había bajado a Avellaneda”, declaró, aportando más pruebas del operativo conjunto entre fuerzas provinciales y federales.

Escalada represiva

Al reflexionar sobre la Masacre de Avellaneda, Pimentel explicó que “no sólo fue la continuidad de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001”, sino la de “un accionar estatal” que desde hacía décadas apuntaba a “disciplinar a los movimientos sociales” y “criminalizar sus luchas”.

“A catorce años de los asesinatos de Darío y Maxi, alguien tiene que dar explicaciones desde el campo político. Si esto no pasa rápido, corremos el peligro de tener nuevas muertes en el pueblo, sobre todo con los aires que corren actualmente en la Argentina”, afirmó a este medio en alusión a la escalada represiva que se vive en tiempos de Macri.

El titular de la APDH La Matanza se mostró “muy preocupado” por la “regresión total en materia de derechos sociales” durante estos seis meses de gobierno de Cambiemos y aseguró que “quitarle el trabajo a una persona es ir torturándolo y matándolo de a poco”.

“Como organismo, alentamos a que, en el marco de la democracia, no cedamos ante la vulneración de derechos básicos. Con los avances que ha habido en los últimos años, no lo podemos permitir. El trabajo es lo que da la oportunidad de lograr una vida digna”, concluyó.