La lucha contra la corrupción, una deuda pendiente

La lucha contra la corrupción, una deuda pendiente

Las empresas cumplen un “rol fundamental” en el pago de sobornos por obras públicas o licitaciones del Estado que complementan con evasión fiscal, como el propio Macri.

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Por Gabriela Calotti

Coima, mordida o pots-de-vin son algunas de las denominaciones de una práctica internacionalmente conocida, tan variada y antiguas como el capitalismo mismo. La corrupción se materializa a través del soborno a un agente del Estado y para ello necesita al corruptor que es aquel que promete una remuneración para obtener un beneficio económico y que, como estamos viendo en estos días, abarca a empresarios nacionales y trasnacionales que se han beneficiado históricamente de la obra pública impulsada por el Estado.

Otra forma es la evasión fiscal -como por ejemplo los Panamá Papers—, que es sacar ilegalmente dinero u otros bienes de un país, no declarar los ingresos reales, o hasta la irrisoria “viveza criolla” de matricular una 4X4 en una provincia donde la patente sea más barata. Y si se trata de un funcionario del Estado, es peor aún porque sus ingresos provienen del aporte de todos los contribuyentes de una Nación.

“Hace años que en Argentina nos debemos un debate profundo sobre la corrupción pues desde los sectores progresistas le hemos puesto poca atención. Y esto tiene una explicación porque históricamente la agenda que se construyó en torno a la corrupción fue una agenda sobre la reforma del Estado. Fue una agenda apropiada desde siempre por los sectores conservadores y los sectores del establishement”, afirmó a una emisora porteña Pedro Biscay, ex titular del Banco Central que trabajó en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) dependiente del Ministerio Público Fiscal.

La agenda que se construyó en torno a la corrupción fue una agenda sobre la reforma del Estado. Fue una agenda apropiada desde siempre por los sectores conservadores

Los países del Sur aparecen siempre como corruptos como si fuera una cuestión cultural y hasta casi genética, exacerbada por gobiernos populistas “clientelares”, según las definiciones que se imponen desde el Norte y que la derecha local  adopta como suyas. Sin embargo, en la Europa de los 80 y de los 90, la práctica del soborno por parte de las empresas para ganar mercados estaba legalmente autorizada. Así, por ejemplo en Francia, ese soborno se llamaba eufemísticamente “comisión” o “gastos comerciales excepcionales”.

Los sobornos son también otra forma de transferencia de riquezas de los sectores que menos tienen a los más ricos y poderosos, los mismos que tienen cuentas off shore que sirven para evadir las legislaciones nacionales en materia de declaración de ingresos y obligaciones fiscales y que están en los  llamados Paraísos Fiscales, como Andorra, Aruba, Bahamas, Belice, Granada, Panamá, Mónaco, San Marino, entre otros y hasta hace unos años Uruguay, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La OCDE es un organismo de cooperación internacional creado en 1961 cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales entre sus 34 países miembro, en su mayoría las principales economías del mundo. En 1997 la OCDE impulsó un acuerdo para reprimir la corrupción en la inversión extranjero. Claro que lo que se escribe con la mano… Se borra con el codo. Y en todo caso, podrían decir que sólo dos países de América Latina, México y Chile, integran esa organización.

Transferencias de recursos

Vastos ejemplos estamos teniendo en estos meses sobre la transferencia de riquezas como los tarifazos en las facturas de luz, gas y agua y la baja de las retenciones a las mineras y al campo, sin hablar de las paritarias que han ido cerrando con acuerdos muy por debajo de la inflación prevista para este año, superior al 45%, pese a las promesas infinitas del macrismo, precarizando los salarios y reduciendo el poder adquisitivo día tras día.

“Los que saquearon históricamente a nuestro país, que fueron cómplices de dictaduras enriqueciéndose con ellas y que difícilmente puedan justificar sus emporios sin la prebenda estatal, han atacado histórica y sistemáticamente a los gobiernos populares por el mismo lado. Y es que mientras vuelven a sus negocios espurios en el menor tiempo posible, entretienen a vastos sectores de la población discutiendo supuestos casos de corrupción pública para evitar discutir sobre la ética de las políticas que se desarrollan”, afirmaba Gustavo López, referente de MNA-Forja en un artículo de opinión publicado en mayo pasado en Página 12.

El entretenimiento a través de los medios hegemónicos, que garantizan un blindaje sin igual a los más altos funcionarios de gobierno actual, muchos procedentes del universo empresarial y de trasnacionales, quedó en evidencia sin ir más lejos en el débil impacto que causó en la opinión pública argentina el escándalo financiero de los Papeles de Panamá en los que aparece –entre 200.000 nombres- el presidente Mauricio Macri, dueño de uno de los imperios empresariales de la Argentina y con cuentas bancarias también en Bahamas. Y sin embargo “las empresas tienen un rol fundamental en la corrupción”, aseguró Buscay.

“mientras vuelven a sus negocios espurios en el menor tiempo posible, entretienen a vastos sectores de la población discutiendo supuestos casos de corrupción”

“Los Panamá Papers, en el contexto local, tienen más que ver con el mundo empresario y menos con el político. La aparición de Macri es incluso en calidad de empresario. Y no lo afecta igualmente porque un empresario deshonesto, que evade impuestos o que lava plata, no genera el mismo tipo de indignación”, según Sebastián Pereyra, licenciado en Ciencias Políticas de la UBA y doctor en Sociología por la École des Hautes Études, autor del libro “Política y transparencia, la corrupción como problema público”.

“La publicación de los papeles de Panamá nos recuerda la rápida expansión y el poder de la transparencia, y dio lugar a que se llamara a poner fin a los paraísos tributarios para los muy acaudalados que ocultan su dinero de los Gobiernos”, afirmó recientemente el presidente del Banco Mundial, uno de los mayores acreedores del Planeta, el coreano-estadounidense  Jim Yong Kim durante una Cumbre contra la Corrupción celebrada paradójicamente en Londres, capital financiera de Europa.

Tras un rotundo llamado a una  “transparencia radical” porque “no hay marcha atrás”, el funcionario del BM admitía que la mayor parte de los activos mal habidos termina en países desarrollados, es decir en las grandes economías mundiales.

En nuestro país, la corrupción irrumpió como problema público durante los años noventa. Desde entonces implicó importantes cambios en los modos en que se juzga la actividad de quienes gobiernan. “Hay que cambiar la perspectiva y hablar de ética y política”, escribía López en Página.

“La idea latente es que la corrupción se reduce si los países tienen calidad institucional”, agregó Biscay, que reivindicó “una política de lucha contra la corrupción que impulse el funcionamiento de oficinas anticorrupción en los ministerios y paralelamente trabaje con fiscales que lleven adelante investigaciones penales”.

Frente a la reaparición en la región de gobiernos conservadores vinculados a los sectores más ricos y en los que al parecer no existe el conflicto de intereses entre la gestión privada y la pública, como ocurre en Argentina con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, hasta diciembre pasado presidente de la petrolera anglo-holandesa en el país, los gobiernos populares y los movimientos progresistas tienen una discusión pendiente sobre cómo enfrentar la corrupción generando códigos de ética y de gobernabilidad transparente.

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