Por Fernando M. López

Más de cuatrocientos empresas recuperadas y sus 20.000 trabajadores atraviesan una situación crítica, al igual que las grandes mayorías afectadas por el ajuste, la inflación, los tarifazos y los despidos masivos del Gobierno de Mauricio Macri.

“Estamos resistiendo cualquier tipo de cierre y, principalmente, los despidos; pero cada vez es más difícil”, afirmó a Contexto Eduardo “Vasco” Murúa, titular del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), quien además dijo ver con “mucha preocupación” la falta de unidad del movimiento obrero y otros sectores populares.

“Hoy no estamos a la altura de las circunstancias. No tenemos un diagnóstico común ni un programa por el que pelear, y algunos dirigentes están siendo muy tibios y contemplativos. Si no enfrentamos el ajuste salvaje como pueblo, lo vamos a pagar muy caro.”

Las políticas neoliberales de Cambiemos golpean con dureza a las empresas recuperadas, que deben sortear diversas dificultades para poder subsistir, como el encarecimiento de los insumos de producción, la caída del consumo interno y la apertura de importaciones. Pero el principal problema tiene que ver los tarifazos.

En un informe sobre el estado de situación de 362 empresas recuperadas a mayo último, el programa “Facultad Abierta” de Filosofía y Letras de la UBA sostiene que el aumento de los servicios públicos apunta a “provocar el cierre masivo de empresas ‘inviables’, según la terminología usada por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca hijo”.

“En aquellas de mayor nivel de vulnerabilidad económica, los montos de los aumentos hacen difícil el sostenimiento de la actividad productiva, al incorporar costos no previstos que obligan a reducir el nivel de ingresos de los trabajadores y, en el mejor de los casos, alteran e impiden planes de inversiones y mejoras”, agrega el documento presentado esta semana en el Hotel Bauen.

Los tarifazos van del 100 al 800% en electricidad, hasta el 1.300% en gas y del 300 al 600% en las facturas de agua.

La cerámica neuquina FASINPAT (ex Zanon), por ejemplo, pasó de pagar una tarifa eléctrica de 360.000 pesos (febrero-marzo) a 1.600.000 (abril-mayo); mientras que el gas le subió de 700.000 a 8.000.000 de pesos, durante el mismo período. Empresas que requieren de grandes cantidades de agua, como la bonaerense Cueroflex, pasó de 20.000 a 80.000 pesos; mientras que la factura del Bauen, en la Ciudad de Buenos Aires, se incrementó de 60.000 a 218.000 pesos.

Cuando empezaron a llegar los primeros aumentos de la luz, los trabajadores del MNER se movilizaron hasta el Ministerio de Energía de la Nación, a cargo del ex CEO de la Shell, Juan José Aranguren, para exigirle que diera marcha atrás con la medida. Tomaron el edificio y, luego de ocho horas, lograron una tarifa diferencial con una reducción del 50%. Más tarde, marcharon por el gas y también ocuparon la sede de AySA, aunque en estos casos aún están esperando una respuesta por parte de las autoridades.

Ataques por varios frentes

El ajuste y los tarifazos no son las únicas herramientas que utiliza el macrismo para asfixiar a las empresas recuperadas. Desde la UBA hicieron énfasis en los vetos sistemáticos a las leyes de expropiación, la “mayor hostilidad del Poder Judicial” y la represión.

El 4 de febrero pasado, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, vetó la ley de expropiación de los bienes muebles del restaurant La Robla, cuando los trabajadores ya habían perdido el local y debieron buscar otro para mantener sus puestos laborales. En la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal ya lleva tres vetos desde que asumió. Uno de ellos es el de la ex fábrica Petinari de Merlo, recuperada como Cooperativa Acoplados del Oeste. La expropiación había sido aprobada por unanimidad, tanto en el Senado como en Diputados.

En cuanto a lo judicial, en estos meses también se incrementaron las causas penales por usurpación, iniciadas por ex propietarios de empresas recuperadas.

“Son las señales que da el cambio de clima político y los jueces las interpretan, generalmente, en contra de los trabajadores”, explicó Andrés Ruggeri, director del programa “Facultad Abierta” y del Centro de Documentación de Empresas Recuperadas.

Esto deriva más tarde en desalojos por la fuerza. La semana pasada, la Policía bonaerense reprimió a los empleados de Industrias RB, en Martínez, cuando intentaban resistir una orden “ilegal” del juez de San Isidro, Orlando Díaz, quien hizo lugar a una denuncia por usurpación.

“Es el primer caso en que una fábrica es desalojada a pesar de estar protegida por una ley de expropiación”, remarcó el informe de la UBA.

La empresa fue recuperada por sus trabajadores luego del cierre patronal durante la crisis de 2001. Seis años más tarde, la Legislatura bonaerense sancionó la expropiación y la ley fue prorrogada en 2012 por otros cinco años, por lo que aún sigue vigente.

Para Murúa, todo esto es parte de la misma “política de destrucción” que encabeza Macri al servicio de “los centros de poder imperial”.

“Hacemos un llamado a la unidad y al compromiso de todas las fuerzas populares”, subrayó el titular del MNER al advertir que no sólo está en juego “nuestra patria”, sino la región latinoamericana en su conjunto.