La topadora de Vidal arrasa con la salud pública descentralizada

La topadora de Vidal arrasa con la salud pública descentralizada

Zulma Ortiz asumió al frente de la cartera sanitaria bonaerense con la idea de desmantelar las Unidades de Pronta Atención (UPA). La resistencia de los propios trabajadores complicó sus planes y tuvo que prometer que les daría continuidad, pero ya empezó a cerrarlas. La primera fue la de Madariaga.

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Por Fernando M. López

Las Unidades de Pronta Atención (UPA) surgieron en Brasil, durante el primer Gobierno de Luis Inácio Lula da Silva, con el objetivo de descentralizar y acercar el sistema de salud pública a los barrios más alejados de los hospitales. Tras conocer de primera mano los resultados de ese modelo claramente inclusivo, el ex gobernador Daniel Scioli decidió traerlo a la provincia de Buenos Aires y, a fines de 2010, inauguró la primera UPA del país en Lomas de Zamora, junto a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Cuando se puso en funcionamiento la número 15 en el Barrio René Favaloro de José C. Paz, con sus equipos de rayos X, salas de terapia intensiva e intermedia, laboratorio, ambulancias y helipuerto, el propio Lula participó del acto. Allí, el ex mandatario brasileño señaló a los bonaerenses que estos centros de mediana complejidad no sólo permiten resolver el 97% de los casos sin necesidad de derivación, sino que “evitan que los pobres tengan que trasladarse al hospital”.

La última Unidad de Pronta Atención fue la 19 de General Madariaga, inaugurada en noviembre del año pasado sobre la Ruta 74, a sólo un kilómetro de la rotonda de Pinamar. Se pensó, fundamentalmente, para cubrir emergencias y accidentes de tránsito en una zona de amplio movimiento interurbano y turístico, donde confluyen las rutas 11, 56 y 2.

Sin embargo, con la llegada de la macrista María Eugenia Vidal a la gobernación, las UPA se convirtieron en uno de los principales blancos de ataque de las nuevas autoridades sanitarias y los medios hegemónicos a su servicio.

No fue casual, por ejemplo, que en los artículos publicados en febrero para desprestigiar el sistema, el diario La Nación sólo mencionara “dieciocho Unidades de Pronta Atención”. La ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortiz, quien llegó a decir que la UPA de Madariaga no existía, se preparaba entonces para iniciar su operación de desmantelamiento.

“Ortiz se trasladó a Madariaga para cerrar la UPA alegando varias irregularidades, pero tuvo que dar marcha atrás por la fuerte presión de los trabajadores y los gremios. En ese momento, asumió el compromiso de darle continuidad al servicio y regularizar la situación de los profesionales y los no profesionales que estaban trabajando en el lugar”, recordó, en diálogo con Contexto, Marta Márquez, vicepresidenta de CICOP, sindicato que se movilizó en defensa de la dependencia sanitaria junto a ATE.

Luego, la ministra envió capacitadores que anunciaron al personal que la UPA sería reconvertida en un centro especializado de salud mental y adicciones, pero no fue más que la excusa para suspender la atención al público y avanzar sigilosamente con el cierre.

La clausura definitiva se confirmó en los últimos días sin ningún aviso previo. Desde la provincia tampoco dieron explicación alguna. Los únicos que salieron a justificar la medida fueron funcionarios de Madariaga y Pinamar –distritos gobernados por Cambiemos–, que a coro trataron de explicar que el lugar “no era apropiado ni viable”.

Para Márquez, la decisión que tomó Ortiz es “sumamente preocupante”, y adelantó que la CICOP analiza “acciones gremiales para acompañar a quienes son los primeros damnificados: los trabajadores y los vecinos de la zona”.

“Considerar que algo es viable o inviable no es un argumento sostenible desde el punto de vista de la salud pública. No pueden cerrar efectores en las condiciones en que se encuentra el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. El de Madariaga estaba estratégicamente ubicado y brindaba un servicio importante. Si había alguna irregularidad, debieron haberla solucionado, pero la función del Estado no es ir y cerrar. Ortiz tenía la obligación de sostener esa Unidad de Pronta Atención”, remarcó la sindicalista.

Bruno Yoldi, médico que estuvo hasta último momento en la UPA 19, contó a este medio que las mismas autoridades comunales que hoy justifican el cierre “habían pedido que la provincia no se fuera, que se quedara en la región”.

“Los hospitales municipales de Madariaga y Pinamar tienen escasos recursos y están colapsados. Hay que derivar mucho en ambulancia y lo más cercano es Mar del Plata. Estamos hablando, como mínimo, de dos horas de viaje fuera de temporada”, sostuvo el profesional, y destacó el rol fundamental de la UPA en la atención de “accidentes de tránsito”, o en casos como el del “alumno de parapente que durante el verano resultó gravemente herido al caer en el aeródromo de Pinamar”.

Según Márquez, “hay que estar muy alerta”, porque en el macrismo “no entienden la salud pública como algo universal, gratuito y de calidad”.

“Cuando asumieron las nuevas autoridades del Ministerio de Salud, el primer funcionario que nos recibió fue el director provincial de Hospitales, Alberto Lazo, quien luego terminó renunciando. Lazo nos dijo en esa oportunidad que todo paciente debía ser ‘facturable’. ¡Un espanto! La salud pública es un derecho y el Estado debe garantizarlo”, enfatizó la vicepresidenta de la CICOP.


 

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