Por Contexto

Si bien era previsible que el cambio también iba a llegar a los sectores más conservadores de la Justicia, todavía genera asombro, conmoción y bronca la decisión de absolver a tres genocidas confesos que tomó hace horas la Sala III de la Cámara de Casación Penal Nacional. Con el argumento de los que militares cometieron “excesos” en un “contexto de violencia generalizada”, dejaron en libertad a quienes habían sido declarados culpables de la llamada “Masacre de Capilla del Rosario” en Catamarca, en 1974.

“Esto se debe a que han cambiado las condiciones políticas del país”, aseguró Raúl “Boli” Lescano, exintegrante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y sobreviviente de dicha operación criminal, que tuvo lugar el 12 de agosto y en la cual fueron fusilados catorce miembros de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, del ERP

Para Lescano, actual secretario político de la agrupación Quebracho, “todo lo que está pasando en el país se relaciona”, porque “un Gobierno que le ha sacado la comida al pueblo tiene su correlato institucional y represivo en esta falta de condena de asesinos confesos y condenados”.

“Quien les habla y Fernando Esteche están condenados por repudiar el asesinato del docente Fuentealba, y estos tipos estarán sueltos y son absueltos después de haber aceptado la masacre de compañeros”, agregó Lescano, que también fue testigo clave en el proceso que sí terminó con una condena a prisión perpetua.

“un gobierno que le ha sacado la comida al pueblo tiene su correlato institucional y represivo en esta falta de condena de asesinos confesos y condenados.”

Los beneficiados con este cambio de paradigma son Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Ezequiel Acosta, quienes habían sido enjuiciados en primera instancia en 2013 por el Tribunal Oral de Catamarca por catorce “homicidios calificados agravados por alevosía”.

“Expreso mi total repudio, que es mío y de todos los compañeros que se están enterando de esta salvajada judicial”, agregó Lescano, quien al mismo tiempo adelantó que ya se prepara “una visita” a Catamarca para “evitar que haya impunidad”.

“No confiamos en la justicia de un Gobierno nacional que, por sus declaraciones, como la de afirmar que los derechos humanos son un curro, ya sabemos lo que piensa de estos juicios”, concluyó “Boli”.

El reclamo va a seguir

En la misma línea se expresó Raúl “Vasco” Huidobro, integrante de Quebracho y sobreviviente del Operativo Independencia de Tucumán, la represión ilegal desatada en aquella provincia para exterminar al ERP y otros grupos guerrilleros con asiento en el norte.

“Vamos a seguir peleando para que estén en la cárcel de nuevo, porque ellos son los verdaderos asesinos”, dijo Huidobro, y, al igual que Lescano, confirmó que se planea una movilización. “Ya estamos charlando con algunos compañeros para que el 19 de agosto estemos en Catamarca denunciado con el pueblo entero estos hechos, y para plantear que los únicos genocidas son los que asesinaron a nuestro pueblo”, informó.

“Ya estamos charlando con algunos compañeros para que el 19 de agosto estemos en Catamarca denunciado con el pueblo entero estos hechos.”

La decisión judicial, que ya es ampliamente repudiada por la mayoría de los espacios políticos y sociales y de los diferentes organismos de derechos humanos, fue firmada con la aprobación de los magistrados Eduardo Riggi y Liliana Catucci, y con la disidencia de Ana María Figueroa. Los argumentos contradicen la jurisprudencia que permitió encarcelar a decenas de represores tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final

Según el diario Página/12 de este sábado, los jueces trazaron dos líneas interpretativas para liberar a los tres ex militares. La primera es asegurar que no había plan sistemático de exterminio antes del 24 de marzo de 1976. En ese punto, no recupera fallos previos de la misma Casación en causas como las del ya citado Operativo Independencia, de los crímenes de la CNU y de la Triple A, todos hechos previos a marzo de 1976. Además, justifica los asesinatos bajo la lógica de la “defensa de las instituciones democráticas”.

Según la otra línea, no hubo un fusilamiento sino un “enfrentamiento” en el marco de “probables excesos en la forma de enfrentar y reprimir dichas conductas de parte de las fuerzas de seguridad”. Para los jueces, esos “probables excesos”, además, serían “como contrapartida” a “los crímenes y atentados” de distintas “agrupaciones o bandas”. El razonamiento es un intento de superar la teoría de los dos demonios, es un ellos se lo buscaron.

Para llegar a esa conclusión, los testigos oculares quedaron desacreditados. De José Fernando Gambarella, un ex conscripto que contó cómo cuatro personas que se encontraban con las manos en alto fueron ultimadas, dijeron que era difícil que se acordara de algo sucedido hace cuarenta años. Sobre los exintegrantes del ERP que también presenciaron los aniquilamientos, aseguraron que eran poco creíbles porque “sin el menor pudor reconocieron haber procurado copar esa unidad militar para obtener armamento”.

Quien también se mostró contrario a lo sucedido fue el fiscal federal Rafael Vehil Ruiz, quien estuvo a cargo del juicio oral pero además al frente de los nueve años de investigación de la causa. “Soy muy respetuoso porque entiendo que eso hace al Estado de derecho, pero la verdad es que fue un fusilamiento, que fueron delitos de lesa humanidad y que los tres acusados son responsables porque participaron”, declaró también a Página/12.