Por Héctor Bernardo

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, defendió públicamente al ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren: aseguró que “no hay incompatibilidad” y que las acciones por 16 millones de pesos que el ex CEO de la petrolera holandesa tiene en “Shell internacional son ínfimas respecto a la empresa”.

Peña simula desconocer que el artículo 15 de la Ley de Ética Pública señala que el funcionario debe “abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o en los que tenga participación societaria”. El propio Aranguren admite haber dejado de ser CEO de Shell-Argentina en 2015, hace menos de un año.

Además, el diario oficialista La Nación señaló: “que el ministro de Energía declaró poseer $16.326.051,67 en acciones clase A de Royal Dutch Shell PLC, la petrolera de cuya filial argentina fue CEO hasta el año pasado. Hoy, Aranguren debe controlar a la misma empresa en la que tiene puesta parte de su fortuna”.

En su rol de ministro, Aranguren tomó tres medidas que beneficiaron directamente a la empresa Shell: el aumento de la tarifa del gas, cuya principal proveedora es la empresa que presidía hasta el año pasado; la licitación de buques que transportarán gas licuado, de los cuales siete de los ocho barcos que se licitaban los ganó Shell; la decisión de dejar de comprarle gas a Bolivia para comprárselo a Chile, siendo que el país trasandino no produce gas sino que se lo compra a Shell, con el dato de que el precio del gas chileno es 128% más caro que el gas que venía de Bolivia.

El diario de los Mitre señaló que el diputado Pablo Tonelli defendió al ministro al asegurar que “no tiene intereses directos”. Luego, el diputado del PRO agregó que para “descartar dudas sobre el patrimonio del ministro de Energía habría que hacer una denuncia en la Oficina Anticorrupción”.

Lo que parece desconocer el legislador macrista Tonelli es que los diputados del Frente para la Victoria (FpV) Rodolfo Tailhade y Martín Doñate ya realizaron la denuncia contra Aranguren, no sólo en la Oficina Anticorrupción que maneja la militante del PRO Laura Alonso, sino también ante la Justicia, y que, recientemente, el fiscal federal Carlos Stornelli imputó al ministro por esta denuncia.

El diputado Martín Doñate, uno de los denunciantes, señaló: “No pueden tapar el sol con las manos. Están tan a la vista y son tan evidentes los elementos que existen para verificar la ilegalidad, la incompatibilidad y el tremendo negocio que están haciendo con las resoluciones que toman desde el Ministerio de Energía, que no hay posibilidades de ocultarlo”.

“En primer lugar, hay que saber que cualquiera que lea la Ley de Ética Pública se dará cuenta de que Aranguren jamás podría haber sido ministro de Energía de la Nación. En segundo lugar, como ministro, tiene acceso a información secreta, confidencial y estratégica de YPF, que es la principal competidora de Shell. En tercer lugar, las decisiones que ha tomado el Ministerio, las licitaciones por la compra de gasoil, que de ocho licitaciones siete las ganó Shell, de la cual Aranguren no solamente fue su presidente sino que es accionista. Hoy confiesa lo que nosotros denunciamos: que sigue siendo dueño de la empresa Shell, que es la gran beneficiada por este tarifazo que estamos sufriendo los argentinos y por una serie de medidas que han hecho que la empresa crezca desde el punto de vista económico y, por ende, también los bolsillos de Aranguren”, aseguró el diputado.

Doñate también señaló que “la compra de gas a Chile es de manera directa, sin ningún tipo de licitación, por un 128% más caro que si lo se compra a Bolivia. Aranguren es uno de los principales beneficiados, porque en realidad Chile no es productor de gas, sino que nos revende. Y Chile se lo compra a British Gas (BG), que es la empresa que el año pasado adquirió Shell en una operación multimillonaria de 70 mil millones de dólares”,

“Todos estos elementos hacen que nosotros, en su momento, hayamos ido a la Oficina Anticorrupción, quien debe velar por el pleno cumplimiento de la Ley de Ética Pública, para que Laura Alonso inicie una investigación. Luego, al ver que la licenciada Alonso no hacía nada, sino que, por el contrario, salía en defensa de cada una de las irregularidades del Gobierno nacional, fuimos a la Justicia penal y el fiscal Stornelli”, agregó.

Por último, el diputado Doñate aseguró: “Nunca vi un negociado tan burdo en la historia de la administración del Estado argentino por parte de una empresa, que se mete en el Estado a beneficiarse a sí misma”.


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