Por Fernando M. López

El Plan Belgrano es promocionado por el macrismo como un programa de “desarrollo estratégico” para el norte del país (Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero), que en los próximos cuatro años se propone “ambiciosas inversiones” en materia de infraestructura, “intervención rápida en focos de pobreza extrema” y lucha contra el narcotráfico.

Pero detrás del telón existe un complejo entramado de relaciones que involucra al Gobierno de Mauricio Macri, la Casa Blanca y grandes corporaciones transnacionales por el saqueo de los recursos naturales de la zona.

“Estados Unidos tiene un interés muy grande de asegurarse una presencia decisiva en la región porque resulta que allí se encuentran las mayores reservas de litio del planeta. La zona del norte argentino y el sur boliviano es como la Arabia Saudita del siglo XXI”, explicó a Contexto el sociólogo y analista político Atilio Boron.

Los salares ubicados en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, junto a los de Bolivia (Uyuni) y Chile (Atacama), conforman el llamado “Triángulo del Litio”, con más del 85% de las reservas mundiales conocidas.

Se trata de un mineral cada vez más requerido no sólo para baterías de aparatos electrónicos, como celulares, computadoras y cámaras digitales, sino también para la industria automotriz, cuya demanda disparó el precio a nivel internacional en los últimos meses.

El 70% del mercado mundial del litio es manejado por tres compañías, dos de ellas estadounidenses: 33% Albemarle Corporation –propietaria del 100% de Rockwood Lithium y el 49% de Talison Lithium– y 12% FMC Corporation. Mientras que la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), empresa pública privatizada desde la dictadura de Augusto Pinochet, ostenta el 25% restante.

En Argentina, las principales explotaciones de litio –que el año pasado alcanzaron un total de 3.800 toneladas con destino a Estados Unidos y China– están bajo el control de FMC. La transnacional se estableció en el país luego de la sanción de la Ley de Inversiones Mineras del menemismo, y a través de su filial local, Minera del Altiplano S.A., obtuvo la concesión del Salar del Hombre Muerto en Catamarca. En esa provincia tiene una planta de carbonato de litio que comenzó a producir en 1997, y un año después abrió otra en Güemes, Salta, para procesar cloruro de litio.

En febrero de este año, FMC fue una de las empresas beneficiadas por la eliminación de las retenciones mineras, pero el Plan Belgrano le abre posibilidades ilimitadas, ya que ahora también están en juego otros salares importantes en Jujuy, donde operan Orocobre Limited, Toyota Tsusho, Lithium Americas y SQM; y en Salta, donde hay proyectos en marcha con Eramine y Lithium X Energy Corp.

El gobernador radical-macrista Gerardo Morales, anfitrión en abril del V Seminario Internacional de Litio en San Salvador de Jujuy, dijo que el Plan Belgrano “va en línea” con “la eliminación de las retenciones a la exportación y el sinceramiento del tipo de cambio”.

En ese encuentro también quedó en claro que lo que primará será el modelo extractivista. Tras la creación de la estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), en 2011, surgió un proyecto de Y-TEC (la empresa de tecnología de YPF y el CONICET) y la Universidad Nacional de Jujuy para crear una fábrica de baterías de litio en la ciudad de Palpalá, pero el actual director nacional de Promoción Minera, Daniel Jerez, afirmó en su exposición que esa iniciativa no es rentable.

“El agregado de valor que siempre se pensó centrado en la posibilidad de fabricar baterías de litio no es la única salida por entender que se competiría con corporaciones que hace décadas las desarrollan”, añadió el presidente del Servicio Geológico Minero (Segemar), Julio Ríos Gómez, en ese mismo seminario.

Como la mayoría de los funcionarios macristas, Río Gómez viene de los sectores más concentrados de la economía. Antes de asumir en Segemar, fue titular del Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (Gemera) y socio fundador de Geotécnica Argentina S.R.L., que tiene entre sus principales clientes a la canadiense Barrick Gold y a la británica Anglo American.

Bolivia en el blanco

A pesar de las favorables condiciones que ofrece Argentina a las transnacionales para ampliar la explotación de litio en el norte del país y exportarlo como materia prima, el principal objetivo de Estados Unidos son los salares bolivianos de Potosí, donde se concentra más de la mitad de las reservas mundiales y donde las empresas extranjeras han visto frustrados todos sus intentos de instalar el modelo extractivista.

Con el Gobierno de Evo Morales se puso en marcha un plan de industrialización soberana de los recursos evaporíticos, que contempla la producción de carbonato de litio y cloruro de potasio, y la producción de baterías de ion-litio. Hasta 2019, el Estado prevé invertir más de 900 millones de dólares para explotar cuatrocientos kilómetros cuadrados del Salar de Uyuni –sobre una superficie total de 10.582 km²–, y comenzar a producir baterías en la planta piloto de La Palca.

“Con la explotación e industrialización del litio en esos cuatrocientos kilómetros cuadrados tenemos para mantenernos cien años”, sostuvo Morales el año pasado, y más tarde denunció el “chantaje” de los países centrales que “sólo se interesaban en comprar la materia prima, pero no deseaban transferir conocimientos y la tecnología para su industrialización”.

Ahora, con el Plan Belgrano de Macri, la frontera argentino-boliviana podría transformarse en un importante foco de desestabilización contra el Gobierno popular del país andino.

En este sentido, Boron alertó sobre los acuerdos firmados en marzo pasado entre Argentina y Estados Unidos durante la visita de Barack Obama, que incluyen un amplio apartado en materia de “seguridad y defensa”, con la intervención del FBI, la DEA, la CIA y el Pentágono.

“Macri está abriendo las puertas a la presencia militar norteamericana, y cuando se abre esa puerta no se cierra más”, subrayó el politólogo a este diario.

Las excusas, una vez más, son la lucha contra el narcotráfico y la guerra contra el terrorismo, que le han servido a Estados Unidos para desplegar su política injerencista en América Latina durante los últimos treinta años.

La presencia en Argentina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ya es un hecho y hasta toman decisiones claves en los distintos organismos de seguridad que están en manos del macrismo. Sin ir más lejos, a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, le pusieron el jefe de la Policía Bonaerense, Pablo Bressi, y al nuevo ministro de Justicia, Gustavo Ferrari.

Bases militares

A mediados de mayo pasado, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares de la Nación, Ángel Tello, viajó a Washington para retomar las relaciones con el Pentágono, luego de la política soberana de Defensa que desarrolló el kirchnerismo, con la que se logró impedir en 2012 la instalación de una base del Comando Sur de los Estados Unidos en la provincia del Chaco.

En la nueva planificación estratégica del Pentágono, uno de los lugares donde los marines aspiran a plantar bandera es la Triple Frontera, mencionada en los acuerdos entre Macri y Obama en el marco del “combate al terrorismo”.

Bajo la máscara del Plan Belgrano, el “terrorismo”, o “esfuerzos conjuntos en materia de emergencias humanitarias”, Macri podría dar luz verde allí a los anhelos frustrados de George W. Bush, quien en su “guerra del Bien contra el Mal” proponía invadir ese punto limítrofe entre Argentina, Paraguay y Brasil, donde converge –por cierto– una de las mayores reservas de agua dulce del planeta: el Acuífero Guaraní.

Por lo pronto, a su regreso de Washington, Tello deslizó la posibilidad de crear una base en Ushuaia para la operación de buques y aviones destinados a “estudios científicos” en el denominado “Polo Logístico Antártico”.

“La Antártida es la mayor reserva de agua dulce congelada en el mundo. Justamente en ese sector es donde nos disputamos soberanía Argentina, Chile y Gran Bretaña. En la Península Antártica se encuentran los mayores yacimientos de hidrocarburos de la región y hay minerales altamente estratégicos que son indispensables para la industria militar y la aeroespacial. El objetivo de Estados Unidos es obtener el control de todos nuestros recursos naturales”, advirtió Elsa Bruzzone, experta en geopolítica y secretaria del Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA), en declaraciones a TeleSUR.

En este contexto, es posible visualizar en toda su dimensión el reciente decreto de Macri (721/2016) que devuelve a las Fuerzas Armadas las atribuciones que tenían durante la última dictadura cívico-militar. Las cúpulas militares podrán ahora reordenar con autonomía sus cuadros de mando en función de las necesidades imperiales.