Por Fernando M. López

Mariana Condori, madre de tres hijos, tenía veinte años cuando la encontraron ahorcada en su casa de Villa Elvira. Fue el 14 de marzo de 2012. Una semana antes de morir, había denunciado a su pareja, Gabriel Emir Maldonado, por los graves hechos de violencia que venía padeciendo.

Desde entonces, sus familiares reclaman justicia. Luego de cuatro años de lucha e innumerables escollos, junto al Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), lograron llevar a juicio al femicida, aunque no por la muerte de Mariana, sino por cuatro delitos vinculados con la denuncia que ella llegó a presentar: privación ilegítima de la libertad, lesiones, amenazas calificadas y daños.

El proceso tendrá lugar los días 10, 13 y 14 de junio en el Juzgado Correccional N° 5 de La Plata, a cargo de Diego Tatarsky, quien resolvió desarrollarlo a puertas cerradas, pese a las fuertes objeciones que plantearon las abogadas de la familia.

“Estoy muy indignada con la Justicia. Desde un principio hicieron las cosas muy mal y ahora, cuando estamos a un paso del juicio, le quieren cubrir las espaldas a Maldonado”, dijo Alejandra, madre de Mariana, en diálogo con Contexto.

La mujer recordó que su hija se había ido a vivir con ella “porque ya no aguantaba más la violencia”. A poco de nacer, la beba en común de la pareja, Aimara, quedó internada en el Hospital de Niños por una bronquiolitis. Mariana estuvo un mes con la pequeña en ese nosocomio, pero incluso allí siguió sufriendo agresiones físicas, verbales y psicológicas.

“Cuando le dieron el alta a Aimara, vinieron en moto para mi casa. Ella manejaba y él iba atrás con la beba en brazos. Yo vivo en Los Hornos. Desde el Hospital hasta la puerta de mi casa, la golpeó y amenazó con un revólver. Luego le rompió la mandíbula a trompadas. Ese día, Mariana decidió quedarse a vivir conmigo y se animó a denunciarlo”, relató.

La joven se acercó a la Comisaría 3ª de La Plata y la denuncia cayó en manos del fiscal Marcelo Romero, quien propuso una instancia de mediación para la pareja.

Sofía Caravelos, abogada del CIAJ, explicó a Contexto que en esa oportunidad “el agresor no fue aprendido ni detenido. Tampoco hubo ninguna medida de protección ni de contención para la víctima. Mariana quedó a la deriva y, en ese contexto, Maldonado volvió a agredirla físicamente y le rompió todo en su vivienda. Ella no sólo vivió la violencia intrafamiliar. Por su condición de mujer joven y pobre sufrió todas las violencias estructurales de esta sociedad”.

“Mientras Mariana estuvo en mi casa, él venía varias veces por día a insistirle que volviera, que se iba a matar si ella no regresaba. Un domingo la convenció y se la llevó. El martes mi hija estaba muerta. A mí no me cierra que se haya ahorcado sola, porque la casa estaba destruida, no había nada sano. Todo estaba roto y dado vuelta. Encima, cuando llegó la Policía, él quiso darse a la fuga con Aimara, pero lo terminaron agarrando a dos cuadras. Rompió una patrulla e hizo destrozos en la comisaría”, comentó Alejandra.

Fue entonces cuando Romero pidió que se lo procesara por “instigación al suicidio”. El fiscal fundamentó que “el autor anuló totalmente la voluntad y decisión de la víctima, transformándola en un mero instrumento para perfeccionar su cometido, al crear no sólo las condiciones externas, sino también minando el libre albedrío de la víctima”. Sin embargo, la jueza de Garantías, Marcela Garmendia, rechazó la solicitud y sólo lo imputó por “daños calificados”.

Maldonado pudo haber quedado en libertad en ese momento porque fue acusado de un delito excarcelable, pero, como tenía antecedentes por robo, no pudo acceder al beneficio.

Recién dos años después, tras un intenso trabajo del CIAJ, Garmendia accedió a convertir la detención de Maldonado en prisión preventiva por los delitos cometidos contra su pareja, aunque se presentó una nueva irregularidad. La jueza de Ejecución Penal, Claudia Marengo, dispuso su libertad asistida en la causa por hurto, sin tener en cuenta la prisión preventiva que había dispuesto el fuero de Garantías en el caso Condori. Fue así como, el 5 de septiembre de 2014, salió de la Unidad 18 de Gorina por un “error” judicial.

Una semanas más tarde, a bordo de una moto y con un arma de fuego, el femicida se dirigió hasta el barrio Los Hornos y baleó la vivienda de Alejandra. Lo arrestaron ese mismo día y desde entonces se encuentra detenido.

Un paso en el largo camino de la justicia

Tanto la familia de Mariana como el CIAJ esperan que Maldonado resulte condenado por los delitos que se le atribuyen en el marco de la violencia de género, pero quedará pendiente la imputación por “instigación al suicidio”, que “pasea aún por los pasillos de tribunales”.

“Este es un primer paso luego de cuatro años de lucha, por lo menos para poder ir a un juicio, mirarle la cara a Maldonado y preguntarle qué pasó con Mariana”, consideró Alejandra y convocó “a todos a que nos acompañen” .

La familia se sumará este viernes a la concentración en Plaza Moreno contra la violencia machista, bajo la consigna “Ni una menos. Vivas nos queremos”, y la semana que viene impulsará una serie de movilizaciones para los tres días del juicio contra Maldonado.

En tanto, Caravelos remarcó la importancia de este proceso que pone en evidencia la responsabilidad del Estado “en instancias previas a las muertes de las mujeres”.

“Según un informe del Observatorio de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, casi el 80% de las causas que inician las víctimas, en general calificadas como lesiones y amenazas, son archivadas”, sostuvo, y planteó la necesidad de transformar “esta Justicia que es conservadora, clasista, sexista y racista”.

Desde el CIAJ también repudiaron la decisión del juez Tatarsky de realizar el juicio contra Maldonado a puertas cerradas, lo que demuestra que “el Poder Judicial sigue minimizando la violencia de género, la sigue naturalizando y considerando un asunto privado”.

“El debate debe ser oral y público, aunque el fiscal que actuará en este juicio y el defensor del imputado soliciten lo contrario”, subrayaron.

El fiscal es nada menos que Álvaro Garganta, cuestionado a raíz de su inacción en la causa por la muerte de la estudiante de periodismo Emilia Uscamayta Curí, que compromete a la gestión del intendente macrista Julio Garro.