Por Leandro Gianello

Luego de la última dictadura cívico-militar, el Gobierno democrático de Alfonsín quitó una serie de atribuciones políticas a las Fuerzas Armadas para reforzar el control civil sobre la estructura castrense que tanto daño había causado en la sociedad argentina desde hacía décadas.

Básicamente, el Decreto 436 del año 1984 reducía algunas libertades que tenían los rangos militares superiores para decidir los ascensos, traslados, designaciones, premios o incorporación de retirados como docentes en los espacios de formación, trasladando esas atribuciones a la competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, aumentando así el control político.

Ahora, el Decreto 721/2016, firmado por el presidente Mauricio Macri y su ministro de Defensa Julio Martínez, justifica la necesidad de “establecer procedimientos ágiles que permitan atender las cuestiones relacionadas con la gestión del personal de las Fuerzas Armadas”, ordenando y actualizando “el régimen de delegación de facultades” y adecuando “las disposiciones en materia de designación del personal militar y civil para prestar servicios”.

El ex ministro de Defensa Agustín Rossi explicó que la normativa publicada ayer en el Boletín Oficial “modifica las facultades delegadas al ministro por el Presidente de la Nación, restringiéndolas, en comparación con los Decretos de los años 1984 y 1985, y transfiriendo las mismas a los jefes de los Estados Mayores Generales”, derogando completamente el Decreto 436/84 y cambiando el 101/85.

La legislación, entre otras cosas, “le quita al ministro la facultad de disponer los cambios de destino, otorgando esta facultad a los jefes”. Hasta ahora, estos últimos “sólo podían disponer los cambios de destino del personal subalterno y del superior hasta el grado de teniente coronel o equivalente”, publicó Rossi en su web oficial.

En relación con el otorgamiento de los distintos puestos, antes el ministro de Defensa “calificaba el egreso y promovía los grados”, ahora sólo otorga estos últimos, delegando la calificación a los jefes de las Fuerzas. Del mismo modo “con el viejo decreto, el ministro participaba con su firma en los procedimientos de Alta Efectiva en Comisión de quienes ingresan a las Fuerzas como profesionales”, pero ahora ”sólo otorgará las Altas Efectivas”, indicó el comunicado.

Respecto de las designaciones del personal militar, Rossi explica que se limita “la facultad del ministro a la conducción superior de la Fuerzas”, que el decreto no define. En cambio, el 436/84 de Alfonsín “establecía la facultad del ministro de realizar designaciones a partir del grado de coronel o equivalente, más amplio que conducción superior”.

A su vez, es destacable que las designaciones realizadas hasta antes del 721/16 eran controladas por las distintas áreas del Ministerio de Defensa, como Derechos Humanos y Transparencia Institucional. Ahora, limitando esa facultad, “se evita el control de los antecedentes del personal militar propuesto”.

“Respecto a recursos administrativos contra resoluciones de los jefes de las Fuerzas”, la novedad es que se establece una distinción “que consideramos arbitraria y hasta podríamos decir que es violatoria del derecho de defensa, del debido proceso y de la Ley de Procedimientos Administrativos, ya que a más elevado rango militar, la vía administrativa se agota con recursos ante más alta autoridad, en tanto que a menor rango militar la vía administrativa se agota con decisiones de los jefes de las Fuerzas”, agrega el texto del ex funcionario.

Delegación de poder

Por último, y no menos importante, en “la representación judicial del Estado, el Decreto 1265/87 establecía que el inicio de acciones judiciales contra el Estado, como así también las contestaciones de demandas, serían autorizados por ministros y que dichas funciones podrían ser delegadas” a los cargos superiores, pero ahora esa potestad es depositada “directamente en los jefes de las Fuerzas”, que pueden autorizar “todos los actos procesales de representación en juicio del Estado”, con lo cual tendrán “amplias facultades para iniciar juicios y contestar demandas, sin intervención ni control por parte del Ministerio”, advirtió Rossi.

Por su parte, Jorge Bernetti, ex vocero del Ministerio de Defensa durante la gestión de Nilda Garré, explicó a Contexto que, si bien el Decreto 721/2016 no supone autonomía total, “todo lo que implique una delegación de poder y la no centralización de las funciones reduce el control político dentro de las Fuerzas Armadas”.

“El Decreto tiene que ver con el funcionamiento interno de las Fuerzas, tal y como lo tienen otras instituciones del Estado. No otorga libertad de acción a los rangos superiores para nombrar, por ejemplo, a brigadieres y generales”, pero siempre es necesario que este tipo de disposiciones se den a conocer para que el control civil sea más efectivo, destacó Bernetti.

A su vez, Ileana Arduino, ex directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, indicó que “el decreto 721/2016, además de permitir reincorporar retirados a la docencia autónomamente, devuelve a las Fuerzas Armadas la decisión sobre los destinos”, facilitando prácticas personalistas, elitistas y de castigo, que podrían ocultar, por ejemplo, “discriminación de género en los cambios de destino” o facilitar el armado de “grupetes que aseguran descontrol”.

Es un contraste muy fuerte con la gestión de Garré, en la que “aprovechó al máximo las posibilidades de control político”, pero que ahora, ocho años después, el decreto macrista pulveriza. “Volvimos al alfonsinismo en materia de autonomía militar, eso es grave”, concluyó Arduino.