Por Leandro Ciappina, Nicolás Colombo y Franco Dall’Oste

Gabriela Sosti es fiscal ad hoc del Ministerio Público Fiscal. Estuvo a cargo del debate por los imputados del Batallón 601 y por los crímenes del circuito clandestino de Atlético, Banco y Olimpo (ABO).

El 18 de mayo participó como invitada del seminario “Derechos Humanos y Subjetividad. Una perspectiva reparatoria desde la interdisciplina, en el marco de los juicios contra del terrorismo de Estado”, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social.

Es importante recalcar el contexto: a comienzos de enero, Página/12 hacía un balance sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad y sacaba una conclusión alarmante: a pesar de los 153 juicios, 660 condenados y 60 personas absueltas, hubo 25 sentencias en 2014 y sólo 19 en 2015, es decir, hay desaceleración.

Desde 2015, también comenzaron a aparecer absoluciones mal dictadas, se empezó a dictar la prisión domiciliaria como modo de prisión habitual, y se instalaron los “ceses de las prisiones preventivas”, con cauciones ridículas de 50 mil pesos, lo mismo que se dicta por un homicidio común. Todo esto, a su vez, da cuenta de algo más temible: el famoso artículo de La Nación del 23 de noviembre pasado no fue una “irrupción” de un discurso de derecha, sino algo que venía siendo trabajado desde las sombras, algo que no quisimos ver.

-¿Cómo se resiste ante el panorama actual? ¿Cómo frenar esos procesos que parecen más fuertes que nunca?

-Decímelo a mí, que todos los días estoy oponiéndome a una prisión domiciliaria.

La dinámica judicial es muy particular: una vez que se instala un determinado paradigma jurídico, los jueces van detrás.

El tema de las prisiones domiciliarias empezó a cambiar y los jueces empezaron a mandar a los tipos a la casa por cualquier cosa: se le encarna una uña de la mano y van a la casa. Es tremendo. Con el argumento de “la unidad no tiene ambulancias o medios”, bueno, entonces saquen a todos afuera, porque si no la tienen para el señor mayor, no la tienen para el muchacho que lo acuchillan adentro.

Detrás de todo esto hay obviamente una cuestión ideológica, eso sin duda. En muchos casos hay jueces que, como les da currículum y un sobresueldo, forman parte de estos tribunales. Pero muchos de ellos no tienen la menor intención de hacerlo. Cobran un porcentaje más, que no sé cuál es, por estar en otro tribunal colaborando. Con lo cual no hay una vocación de servicio de enjuiciar a propios criminales.

También sucede que en algún punto el derecho penal está pensado para ladrones de gallinas. Y los jueces estan pensados para meter presos a ladrones de gallinas.

Lo que no se puede perder de vista es que si no juzgamos a estos tipos, si no juzgamos al Estado cuando se transforma en genocida, no sé qué lugar ético tenemos para juzgar al pibe que afana un pasacasetes. Es el crimen máximo. Es un crimen de una gravedad inusitada. Por eso son imprescriptibles.

Ese discurso se está adelgazando, se están empoderando mucho los defensores, sobre todo los defensores oficiales, con argumentos que parecen trasnochados, cuestionando fallas de la Corte, cuestionando la legitimidad de la imprescriptibilidad, discursos que ya estaban superados, superadísimos, y vuelven otra vez. Vuelven porque todo esto es una lucha, una lucha teórica, pero cuando hay un retroceso o un estancamiento (tengo la sensación de que hay una especie de estancamiento) y los otros avanzan, lo que hay que hacer ahora es volver a rearmarse y volver a validar esa postura.

-Hace poco se expresó sobre el poco público que va a presenciar las audiencias, en un contexto donde la marcha del último 24 de marzo tuvo récord de personas participando. ¿Qué estrategias se pueden utilizar para intentar que ese público, que participa en cierto tipo de movilizaciones, vaya a las audiencias para que los juicios sean masivos?

-Este tema lo vengo pensando y hablando desde siempre. Hay varios factores que inciden, y siempre lo menciono de esta manera: la vocación de los procesos de memoria, verdad y justicia quedaron en un estado formalizado.

En el reclamo es paradójico esto: los 24 de marzo la gente pide juicio y castigo, cantan “como a los nazis les va a pasar” y, sin embargo, esa misma gente se desapropió de ese reclamo en otros escenarios. Ese reclamo de verdad y justicia no se actualiza donde debería en este momento, que no es solamente en la plaza. La plaza es muy importante, es un escenario de mucha visibilidad, pero algo pasa con los juicios que todavía no tengo muy en claro.

Por un lado, creo que hay algo de la propia tradición del Poder Judicial: la gente no sabe que puede, que tiene que ir a juicios. Y no es solamente a estos juicios, sino a cualquier juicio: sentarse y presenciar la audiencia. Parece que eso queda, en parte, a cargo de los sobrevivientes, de los familiares o de los organismos de derechos humanos, cuando en realidad es tu juicio, son los juicios a la historia. Son juicios únicos en el país y únicos para la historia del Poder Judicial, a tal nivel que vienen observadores internacionales a ver esta dinámica, que es absolutamente inusitada: no se ha dado casi en ningún lugar del mundo, sólo en los juicios de Camboya, que se juzgue a todos los responsables.

Creo que en gran medida hay una enorme falla de comunicación. De hecho, el único diario que cubre es Página/12, y no todos los juicios.

Igualmente, en el juicio a las juntas era complicadísimo ir: las salas estaban siempre llenas, había que conseguir entrada…fue un proceso mucho más acotado (duró un año y medio). Estos juicios duran mucho tiempo.

La gente muchas veces, cuando le preguntás por qué no van, responde “ah, ¿se puede ir?”. Todavía no saben que pueden apropiarse de ese espacio. Y, por otro lado, no hay una convocatoria, no sé quién es el que la debería hacer. Yo cada vez que puedo digo “hay que poblar las salas, las salas están abiertas a la gente”. Porque es interesante lo que pasa cuando se vacían las salas, o, mejor dicho, el aporte que hace la presencia del pueblo.

Insisto: no son solamente juicios para los organismos. Es un examen tangencial y casi inconsciente a los jueces: la ciudadanía tiene que ver qué es lo que pasa. Se da una situación bastante paradójica e importante que es que cuando los jueces ven la sala llena se cuidan. Se sienten observados, en el mejor sentido, y cumplen de otra manera su rol. Cuando las salas están vacías, que es lo que está pasando ahora, se abre ese espacio a otros agentes. Por ejemplo, hoy día van muchos más los familiares de los represores que el resto de la gente.

Yo insisto en esto: hay que volver a poblar los juicios de lesa humanidad, hay que re militar estos espacios. Porque el único objetivo no es meter a estos tipos presos, sino enterarse de la historia, saber qué es lo que pasó, porque la historia es el presente, sin dudas. Muchas lecturas de lo que está pasando hoy día, gran parte de la pelea que seguimos viviendo, tiene un anclaje con origen en esas prácticas, la etiología de ese genocidio sigue estando vigente. La gran causa que debió haber sido es la causa Plan Cóndor. De ahí debió haber derivado todo. Y el Plan Cóndor está vivo. Lo que está pasando en el país es una continuación del Plan Cóndor. Que las salas estén pobladas también es un ejercicio de cuidadanía y de actualización de la historia, que es fundamental. Y esto no está sucediendo.

-¿Cómo ve los juicios a la pata civil de toda esta estructura, de este plan genocida? ¿Lo ve como agenda instalada, o queda trabajo por hacer? 

-La pata civil son dos: el Poder Judicial y los empresarios. Lo que yo digo “el origen sacrificante”. Los que se beneficiaron de este recorte de la trama social.

No es una agenda instalada: es un discurso instalado en ciertos sectores. Tiene casi un aire bastante parecido al de “ah, sí, los juicios se llevan adelante”. O sea que se postula pero que no se encarna. Yo no veo, y menos en este contexto, muy factible juzgar a los civiles, juzgar la responsabilidad que el sector economico tuvo en el genocidio. Es técnicamente muy complejo. Pero, por otro lado, si hay una presión social para que eso suceda, también los jueces son permeables a la impronta social. De hecho, estos juicios fueron posibles a partir de una presión social. Es decir, el Poder Judicial por sí solo no hizo nada, o en todo caso hizo muy poco.

En este momento, cuando yo digo que hay que militar los juicios, en general es por eso: porque, si queremos salir adelante con esas otras responsabilidades, eso implica meterse con lugares muy delicados, muy sensibles, que en este momento están nuevamente empoderados.

Vos fijate lo que pasó con Blaquier: hay un Blaquier, ahora, que es asesor. Y Blaquier sigue siendo Blaquier, otros sectores económicos siguen siendo y siguen teniendo un poder enorme, sobre todo un poder muy vinculado al Poder Judicial.

Hay algunos que tenemos la intención de avanzar en este sentido, pero no es la mayoría. Y cuesta. Por eso digo que no tengo tan en claro que sea una agenda instalada, o, en todo caso, ¿quién tiene esa agenda instalada? Tal vez algunos medios insisten en ese punto: Página/12 todo el tiempo está hablando de ese tema, pero no tiene demasiada repercusión. Por lo menos no por ahora.

-Habló del impulso que tuvieron los juicios en los últimos diez años. ¿Atribuye esto a políticas de Estado o a una presión social de los movimientos, de las víctimas?

-Es todo. El proceso que encarnaron los colectivos de derechos humanos viene del ochenta para adelante, no pararon nunca, nunca dejaron de reclamar. Y después hubo una confluencia virtuosa a partir de un intersticio que se empieza a armar en el Partido Judicial con (el juez Leopoldo) Schiffrin en La Plata, y que después se sigue con la causa a (Jorge) Videla, que es la de apropiación; finalmente, el juez Cavallo, en la causa Simón (Ndr: el juicio al Turco Julián), que abre y declara inconstitucionales las leyes de impunidad, y sobre eso cómo se monta la dimensión ética que toma el Estado, puntualmente Néstor Kirchner, cuando pide disculpas: el Estado pide disculpas por lo que el mismo Estado hizo.

Eso es enorme, es de una dimensión de dignidad que no siempre se lee a consciencia. Y a partir de ahí, todas las políticas que se implementan. Insisto: la responsabilidad de los juicios no es del Poder Ejecutivo o del PJ. Pero que el Poder Ejecutivo haya apoyado de la manera que apoyó, a través de la Secretaría, de todos los dispositivos que puso a disposición, concretamente lo hizo posible. Y hoy en día es de lamentar que eso no suceda, porque no sé cómo van a seguir funcionando algunas cosas.