Por Fernando M. López

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal logró que sus diputados, con el respaldo del massismo, sancionaran la Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica. Lo hicieron sin debate, mediante un trámite exprés, pasando por alto el rechazo de toda la oposición y de unos 50 mil trabajadores que se manifestaban en las puertas de la Legislatura.

“La forma en que aprobaron la norma, entre gallos y medianoche, fue escandalosa y demuestra que están dispuestos a avanzar con el ajuste a cualquier precio”, dijo a Contexto Oscar de Isasi, secretario general de ATE Provincia.

Mientras los bloques opositores buscan avanzar con la nulidad de la sesión del jueves, el gremio estatal ultima por estas horas un planteo de inconstitucionalidad que será presentado la semana próxima ante la Suprema Corte de Justicia.

“La emergencia administrativa es inconstitucional, porque violenta los derechos laborales de los trabajadores”, fundamentó De Isasi, y aseguró que, además, significa un atropello a “la Ley de Ministerios y la forma de control de los organismos del Estado”.

En cuanto al primer punto, ATE cuestiona el régimen de personal “autónomo”, que establece la norma para la contratación de nuevos empleados sin la regulación de la Ley 10.430, que es la que rige para los trabajadores de la Administración pública bonaerense.

“Esto precariza las relaciones laborales al extremo, genera contratos ultrabasura porque quita los pocos derechos que conceden las leyes laborales y rompe con la posibilidad de pasar algún día a planta permanente. Está moldeado en función de disciplinar a los trabajadores”, explicó el dirigente sindical.

La norma de Vidal también facilita la entrada de empresas privadas a los organismos públicos, contratar servicios y hacer compras sin los más mínimos controles.

Además, esas empresas no necesitarán estar inscriptas en los Registros de Proveedores y Licitadores, como se exigía hasta ahora. “En los listados se controla que por lo menos paguen impuestos. Recién se podrían inscribir después de ser contratadas, en un plazo que lo va a determinar la reglamentación”, detalló De Isasi.

Sobre los controles, agregó que organismos como la Fiscalía de Estado, la Asesoría General de Gobierno y la Contaduría General de la Provincia tendrán “siete días hábiles” para impugnar una contratación privada. De lo contrario, “se autorizará automáticamente”.

“Todo esto es en beneficio de la voracidad del sector privado, para hacer negocios con lo poco que queda del Estado provincial”, subrayó.

El planteo de inconstitucionalidad ante la Corte no será el único frente de batalla de los estatales contra la emergencia administrativa. También prevén continuar con las medidas de fuerza y las movilizaciones.

En principio, prevén para la semana que viene “una acción unificada” con los demás sectores que marcharon masivamente el jueves pasado hacia la Casa de Gobierno y la Legislatura.

“La idea es movilizarnos a las puertas de los organismos públicos en cada punto de la provincia, haciendo asambleas callejeras”, adelantó el titular de ATE.

Contra el ajuste y los despidos

En diálogo con este diario, De Isasi también planteó la necesidad de que las cinco centrales obreras profundicen la “unidad de acción” y llamen a un paro nacional por el veto del presidente Mauricio Macri a la ley antidespidos.

Hasta ahora, sólo barajaron esa posibilidad las dos CTA, lideradas por Hugo Yasky y Pablo Micheli, mientras que las tres ramas de la CGT manifiestan posiciones enfrentadas.

“Ya es tiempo de un paro general para frenar el ajuste de Cambiemos y la implacable transferencias de riquezas del conjunto del pueblo a los sectores más concentrados. Si se frena este año, se pone en discusión la gobernabilidad del ajuste en 2017, cuando habrá elecciones legislativas”, remarcó.