Por Fernando M. López

Por paradójico que suene, Mauricio Macri, quien siempre tiene algún decreto o veto a mano para beneficiar a las grandes corporaciones nacionales e internacionales, podría convertirse en el primer presidente de los últimos sesenta años en provocar la salida de Monsanto del país.

El conflicto no tiene que ver con los costos ambientales, sociales y humanos que genera el modelo impuesto por la transnacional en Argentina, sino con los intereses de las patronales agropecuarias, que pusieron el grito en el cielo cuando Monsanto comenzó a cobrarles regalías por la semilla “Intacta” de soja transgénica.

En esta disputa, no bastaron las operaciones de los funcionarios PRO que responden a la empresa norteamericana, como Leonardo Sarquis –ex CEO de Monsanto y ministro de María Eugenia Vidal–; Macri terminó inclinándose por los exportadores sojeros que cuentan con los servicios del ganadero Ricardo Buryaile, ex vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y actual titular de la cartera nacional de Agroindustria. El Gobierno publicó así la Resolución 140 para desarticular el sistema de fiscalización privado en los puertos, que tenía como objetivo detectar rastros de genes patentados en los granos y proceder al cobro de una tasa de quince dólares por tonelada.

“Estamos decepcionados por la falta de consenso en las recientes conversaciones mantenidas con el Ministerio de Agroindustria”, dijo la semana pasada el CEO global de Monsanto, Brett Begemann, y amenazó con retirar la empresa de Argentina.

La compañía estadounidense entró al país tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón. En 1956, mientras el dictador Pedro Eugenio Aramburu mandaba a fusilar a los peronistas que oponían resistencia a la “Revolución Libertadora”, la firma inauguraba una planta en Zárate para producir plásticos. Más tarde, en tiempos de la última dictadura cívico-militar, abrió una planta en Pergamino para “acondicionar” semillas híbridas de girasol y en la de Zárate también empezó a formular agrotóxicos, entre ellos el Roundup.

Pero no fue sino hasta el menemismo que Monsanto logró convertir el campo argentino en un gran laboratorio de pruebas de su tecnología transgénica y cambiar de raíz los modelos agropecuarios de todo el MERCOSUR. El puntapié inicial se dio en marzo de 1996, cuando el entonces secretario de Agricultura, Felipe Solá, firmó la Resolución 167 autorizando la producción y comercialización de la soja RR (Roundup Ready), genéticamente modificada para resistir al glifosato. Las irregularidades de la maniobra se conocieron recién en 2009, a través de una investigación del periodista Horacio Verbitsky, donde reveló que la aprobación del expediente se había consumado con un trámite exprés de 81 días y estudios de la propia Monsanto, que ni siquiera fueron traducidos del inglés al castellano.

Dos décadas después de la resolución de Solá, el 60% de la tierra fértil del país se destina para cultivos transgénicos, que insumen alrededor de 300 millones de litros de agrotóxicos al año. Esto se combina con la siembra directa mecanizada, sistema responsable de la desocupación rural y la migración de millones de familias del campo a los grandes centros urbanos.

Esos cultivos incluyen maíz, algodón, frutas y hortalizas, pero la que lidera el ranking es la soja, con más de 20 millones de hectáreas sembradas y una producción de 58 millones de toneladas, según la proyección de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) sobre la campaña 2015/2016. Más del 80% de la producción se exporta como grano, harina, aceite y biodiesel.

Un modelo letal

Monsanto factura en Argentina más de 800 millones de dólares anuales en herbicidas y semillas. Otras transnacionales, como Syngenta, Nidera, Cargill, Bayer y Basf, también intervienen en el mercado local con sus propios “paquetes tecnológicos” para el sector agropecuario, embolsándose enormes ganancias. Pero todas tienen algo en común: dejan a su paso contaminación, enfermedad y muerte.

Contexto habló al respecto con los asambleístas de la localidad cordobesa Malvinas Argentinas, uno de los puntos centrales de la marcha mundial que se realizó el sábado pasado contra Monsanto.

Desde hace casi tres años, ese pueblo organizado impide que la empresa instale una planta procesadora de semillas de maíz transgénico.

“Llevamos más de novecientos días bloqueando la planta y Malvinas es hoy un ícono mundial. No vamos a desistir hasta que Monsanto se vaya definitivamente, porque estas multinacionales son como un cáncer”, dijo el vecino Lucas Vaca.

La comparación no es para nada exagerada. Los cordobeses cuentan con el antecedente paradigmático del Barrio Ituzaingó Anexo, en las cercanías de la capital provincial, donde sobre una población de 5.000 habitantes se detectaron doscientos casos de cáncer y cientos de personas con glifosato en su organismo, la mayoría de ellas menores de edad. Las Madres de Ituzaingó lograron en 2012 un fallo histórico, en el que resultaron condenados un productor rural y un piloto por fumigaciones ilegales. Ahora se espera un nuevo proceso judicial para establecer el nexo entre los casos de cáncer y la aplicación de agrotóxicos.

“Lo que denunciaron las Madres del Barrio Ituzaingó empieza a verse en todas las poblaciones rurales que están pegadas a los cultivos de soja. Vayas al pueblito que vayas, te encontrás con las mismas consecuencias: cáncer, malformaciones, abortos espontáneos, problemas respiratorios y dérmicos”, indicó a este diario Cristina Arnulphi, doctora en física de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e integrante de la Asamblea Permanente de Malvinas.

Arnulphi también alertó que, a pesar del fallo por contaminación que sentó precedente en todo el país, la situación de los vecinos de Ituzaingó sigue siendo trágica, ya que “no tienen asistencia médica, no hay un subsidio, no hay nada”.

“Las familias están afrontando con sus escasos recursos los tratamientos, las operaciones, los viajes a los hospitales y las muertes. Están desamparados. Es muy triste lo que está pasando en nuestra provincia, porque sufrimos un gran daño ambiental y sanitario, pero no hay respuestas por parte de las autoridades. Por el contrario, cada vez profundizan más el modelo”, sostuvo.

Venenos

Monsanto comercializa en nuestro país tres clases de semilla de maíz: la RR, la RR2 (ambas resistentes al glifosato) y la MGRR2 (MaízGard Roundup Ready), que resiste al glifosato y secreta una toxina Bt para matar a las mariposas que atacan los cultivos.

La planta que Monsanto tenía previsto instalar en Malvinas Argentinas iba a producir una cuarta generación de semillas de maíz, con tecnología similar a la de la soja “Intacta”, que además de tolerar agrotóxicos, extermina lepidópteros y hasta seis tipos de orugas.

En un informe publicado en 2013, el doctor Medardo Ávila Vázquez, de la Red de Pueblos Fumigados, explicaba que se trata de una “versión mejorada del maíz Bt (MON810)” que “sintetiza tres venenos diferentes”.

“El nuevo maíz (si aún se le puede llamar así) es capaz de matar todo tipo de orugas y gusanos de mariposas que traten de anidar en sus chalas, hojas o espigas, y ahora también es capaz de exterminar a las temibles vaquitas de San Antonio, un coleóptero que suele anidar en su raíz”, agregó el profesional.

Ávila Vázquez publicó luego un segundo informe, a partir del proceso de preparación de semillas de maíz que Monsanto desarrolla en su planta “María Eugenia” de la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires.

“El proceso –señaló– tiene varias etapas; la más importante es la que llaman ‘curado’ del grano, aunque las semillas no están enfermas ni les pasa nada. Consiste en impregnar las semillas de agrotóxicos muy persistentes (venenos de moléculas que no se degradan ni modifican) y peligrosos (clase toxicológica II), para luego pintarlas de colores fluorescentes, a efectos de que nadie accidentalmente las ingiera por error, supuesto en que produciría resultados irremediablemente letales”.

Los principales pesticidas utilizados por Monsanto en la planta de Rojas son producidos por Bayer, en base a clotianidina, prohibida en Europa –al igual que el uso de las “semillas tratadas”– por diezmar la población de abejas, fundamentales en la polinización.

Según calculó Ávila Vázquez, la planta de Malvinas Argentinas hubiera utilizado unos “500 mil litros” de pesticidas por año.

“El ‘tratamiento’ de impregnar de venenos las semillas se desarrolla en grandes tanques rotativos con dosificadores especiales […] Este proceso no sólo consume una cantidad sideral de agua, sino que genera una importante cantidad de líquidos residuales altamente peligrosos, que la semillera debe desechar”, advirtió.

Agrocombustibles

Los transgénicos también se usan en Argentina para producir agrocombustibles: biodiesel, en base al aceite de soja; y bioetanol de maíz (59%) y de derivados de la caña de azúcar (41%). Para el caso del primer combustible, el país cuenta con una capacidad instalada de 4,6 millones de toneladas por año, mientras que para el segundo 1.250.000 metros cúbicos.

En Córdoba se encuentran tres de las cinco etanoleras de maíz: Pro-Maíz (AGD-Bunge), ubicada en Alejandro Roca; ACA-Bio, en Villa María; y Bio4 (Porta Hermanos), en Río Cuarto. Las otras dos están en las provincias de San Luis (Diaser) y Santa Fe (Vicentín).

“La fábrica de bioetanol de Porta se encuentra en un vecindario y la gente está en pie de lucha porque es imposible vivir y respirar en ese lugar. Los vecinos se están enfermando”, afirmó Arnulphi y añadió que “todo es parte del mismo modelo” agropecuario.

“Este modelo no sólo enferma, sino que nos despoja de la riqueza de los suelos, es el responsable del desmonte, del éxodo de los campesinos hacia las ciudades… Lo único que trae es desolación y muerte”, sentenció.

Agroecología

Para Arnulphi, “la alternativa real a esta semilla de muerte” es la “agroecología”. En Córdoba, según detalló, hay unas 45.000 familias que se sustentan con sus propias huertas y también existen proyectos viables de hasta 4.000 hectáreas.

Sin embargo, el proceso de vaciamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, con los despidos masivos desde que asumió Macri, significa un duro golpe para más de 200.000 pequeños productores orgánicos de todo el país.

“Nosotros les exigimos a las autoridades locales de la Secretaría de Agricultura Familiar que reincorporaran a los despedidos, pero se escudaron en que no era una decisión de ellos, que las órdenes venían de arriba, hablando de ‘recursos humanos’ como si lo estatal fuera una empresa. Ese es el manejo que tienen. La falta de apoyo estatal afecta mucho”, lamentó la ambientalista.

Aunque al mismo tiempo aclaró que no bajarán los brazos: “La movilización popular ha sido lo único que logró torcer la voluntad de poderosos como Monsanto. La resistencia de Malvinas Argentinas lo demuestra”.