Por Fernando M. López

En una extensa investigación, el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez señala a casi un centenar de barrios privados, countries, clubes y otras obras inmobiliarias que afectaron el normal escurrimiento de las aguas y ocasionaron graves perjuicios sobre el medio ambiente en más de una docena de municipios del área metropolitana y el norte de la provincia de Buenos Aires.

La causa se inició en 2012, a partir de una denuncia contra el emprendimiento “Colony Park”, de Tigre, por destruir amplios sectores del humedal isleño, desviar y cerrar cursos de agua, y desalojar violentamente a familias de antiguos pobladores; pero más tarde se amplió como consecuencia de las inundaciones de octubre de 2014 y agosto de 2015, que dejaron cuatro muertos, miles de evacuados e incalculables daños materiales.

Con las pruebas en la mano, el 17 de febrero de este año, Domínguez pidió a la jueza Sandra Arroyo Salgado que ordenara la “paralización precautoria de toda obra que se lleve a cabo en los barrios y clubes privados emplazados en la planicie de inundación del Río Luján y en el Delta del Paraná, como así también de los emprendimientos urbanísticos en construcción y de aquellos cuyas obras no han iniciado”.

Al no obtener respuesta de Arroyo Salgado, el fiscal reiteró su solicitud a fines del mes de abril, aportando nuevos elementos de prueba contra empresarios y funcionarios involucrados en los delitos de daño agravado, estrago seguido de muerte e incumplimientos de los deberes de funcionario público.

“Queremos expresar nuestra preocupación a la señora jueza, ya que las obras y rellenos continúan, aumentando los riesgos de inundación y perdiendo los múltiples beneficios que brindan estas áreas naturales”, manifestaron diversas organizaciones sociales y vecinos de los distritos de la cuenca del Río Luján, antes de marchar este miércoles en caravana desde el Canal de San Fernando hacia el Juzgado Federal N° 1 de San Isidro.

Mientras demora una resolución, la viuda de Alberto Nisman vive tranquila en el Highland Park Country Club, ubicado en Del Viso, partido de Pilar. Ese barrio privado se autoproclama como un “pulmón verde” en medio de “las desenfrenadas urbanizaciones que van surgiendo en los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires”. Incluso, en el boletín que distribuye dentro de sus instalaciones suele hacer alarde de las especies animales que “desde hace mucho viven y se alimentan en los humedales del Club”. El número del 27 de enero de 2012, por ejemplo, muestra la foto de una Ipacaá “paseando confiada por nuestros jardines”, según destaca el epígrafe. Pero lo cierto es que, junto a otros grandes coutries –como Ayres del Pilar, La Lomada y Los Lagartos–, el Highland es uno de los principales responsables de los problemas medioambientales y las inundaciones que sufre el municipio.

Tras elogiar el trabajo que realiza el fiscal Domínguez, la ingeniera ambiental Stella Maris Alló explicó a Contexto que el problema “viene arrastrándose desde hace varias décadas con la entrega del espacio público de los costados de los ríos de extrema planicie, que tienen muy poca pendiente (un centímetro por kilómetro)”.

“Los humedales son áreas naturales que le dan sustento energético al escurrimiento de las aguas y a las sedimentaciones de los ríos de planicie. Si los humedales se ocupan con emprendimientos inmobiliarios, las aguas –sobre todo cuando se registran precipitaciones importantes– no tienen lugar adonde ir. Los countries están protegidos con grandes murallas, pero toda la gente que no vive en barrios cerrados se inunda”, remarcó.

Según estimó la especialista, los countries y barrios cerrados que están sobre los humedales de la Cuenca del Luján han anulado el escurrimiento natural de las aguas en alrededor de un 40%.

Otros expertos, como los del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), calculan que sólo en Tigre, Escobar y Pilar se destruyeron unas 10 mil hectáreas de humedales.

Por su parte, uno de los biólogos de la UBA que colaboró con el fiscal Domínguez, Fabio Kalesnik, manifestó que el Delta del Río Paraná “es uno de los humedales más importantes del mundo y es uno de los pocos que conforman un estuario de agua dulce”.

“Con las construcciones megainmobiliarias en esas zonas, se produce una eliminación total de los sistemas de humedales, causando un daño irreversible en el ambiente”, sostuvo, y agregó que los emprendimientos sobre la ribera aluvial del Río Luján “impiden que el agua fluya en forma normal, provocando inundaciones en las áreas vecinas fuera de los terraplenes”.

Para Alló, no se puede perder más tiempo: “Hay que encarar esta problemática de manera profunda y debidamente, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, por ser una llanura tan extensa. Se deben interpretar desde otro lugar tanto las cuestiones técnicas como la ocupación del territorio y los modelos productivos”.

La ingeniera ambiental encabezó el equipo encargado de elaborar la “Plataforma para el Cambio de Paradigma por la Soberanía Ambiental”, presentada a mediados de 2013 en el Senado bonaerense. La propuesta, integrada por un total de 19 anteproyectos de ley, incluye la declaración de la Emergencia Ambiental, preservación de áreas consideradas reservas naturales, creación de un Cuerpo de Guardaparques, restricciones al uso de agrotóxicos, tratamiento diferenciado de residuos, entre otros puntos. Si bien la iniciativa mantiene estado parlamentario, desde el año pasado no ha registrado avances.

De todos modos, Alló consideró que “es un paso importante” el que dio el fiscal Domínguez al abordar la cuestión de los humedales con “un estudio muy profundo y asesoramiento de profesionales del tema”.

También destacó el ejemplo de Escobar, donde el actual intendente, Ariel Sujarchuk, dispuso la paralización de todos los megaemprendimientos inmobiliarios, que abarcan más de 2.300 hectáreas, en muchos casos con graves violaciones a leyes provinciales y ordenanzas municipales.

“Empieza a haber en algunas intendencias una mirada adecuada del conflicto, fundamentalmente porque estos emprendimientos afectan a sus habitantes y están generando problemas en las áreas productivas”, dijo Alló, y planteó la necesidad de “pasar de un modelo antropocéntrico a un modelo biocéntrico, más equilibrado con la naturaleza”.