Por Fernando M. López

Hasta ahora, el único condenado por el crimen del maestro Carlos Fuentealba es el ex cabo Darío Poblete. Él fue quien le disparó una granada de gas lacrimógeno en la cabeza y lo mató el 4 de abril de 2007. Si bien el autor material está tras las rejas con perpetua, en estos nueve años nunca cesó el reclamo de justicia contra los que ordenaron y comandaron la represión policial.

La causa que investigaba las responsabilidades políticas, conocida como “Fuentealba II”, había sido cerrada el 25 de febrero pasado por la jueza Carina Álvarez, quien aplicó el artículo 56 de la Ley Orgánica del Fuero Penal provincial, que impone plazos máximos para los procesos judiciales. Pero la querella apeló ante el Tribunal de Impugnación Penal de Neuquén y consiguió reabrirla.

El nuevo fallo –dictado por mayoría– revocó los sobreseimientos de los imputados: el ex subsecretario de Seguridad provincial, Raúl Pascuarelli, y catorce ex jefes policiales.

En sus fundamentos, uno de los jueces del Tribunal de Impugnación, Alejandro Cabral, explicó que se trata de una “causa compleja” en la que no aplica el plazo fatal que prevé el artículo 56 de la Ley Orgánica, porque “se encuentran en juego presuntas violaciones a los derechos humanos” por parte de ex funcionarios públicos.

La noticia fue dada a conocer el viernes por la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), durante el acto en defensa de la Universidad pública que convocó en esa provincia a unos 2.500 estudiantes y docentes.

Al ser consultada por Contexto, la secretaria de prensa del gremio, Marisabel Granda, dijo que “esto demuestra que la impunidad no puede ser instalada en Neuquén. La vigencia de la lucha y la construcción de la memoria colectiva de estos nueve años hace que el reclamo por justicia completa esté muy firme”.

“Nosotros venimos denunciando desde hace mucho tiempo la connivencia entre el sector político y un sector judicial”, recordó, y puso como ejemplo “la vergonzosa actuación que tuvo la Fiscalía” al tratar de “instalar que el único responsable del fusilamiento de Carlos fue el cabo Poblete”.

“Ahora lo que tiene que suceder es que el fallo del Tribunal quede firme. En ese caso, el próximo paso es la formulación de cargos, y luego no habría ningún impedimento para que los imputados vayan a juicio este año”, explicó Granda.

La causa Fuentealba II es sumamente importante para esclarecer la actuación de la cadena de mando política y policial de la represión de 2007, que lleva directamente hacia el ex gobernador Jorge Sobisch.

“El último 4 de abril, nuestra consigna fue ‘Justicia completa es cárcel a Sobisch’. Ese es nuestro objetivo, porque Sobsich reconoció el mismo día de la represión que él había dado las órdenes y que lo volvería a hacer”, recordó Granda, y agregó que el asesinato de Fuentealba se orquestó para quebrar a ATEN, que en ese momento era “la única oposición al sobischismo”.

Además, responsabilizó a quien fue asesor del ex gobernador para la implementación del “Plan Integral de Seguridad” en Neuquén, entre 2005 y 2007, Eugenio Burzaco, actual secretario de Seguridad de Mauricio Macri.

“En el momento en que Burzaco fue nombrado como segundo de (Patricia) Bullrich, nosotros salimos a manifestarnos porque se trataba del autor del plan de seguridad que terminó con la vida de Carlos. Lamentablemente, no nos equivocamos. La derecha nunca cambia de recetas”, señaló la gremialista en alusión a las políticas represivas que aplica el macrismo en el marco del ajuste.

Neuquén fue una de las provincias que no adhirieron al protocolo antipiquetes de Bullrich y Burzaco, pero, según Granda, “la Policía provincial no lo necesita porque tiene su propia impronta represiva”.

“Hoy tenemos como gobernador a un muy buen alumno de Macri, que apoya todo lo que tiene que ver con el ajuste”, dijo por Omar Gutiérrez, y comentó que el Movimiento Popular Neuquino (MPN) es un “partido-Estado que hace 55 años gobierna la provincia con políticas que tienen que ver con la represión, la judicialización y la persecución a los que luchan”.

“Este año –continuó– hemos denunciado en pleno conflicto salarial la detención ilegal de un compañero docente que fue levantado por la Policía cerca del río cuando estaba con un grupo de amigos. Lo llevaron a la comisaria de manera ilegal. En el patrullero, mientras le pegaban, le decían: ‘sabemos que sos maestro’”.