Meritocracia y disciplinamiento social: el cambio como retroceso

Meritocracia y disciplinamiento social: el cambio como retroceso

¿Qué tienen que ver una propaganda de automóviles, una sentencia por 'tráfico de drogas', un dictamen sobre las Universidades públicas y una definición de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires? Carlos Ciappina explica que "un orden neoconservador no se construye sólo desde la política".

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Por Carlos Ciappina

Son tiempos de reconfiguración de las derechas en América Latina. Tiempos de disputa entre modelos societales que promueven la inclusión y los que se establecen para profundizar la exclusión. En este contexto en donde el capital vuelve a exhibirse desnudo en América Latina, en nuestro país presenciamos una precipitada reconfiguración neoconservadora.

En este sentido, ¿qué tienen que ver una propaganda de automóviles, una sentencia por “tráfico de drogas”, un dictamen sobre las Universidades públicas y una definición de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires? Podría pensarse que, a primera vista, tienen poco que ver; pero si sostenemos que un orden neoconservador no se construye sólo desde la política, encontraremos la trama que une estos cuatro “hechos” desplegados en apenas una semana.

Hecho número uno: una mundialmente famosa marca de automóviles con sede central en los Estados Unidos promociona en nuestra América Latina (sí, porque el lanzamiento fue a toda Latinoamérica) un automóvil de alta gama. ¿Nos informa de las virtudes técnicas del mismo? ¿Nos relata las capacidades de su motor? ¿Las delicias de su andar? ¿Las velocidades que alcanza? Nada de eso. Nos habla de sus potenciales usuarios. Los compradores, los que poseen una suma enorme de dinero para destinarla a un auto de lujo. Nos habla explícitamente de una minoría valiosa que trabaja para progresar, que se merece lo que va a adquirir: nos habla de la meritocracia. El auto de alta gama lo tendrán los meritócratas, aquellos que han hecho méritos, que nunca recibieron “nada de nadie” (léase, del Estado), que han llegado hasta allí, a la riqueza, por sus propias virtudes, sin colectivo, sin sociedad, sin política, sin Estado. Uno no puede menos que pensar que a una meritocracia sólo puede oponérsele una democracia, pues es allí, en una democracia, en donde (al menos como horizonte de sentido) las personas tienen derechos y no méritos. Porque la propaganda no nos deja espacio para la duda, los meritócratas tienen porque pueden y pueden porque han hecho méritos. Los vulnerables, los pobres, los sin empleo, los sin techo, los sin tierra, no tienen porque no han hecho los méritos suficientes. La imagen termina con un texto perfecto para los tiempos que corren: Y esta minoría nunca había sido reconocida hasta ahora”. Esto es, ahora sí los meritócratas gobiernan, están a cargo y, más importante aún, le van a dar forma de mérito a esta democracia donde todos pretenden tener iguales derechos.

Hecho número dos: un juez federal declara inconstitucional una Ley del Congreso de la Nación (27.204) en el punto en el que esta reconoce la educación superior universitaria como un derecho y el acceso libre e irrestricto a la misma a todos aquellos que hayan cumplido con el requisito de tener aprobado el secundario.

El señor juez, con su sentencia, se instala de lleno en la sociedad meritocrática: para su extraña perspectiva, garantizar el ingreso libre e irrestricto viola la Constitución nacional. Pero un ingreso restringido no viola los derechos de los ciudadanos argentinos que sostienen con su trabajo la educación universitaria pública. El Sr. juez preferiría que las Universidades públicas tuvieran la libertad de establecer sistemas de ingreso restrictivos porque así ingresarían los que se merecen ingresar. Retrocedimos con un fallo cuarenta años. Hace exactamente cuarenta años la última dictadura cívico-militar estableció el ingreso restringido a la Universidad pública. Todos sabemos lo degradada académica y éticamente que fue aquella pretendida Universidad meritocrática.

Hecho número tres: un juzgado local de primera instancia le asigna una pena de más de cinco años de prisión a una travesti por venta de drogas ilícitas (1,5 gramos, por si creíamos que era una jefa de algún cartel internacional). Más allá del apego a derecho del procedimiento que inicia la causa (todos sabemos los serios cuestionamientos sobre el funcionamiento de las fuerzas de seguridad sobre los más vulnerables), los considerandos de la pena sostienen que: “existe el principio de igualdad ante la ley, esto no es tan cierto ni tan absoluto como parece”. ¡O sea que la ley también es meritocrática! Para el juzgado platense, la igualdad ante la ley no es un derecho constitucional. ¿Y quienes “no merecen” igual trato ante la ley? Los culpables de todos los males en una sociedad xenófoba: los extranjeros. Así, en este caso, el juez sostiene que “El Estado puede y debe aplicar sanciones como pena accesoria a la de prisión, y agravar las penas a los extranjeros que cometan delitos comunes en el país”, y como la travesti detenida es de nacionalidad peruana, su pena se incrementa… El fiscal (a quien el juez avala con su fallo) sostiene que la pena debe agravarse por “la condición de extranjera de la imputada, por venir de una nación hermana y delinquir en el país que la recibe”. Así , los habitantes del suelo argentino quedarán graduados según el mérito: los argentinos merecerán una pena menor, los extranjeros en general una pena mayor y los latinoamericanos (por ser naciones hermanas y “traicionar nuestra confianza”) una pena mayor que la de los otros extranjeros.

Hecho número cuatro: ¡la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires anuncia que retorna al sistema de los aplazos en la escuela primaria! Los alumnos también tendrán lo que se merecen: si no alcanzan los estándares establecidos por los técnicos capacitados para eso, volverán a tener el estigma de boletines con la palabra “aplazado” y la nota 1, 2 y 3.

Se ve que para la DGEyC no hay mejor estímulo para un niño de seis o siete años de edad que ver estampado en su boletín, con rojo, la nota que lo declara menos que el resto de sus compañeros/as.

Que la calificación de aplazo no toma en cuenta las particularidades de cada alumno, su trayectoria vital, su situación social, sus orígenes, las capacidades de los propios docentes que le van “tocando”, etcétera, no parece para la DGEyC un tema relevante. El aplazo, por su sola existencia, le dará “calidad” a la educación, y los que no obtengan el aprobado no formarán parte de la educación meritocrática que premiará la inteligencia medida por un número y castigará a los que no merecen que se les sostenga el derecho a la educación.

Repasando estos cuatro hechos “aislados” que se produjeron en esta última semana, encontramos la trama que los vincula y articula, aun sin que sus protagonistas (los publicitarios, los jueces y los técnicos y políticos abocados a la educación) se conozcan entre sí: la trama que los articula es el regreso en toda la línea del neoliberalismo en su versión más atroz y su necesidad de reconstituir un modelo de sociedad que deje de lado la idea de la inclusión económico-social y cultural, que abandone la lógica de ampliación de derechos y que haga de este norte meritocrático un ideal (sin realización concreta, pero ideal al fin) no sólo de las élites, sino de amplios sectores de las clases medias y aun de segmentos de los sectores populares. Estos cuatro hechos nos ponen sobre una pista en donde, en ausencia de la clásica represión y reconfiguración dictatorial, la rejerarquización social está siendo construida desde ámbitos organizacionales disímiles (los medios de comunicación, el sistema judicial, el sistema educativo) que confluyen en un mensaje único: debe terminarse la sociedad de los derechos para dar paso a la de las minorías meritocráticas.


 

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