Por Fernando M. López

Ya existen dos fallos contrapuestos en relación a la reforma de la Ley de Educación Superior, que garantiza la gratuidad de los estudios de grado y establece el acceso “libre e irrestricto” a las instituciones públicas.

La resolución de Pablo Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9, fue la primera y quedó firme porque el ministro de Educación, Esteban Bullrich, desistió de la apelación. El magistrado declaró inconstitucional la parte de la norma que se refiere al ingreso, haciendo lugar a un recurso de amparo de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Su rector, Daniel Martínez, quien mantiene una relación cada vez más estrecha con el PRO, alegó una supuesta violación a la autonomía universitaria.

Sin embargo, el juez federal subrogante de Viedma, Osvaldo Campagnoli, rechazó el 9 de mayo último un plateo similar de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), conducida nada menos que por Juan Carlos Del Bello, ex secretario de Políticas Universitarias del menemismo y principal artífice de la Ley de Educación Superior.

En su presentación, Del Bello habló de “daños irreparables” a causa de la Ley 27.204 y cargó contra la gratuidad de la educación superior porque “obliga a las Universidades estatales a derivar recursos destinados a otros fines o, en su defecto, a cerrar el dictado de carreras”. También objetó, entre otras cosas, el ingreso “libre e irrestricto”, al considerar que “conspira con la planificación del sistema educativo que debe realizar el Estado y agrede la inteligencia de la Universidad autónoma y cogobernada”.

Para el magistrado de Viedma, la demanda se fundó en una “genérica y laxa conjetura”, que no aporta “datos concretos que permitan al menos avizorar la irreparabilidad del daño argumentada”; y no existe violación alguna a la autonomía y autarquía reconocidas por la Constitución, ya que “la reforma introducida a la Ley de Educación Superior ha mantenido en su redacción original los artículos 29 (J) y 35 que sostienen y dan base a la facultad de las Universidades de regular las condiciones de admisión”.

Como dijo en estos días la pedagoga y ex diputada Adriana Puiggrós, autora de la Ley 27.204, los fundamentos de estos rectores son “gravísimos” porque ponen “a la autonomía por encima del derecho a la educación”.

“Ampararse en la autonomía no tiene mucho sentido”, coincidió la rectora de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), Ana Jaramillo, quien además cuestionó la “embestida del Gobierno nacional y los grandes medios”.

“Hoy, estudiantes, docentes y autoridades de la UNLa nos movilizamos no solamente por el salario, el presupuesto y la tarifa social, sino también porque están tratando de desprestigiar a la Universidad pública”, sostuvo en diálogo con Contexto.

Por su parte, Adrián Cannellotto, rector de la Universidad Pedagógica (UNIPE), señaló a este diario que “el derecho a la educación superior es un bien público y un derecho humano esencial”, algo que “está en total y absoluta sintonía con la construcción de una Argentina que tiene que preparar a sus ciudadanos para ejercer la vida política y, al mismo tiempo, para desarrollarse”.

“Lamentablemente, en estos meses pasamos de hablar de la inversión del PBI en educación al ‘gasto en educación’. Ese es un problema que hay que empezar a conversar para que no se transforme en una arista que lime los debates que se venían dando, sobre todo en materia de democratización del acceso, de calidad de enseñanza e, incluso, de una reforma para pensar la escuela secundaria y la educación superior como un universo único”, completó.

Contexto también consultó a una de las dirigentes estudiantiles de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Tras casi dos décadas, las autoridades de esa unidad académica se vieron obligadas a eliminar el polémico examen de ingreso que restringía la cantidad de alumnos que cursaban la carrera. Así lo decidió el Consejo Superior de la UNLP al aprobar, a fines del año pasado, una ordenanza para ajustarse a lo dispuesto por la Ley 27.204.

“Recibimos con mucha bronca la noticia del fallo del juez Cayssials contra el ingreso irrestricto, pero no nos sorprendió porque entendemos que esto se da en un contexto de ataque constante hacia la educación pública, con el recorte del salario de nuestros docentes y del presupuesto. Quieren avanzar sobre los derechos que hemos conquistado”, dijo Ayelén Escalante, vicepresidenta del Centro de Estudiantes y representante de la FULP.

Hasta el momento, las autoridades de Medicina no se pronunciaron al respecto, pero Escalante estimó que “ya deben estar pensando algún plan para poder dar vuelta atrás con el acceso irrestricto”.

“Por más que ellos ahora tengan este fallo a favor, nosotros tenemos muchos años de lucha. Hay un movimiento estudiantil que no va a dejar pasar una nueva restricción”, concluyó.