Por Fernando M. López

Buenos Aires es por lejos la ciudad más rica de Argentina. Con cerca de 3 millones de habitantes, tiene un presupuesto asignado para este año de 112.773,9 millones de pesos, y hace unos meses Mauricio Macri la benefició (por decreto, claro) con un fuerte aumento de la coparticipación, que pasó del 1,4 al 3,7 por ciento, es decir: de 10.022 millones a 26.845 millones. Haciendo una rápida comparación con la segunda ciudad más poblada del país, CABA recibirá sólo en concepto de coparticipación –a lo largo de 2016– el doble del presupuesto total del municipio de Córdoba.

Uno podría pensar que los porteños no tendrían de qué quejarse, pero tras nueve años de administración PRO lo cierto es que un sexto de la población la pasa realmente mal, subsistiendo como puede en viviendas precarias, villas y asentamientos.

Hartos de la desigualdad estructural y las promesas incumplidas, diversas organizaciones territoriales y vecinos de las barriadas populares decidieron marchar este miércoles en reclamo de algo tan elemental como el agua.

Antes de movilizarse a la sede de AySA, en pleno microcentro porteño, Franco Armando, responsable del Frente Territorial “Salvador Herrera”, dijo que las demandas no sólo van dirigidas a la empresa, sino también a los Gobiernos de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

“Exigimos la entrega inmediata de agua potable envasada en todas las villas de la Ciudad donde no se garantice el suministro continuo y que se modifique el contrato de concesión de AySA para que se haga responsable del servicio agua potable y cloacas”, precisó al ser consultado por Contexto.

Armando explicó que ninguna de las catorce villas porteñas cuenta con la prestación de la empresa: “Las redes llegan hasta las calles linderas; para adentro lo que hay es irregular, lo hacen los propios vecinos sin ningún tipo de apoyo o asesoría técnica”.

Aquellos que pueden contar con estas conexiones precarias muchas veces consumen agua contaminada, mientras que el resto debe trasladarse hasta algún punto de suministro con botellas, cacerolas o baldes para obtener algunos litros que no son de mejor calidad.

“Tenemos muchas enfermedades asociadas al agua. Este verano hubo numerosos casos de dengue. Pero también hay incendios causados por las malas instalaciones eléctricas”, sostuvo el referente territorial al comentar algunos de los problemas que sufren en la 21-24 de Barracas, que está pegada al Riachuelo, y aseguró que “todo tiene que ver con la falta de urbanización de los barrios”.

El año pasado, luego de varias intimaciones judiciales, el Gobierno porteño se vio obligado a suministrar agua potable a los habitantes de algunos asentamientos. AySA, por su parte, debió firmar un acta-acuerdo con los vecinos comprometiéndose a hacer las obras necesarias, pero estos proyectos están totalmente paralizados.

“Los informes técnicos para tener agua y cloacas los hicimos con el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Los entregamos a todos los organismos competentes de la Ciudad de Buenos Aires, y también a AySA. Sin embargo, nadie se hace cargo. Lo que vemos es que hay un gran gasto en áreas como Seguridad y cero gasto en lo que tiene que ver con la salud y la vida de las personas que estamos en las villas”, remarcó Armando.

Y no se equivoca. Mientras el gasto previsto para este año en “Viviendas y Urbanizaciones” suma 1.800 millones de pesos, el de “Seguridad” asciende a 5.393 millones, unos 1.050 millones más que en 2015. Esto sin contar el traspaso de la Policía Federal, para lo cual Macri ya le giró a Larreta 16.579 millones.

Pero aquí no se termina el problema, porque que el PRO se ha caracterizado durante todos estos años de gestión por subejecutar las partidas destinadas a las áreas sociales.

“Uno nunca puede llegar a saber cuánto es lo que realmente se invierte en vivienda, urbanización de villas y todo lo que hace a la calidad habitacional de la Ciudad, ya que el macrismo lo subdivide en un montón de minipresupuestos que, en general, se subejecutan”, señaló a Contexto el legislador porteño Patricio del Corro (PTS-FIT).

Según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en CABA unas 500 mil personas se encuentran en emergencia habitacional, la mitad de las cuales viven en villas miserias, pese a que el último censo reveló que alrededor de 300 mil casas y departamentos están totalmente vacíos.

“En el modelo que desarrolla el PRO, sólo importan los negocios inmobiliarios”, advirtió Del Corro para recordar que “cuando Macri asumió en 2007 dijo que iba a desalojar todas las villas, pero como no pudo hacerlo empezó a utilizar otros métodos”.

Uno de esos métodos es la “titularización sin urbanización”: el Gobierno porteño se encarga de otorgarles las escrituras a las familias que ocupan terrenos en barrios sin calles ni ningún tipo de servicio público. Luego llega el especulador. Aprovechándose de las necesidades económicas de los habitantes, compra esas tierras por debajo de su valor para impulsar grandes negocios inmobiliarios. Un modus operandi definitivamente perverso y un modelo que condena a los más vulnerables a la exclusión, la marginalidad y la discriminación.