Por Fernando López

Luego de los tarifazos indiscriminados del macrismo, que pusieron en jaque a todas las Universidades públicas del país, un fallo más que polémico cayó como un mazazo sobre la educación superior.

La decisión fue tomada a fines de marzo –aunque trascendió en las últimas horas– por el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9, Pablo Cayssials, quien hizo lugar a un recurso de amparo de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) contra el Estado nacional y declaró la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley 27.204 que disponen el acceso libre e irrestricto.

Se trata de la norma sancionada en octubre de 2015, con la que se logró modificar los puntos centrales de la Ley de Educación Superior del Gobierno de Carlos Menem y garantizar la gratuidad al prohibir “cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa directos o indirectos” en las Universidades públicas.

Sin embargo, en su fallo, Cayssials arremetió contra el artículo 2, inciso “a”, que garantiza “la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso”; y el artículo 4, que, entre otras cosas, establece que “todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior”.

A su entender, esto violaría no sólo la autonomía universitaria, que permite instaurar “sistemas de admisión, permanencia y promoción de los estudiantes”, sino también lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. “Si bien la enseñanza secundaria debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, la enseñanza superior ‘debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno’”, subrayó el magistrado.

La polémica estiba en que el juez coloca los pactos de derechos humanos como un techo y no como un piso para asegurar más derechos; y, al mismo tiempo, otorga una interpretación de la autonomía universitaria diversa a la que sostiene la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

No es la primera vez que Cayssials toma decisiones en contra de los intereses de las grandes mayorías. Hace poco más de un año, pasó por encima de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y suspendió la desmonopolización del Grupo Clarín. En esa oportunidad consideró que el cumplimiento de la norma afectaba los “derechos constitucionales” de un grupo de periodistas al servicio de Héctor Magnetto, entre ellos Julio Blanck, Nelson Castro, Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Marcelo Longobardi, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú y Eduardo van der Kooy.

El fallo que declaró la inconstitucionalidad del ingreso libre e irrestricto a las Universidades recayó en la Sala III de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, donde se esperaba la apelación del Gobierno de Mauricio Macri, pero eso nunca ocurrió.

Desde el Ministerio de Educación, a cargo de Esteban Bullrich, hicieron saber al tribunal que “habían recibido instrucciones de no apelar la sentencia dictada” y que debería “mantenerse dicho criterio en casos similares en los cuales se halle en contradicción los artículos de la Ley de Educación Superior cuestionados”.

Por lo tanto, los camaristas Sergio Gustavo Fernández y Carlos Manuel Grecco resolvieron el pasado 3 de mayo dejar firme el fallo de Cayssials.

En 2013, cuando la Ley 27.204 de Responsabilidad del Estado en el Nivel de Educación Superior comenzó a discutirse en la Cámara de Diputados, con el impulso de Adriana Puiggrós (FpV), el macrismo se ubicó como uno de los principales opositores a la reforma y votó en contra en un intento por mantener la letra menemista que dejaba abierta la posibilidad de la mercantilización de los estudios. Más tarde debió revisar su posición, ya que el debate en el Senado se desarrolló en plena campaña electoral de 2015. Fue ahora el Partido Judicial el que le dio la revancha para avasallar otra ley sancionada con amplio consenso. Y, esta vez, sin siquiera recurrir a un decreto de necesidad y urgencia.

Preocupación en la UNLP

La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, conducida por Florencia Saintout, fue la primera unidad académica del país en manifestar su repudio a la sentencia judicial, al sostener que “la Educación Superior es un derecho y que el Estado debe arbitrar los mecanismos para su pleno ejercicio”.

“La afrenta en contra del acceso libre a la Educación Superior adquiere sentido en un proceso signado por una constante restricción de derechos inaugurado en los últimos meses. La Universidad forma sujetos, profesionales, científicos, pero centralmente es uno de los mecanismos fundamentales de una sociedad para garantizar la equidad y la inclusión”, remarcó en un comunicado.