Por Contexto

Este jueves se reunió la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante local para debatir el proyecto de protocolo antiprotesta. La reunión contó, además de los concejales miembros de la Comisión, con la presencia de organizaciones de derechos humanos y con el vicepresidente del Colegio de Abogados de La Plata. Salvo el sector del bloque Cambiemos, el resto de los participantes coincidieron en rechazar ampliamente el proyecto oficialista por encontrarlo privatorio de derechos básicos para la sociedad. Hasta ahora, todos los espacios que participaron de la discusión del proyecto remarcaron que es anticonstitucional y que la comuna no tiene competencia para legislar sobre las fuerzas de seguridad.

Las intervenciones de los invitados fueron en la misma línea que ya la semana pasada planteara la Prosecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Entre los invitados a participar de la reunión estuvieron presentes Ignacio Fernández (Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional), Jorge Jaunarena (Asociación Miguel Brú), Silvia Fontana (Familiares de personas desaparecidas por razones de políticas-La Plata), Walter Duter (Asociación Nacional de ex Presos Políticos), Matías Moreno (H.I.J.O.S.), Graciela Lecchi (Unión por los Derechos Humanos), Marta Vedio (Asamblea permanente por los Derechos Humanos-La Plata), Aníbal Hnatiuk (Mesa por los Derechos Humanos de La Plata), Sofía Caravelos (CIAJ), entre otros.

Al respecto, Moreno dijo que “es importante señalar que esta comisión es Justicia y Derechos Humanos y nosotros (por H.I.J.O.S.) proponemos que haya una de Cultura y Derechos Humanos o Educación y Derechos Humanos”. Además, indicó que desde la nueva gestión nunca se los invitó a participar ni a debatir en la conformación de la Dirección de Políticas de Derechos Humanos de la Municipalidad. También advirtió que “lo que estamos viendo es un retraso en los juicios de lesa humanidad, una falta de voluntad política con los derechos humanos, y frente a eso vamos a salir a la calle”.

Por su parte, Aníbal Hnatiuk afirmó que “Por más que esto nos parezca una aberración desde el punto de vista jurídico, legal e histórico, es coherente con esta nueva gestión que pretende gobernar por medio de la represión”. “El saldo de la reunión es un profundo rechazo conjunto de todos los invitados al proyecto; incluso la gente del Colegio de Abogados que fue invitada por quienes presentaron el proyecto destacó la imposibilidad de la Municipalidad de legislar sobre las fuerzas de seguridad”, cerró el representante de la Mesa por los Derechos Humanos de la ciudad.

La reunión, que se extendió por casi cuatro horas, finalizó pasadas las 15 y las expresiones del oficialismo lo decían todo. El fuerte rechazo de las organizaciones al protocolo dejó caras largas en el oficialismo, que en un último manotazo de ahogado invitó a los presentes a proponer modificaciones al proyecto, con tal de mantenerlo con vida. Lo cierto es que esta iniciativa del bloque Cambiemos no se sustenta en ningún marco legal ni constitucional, sino que más bien pretende generar el escenario para prácticas de disciplinamiento social por medio de la represión policial.

Esteban Rodríguez Alzueta, abogado y docente universitario, durante la Comisión se manifestó con respecto a la elaboración de Actas que plantea el proyecto del protocolo antiprotesta, que como organización de los derechos humanos también fueron abogados de muchos manifestantes que sufrieron la persecución policial en 2000, 2001 y 2002, cuando los desocupados cortaban una ruta o algún puente. “Muchos de esos procesos siguen abiertos hasta hoy como una bomba de tiempo y se iniciaron a partir de un acta”. Y añadió: “Los nombres que la Policía anotaba eran usados por los jueces o fiscales que decidían abrir un proceso contra la protesta social”.

Para último, Jorge Jaunarena, que participó en representación de la Asosiación Miguel Brú, remarcó: “Este proyecto se quiere utilizar básicamente para disciplinar y criminalizar la protesta y creemos que es profundamente represivo”. Y señaló que “los sectores que se acercan a pedir nuestro acompañamiento son los pobres, los desocupados, las víctimas de violencia institucional, los sectores más vulnerables, y creemos que este protocolo los vulnera mucho más”.