La culpa es de uno si no enamora

La culpa es de uno si no enamora

El comunicado que realizó Marcos Peña por la red social Facebook que atenta contra la libertad de expresión y la prohibición de censura establecida en el artículo 14 de la Constitución Nacional.

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Por Cátedra libre de Comunicación política*

La semana pasada, Marcos Peña, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, hizo una publicación en su cuenta oficial de Facebook sobre la comunicación del Gobierno y, por estar inmersos/as en este campo, consideramos pertinente hacer un análisis del mismo.

El comunicado comienza diciendo: “Creemos en una lógica comunicacional distinta al gobierno anterior. Dijimos durante muchos años que el abuso de la publicidad oficial, las cadenas nacionales, los medios paraestatales, la agresión a periodistas y medios de comunicación no eran compatibles con un Estado democrático, pluralista y defensor de la libertad de expresión. Por eso en estos cuatro meses desarmamos todo ese aparato y terminamos con la guerra con el periodismo”. Tal discurso nos permite reflexionar que, a la luz de los recientes hechos, lejos de ser un Gobierno que reivindica el Estado democrático, pluralista y defensor de la libertad de expresión, profundizó la concentración monopólica de la información a través de una serie de decretos que, arbitraria e ilegalmente, modificaron la Ley Nº 26.522.

No es necesario un análisis muy profundo para saber que dichos decretos atentan contra la libertad de expresión y la prohibición de censura establecida en el artículo 14 de la Constitución Nacional y en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, es de público conocimiento que por DNU se modificó la Ley de Ministerios, se intervino la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y se creó el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) como ente autárquico y descentralizado, en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones, siendo la autoridad de aplicación de las Leyes N° 26.522 y 27.078 y centralizando las competencias que antes tenían la AFSCA y la AFTIC.

Estos DNU significan para el país un verdadero retroceso en materia audiovisual y de entrega no sólo de las ideas, sino de la cultura, desde la recuperación democrática. En este sentido, Cinthia Ottaviano, en el IV Seminario Iberoamericano de Defensorías de medios, sostuvo que esto se realizó “de espaldas a las necesidades y las urgencias de las audiencias, pero de frente a los intereses de las corporaciones”, y resaltó que “hay que redistribuir la riqueza informativa, que es de todas y de todos” pidiendo que “no nos dejemos arrebatar nuestros derechos”.

Ahora bien, la línea de acción propuesta por el jefe de Gabinete de “desarmar todo ese aparato y terminar con la guerra con el periodismo” implica dejar a cientos de periodistas y trabajadores de medios públicos y privados sin trabajo, a través de una fuerte política de ajuste. Esto sin duda no tiene que ver con un tema de estrategias, de si es conveniente hacer cadena nacional o conferencia de prensa, o con preguntarse “si comunican bien o mal”, como menciona también el texto, sino con idear y llevar adelante una política pública de comunicación y de medios nacionales que desmantela los dispositivos culturales y mediáticos y concentra la información. Como vemos, lo que hay en el centro de la escena es un conjunto de políticas públicas excluyentes –y, por lo tanto, agresivas– que se justifican señalando al Gobierno anterior.

Por otro lado, la falacia de la libertad de expresión y la pluralidad a la que refiere el comunicado va en línea no sólo con dejar a cientos de periodistas de radios públicas del interior sin trabajo por la retransmisión de Radio Nacional, sino también por achicar el número de señales que pueden verse de manera efectiva en la TDA, como la desvinculación de la cadena TeleSUR, que dejará de emitirse en Televisión Digital Abierta y dejaría de ser obligatoria en la grilla de los cableoperadores privados. Así lo expresó Hernán Lombardi, quien confirmó que “El Estado argentino se va de la cadena TeleSUR”, y sostuvo que “Esta determinación va en línea con lo que nos propusimos para los medios públicos, en términos de pluralismo y austeridad”, y podríamos seguir enumerando y mencionando sobre el reparto del futbol a los canales privados y que la TV Pública haya sido el único canal abierto que no transmitió el superclásico, entre otros.

A diario vemos cómo desde las corporaciones mediáticas se desmantela y devalúa la palabra, construyendo un sentido común como única verdad que cala hondo en las representaciones y prácticas culturales de la ciudadanía. Históricamente, el sentido común fue abordado como una facultad cognitiva inherente a todos los seres humanos, y también como una construcción social de sentido; de esta última lectura, se lo considera como uno de los factores constitutivos de la cultura. Los medios no sólo construyen y reproducen una opinión pública a través de la mentira sistemática y del ocultamiento de información, sino que son los que erigen las condiciones culturales para que esas verdades sean aceptadas como tales, sin reflexión y discusión alguna.

Si pensamos que con las palabras se construye el mundo en el que vivimos y que de ello dependen en buena medida nuestras acciones, llama la atención cómo en el comunicado se repite la expresión “guerra”, con respecto a la relación establecida –parece, de modo unilateral– entre el Gobierno anterior y el periodismo. Dicho así, las empresas mediáticas y los medios de comunicación comunitaria nada podían hacer frente a un Estado que, según se puede inferir de la lectura del texto, gritaba e imponía. Sin embargo, es fácilmente refutable tal afirmación con el sólo hecho de recordar las tapas de la revista Noticias.

Por otra parte, la idea de diálogo se contrapone a la guerra, porque es lo opuesto a la violencia. No obstante, en la supuesta contienda se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una de las leyes más democráticas en su contenido y proceso de formulación que tenemos el orgullo de reivindicar en nuestro país y, paradójicamente, una de las primeras normativas que el Gobierno de Mauricio Macri quiso destruir, siguiendo con la metáfora bélica.

En esa permanente expresión de pretensión de diálogo que realiza el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación se asegura la intención de generar una “verdadera conversación”, deslegitimando así todo intercambio sucedido en los últimos años y desconociendo la dimensión de conflicto inherente a la política. No ha de extrañar que para hacerlo se apeguen a la justificación de lo honorable, pues, como asegura Chantal Mouffe, la teoría liberal es básicamente una teoría moral.

Escinden del acontecer político las luchas de sentidos que implica, cuando en realidad la democracia está en su esplendor al reflejar posiciones irreconciliables. Adherimos a Mouffe cuando asegura que no es propia de la política democrática la búsqueda de consensos. La democracia experimenta una constante lucha de sentidos, una permanente disputa por la hegemonía. Negar esto con un discurso moralista socava la intención última del proceso de gobierno en manos del pueblo.

No obstante, no puede negarse la habilidad, o, mejor, el trabajo que existe detrás de cada comunicado emitido desde el oficialismo. Pero aun reconociendo el esfuerzo de los comunicadores/as, resulta llamativo cómo se justifica cada acción emprendida como si fuera una reacción ineludible a la pesada herencia. Y en eso el neoliberalismo es experto: presenta cualquier política aplicada contra el pueblo como inevitable, como la única salida posible, aunque dolorosa o “durísima”, como sostenía Patricia Bullrich durante el Gobierno de De la Rúa, cuando en realidad se trata de una decisión política que por lo general es a favor de las élites, en perjuicio de las mayorías.

Como comunicadoras/es, asumimos la responsabilidad de presentar nuestra postura acompañada de un breve análisis, pero las/os invitamos a leer el comunicado y a sacar sus propias conclusiones, no sin antes preguntarnos si las consecuencias de las políticas que se aplican las asumen los actores que las ejecutan o si la culpa es siempre del otro (Gobierno); y si, ante la dificultad del sostenimiento de la imagen positiva y del 51% de la población que acompañó con el voto, se admite o no una realidad que parece indicar, como señala Mario Benedetti y como la historia nos ha demostrado en otras ocasiones, que la culpa es de uno si no enamora.

https://www.facebook.com/pena.marcos/posts/10156787274935142 


* Sofía Bernat (becaria Conicet), Lucrecia Gandolfo (becaria UNLP) y Laura Ferrandi (coord.).

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