Por Marianela García*

Las mujeres que acuden a los programas públicos de violencia son, generalmente, mujeres que no tienen acceso a la Justicia, a la salud, y sufren muchas veces una dependencia económica de su agresor. Como jefas de familia, tienen que preocuparse por el bienestar de sus hijos, desde que vayan a la escuela hasta que tengan un techo digno donde dormir cada noche. A estas preocupaciones –que en la pobreza se tornan magnánimes– se le suman reiteradas situaciones de violencia psicológica y física en donde corre riesgo su vida y las de sus hijos.

Es a estas mujeres que atiende la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad de La Plata y que desde el cambio de gestión viene siendo desmantelada dejando a las trabajadoras del área sin posibilidad de dar respuesta a las múltiples demandas que reciben. “De once trabajadoras quedamos seis, nos redujeron a la mitad”, informa Erica Piccione, trabajadora del área y delegada de ATE. “Es una política de reducción de políticas públicas, sobre todo en las condiciones de precariedad en las que estamos trabajando. Ejercen violencia sobre nosotras como trabajadoras y sobre las mujeres que vienen a consultar al espacio, porque se vulneran aún más los derechos de personas que ya tienen sus derechos vulnerados en otro ámbitos”, señala Erica.

Desde hace dos semanas las trabajadoras de la ex Subsecretaría de Género y Derechos Humanos, que a partir de enero fue fragmentada en dos direcciones de menor rango, se reúnen en 7 y 50 para reclamar por la reincorporación de sus compañeras despedidas, el cese de la precarización laboral a la que están sometidas y una mejora salarial por el desempeño de sus tareas.

Así como María Victoria, la gran cantidad de trabajadores en la Municipalidad de La Plata se encuentran “mensualizados”, lo que implica que cada tres meses se les cae el contrato laboral así como la cobertura de la obra social. Normalmente estos contratos se renuevan continuamente, pero desde diciembre de 2015 la inestabilidad que permite este tipo de contrataciones es aprovechada por la gestión de Julio Garro para despedir a los y las trabajadoras municipales. “El 7 de abril, cuando termino mi horario laboral, se me informa que estoy despedida, que a partir del día siguiente no formaba parte del grupo de trabajadores de la Municipalidad”, cuenta Victoria, y agrega que “la justificación que me dieron es que me llevaba mal con mis compañeras, algo que es totalmente falso porque son mis compañeras las que están hoy acá pidiendo por mi reincorporación. Además, es claro que precisamente no son mis compañeras lo que le importa a esta gestión, que las hace realizar doble jornada laboral por el mismo salario, que ni si quiera es digno, y hay una continua descalificación a sus tareas”.

“Sufrimos intimidaciones en nuestros espacios de trabajo. Nos falta la planilla de asistencia, está la amenaza de los descuentos de nuestros salarios que ya de por sí son bajos, nos piden que hagamos doble tarea porque, además, no tienen mucha dimensión de los que es el trabajo que desarrollamos. Estamos ante un amedrentamiento constante a la hora de trabajar”, explica Erica, que además participa de la asamblea de trabajadoras en políticas de género y derechos humanos conformada a partir de la grave situación que están atravesando los programas.

En Derechos Humanos la situación es muy similar. Sofía hace veintidós años que trabaja allí y era compañera de Lorena Vázquez, que estaba encargada de colocar las baldosas blancas de la memoria, que es la señalización de las víctimas de la última dictadura cívico-militar. Sofía explica que “a partir de la nueva gestión, Lorena se quedó sin contrato y estamos pidiendo su reincorporación inmediata. Ella tiene cuarenta años, es madre de cuatro hijos y sostén de familia. Trabajaba en el municipio desde 2010, estaba precarizada, mensualizada, recontratada cada tres meses. En Derecho Humanos tenemos un compañero que tiene diez años de antigüedad y todavía esta mensualizado”.

Sin diversidad

Valentina Pereyra es una trabajadora trans que desde 2013 desarrollaba tareas en el municipio de La Plata. Pasó por diferentes espacios: Políticas de Género, Desarrollo Social, Identidades y colectividades y el Programa Centro Integral para la Mujer Víctima de Violencia. “Ese programa ya no existe. La nueva gestión de Garro lo dio de baja el 31 de diciembre y con él a dieciséis trabajadoras. De esas compañeras, ocho fueron reincorporadas, pero yo me quedé en la calle”.

“Nunca me dijeron por qué, nunca me recibieron, nunca tuve respuesta, por lo que empecé un largo camino de solicitar audiencias para exigir el cupo de la población trans, que está avalado por ley, tienen la obligación de cumplirlo, pero nunca tuvimos respuesta. Por eso mi causa está judicializada hace un mes”, explica Valentina.

“Más allá de ser persecución ideológica, es un acto de discriminación a poblaciones que somos vulneradas socialmente desde que tenemos uso de nuestra identidad. Estamos acá reclamando por el cumplimiento de la ley, por lo menos en el municipio”, expresa Valentina, y señala que “en el municipio no se trabaja diversidad sexual ni violencia sexo-genérica”.

La Ley del Cupo Trans en la provincia de Buenos Aires fue aprobada en septiembre de 2015, en base a un proyecto legislativo presentado por la diputada Karina Nazábal del Frente para la Victoria. En este marco, Valentina expresa: “Es importante concientizar a la sociedad, a los sectores políticos, gremios, sindicatos, que ayuden al cumplimiento de la ley, porque es muy importante para comunidad trans, porque somos vulneradas en todos los sistemas sociales, en salud, en trabajo, en educación. Esto es una posibilidad muy grande para poder elegir qué trabajo queremos hacer y que no sea la única opción el trabajo sexual. Nos da la opción de poder elegir un trabajo formal y que el Estado lo garantice”.


* Secretaría de Género, FPyCS, UNLP.