Por Alejandro Palladino

La comunidad de las Universidades públicas del país está en alerta. La envuelve la incertidumbre. Algunas de las muestras que revelan esta situación son los paros de los gremios universitarios de esta semana para exigir una mejora salarial que compense la inflación, con un reclamo del 40% y tras el rechazo del 15% que ofreció el Gobierno en la tercera reunión de mesa salarial, la semana anterior. Las federaciones que engloban a los docentes universitarios del país, Conadu y Conadu Histórica, harán paros como medida de fuerza hoy y mañana la primera y toda esta semana la segunda.

Otras problemáticas tienen que ver con los tarifazos que asfixian el presupuesto de las casas de estudios (de entre 100 y 400%, con aumentos de presupuestos para 2016 no acordes a esos índices), y más atrás en el tiempo, en marzo, el encuentro del ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, con empresarios de la educación en el Foro Mundial de Educación y Habilidades (Global Education and Skills Forum) en Dubai, donde cuestionaron hasta qué punto vale la pena ir a la Universidad para conseguir trabajo en la actualidad. Debates que parecían saldados, por la importancia que le asignó el kirchnerismo a la educación superior tras el menemismo, Cambiemos los puso en agenda de nuevo.

Este estado de inestabilidad sobre qué Universidad pública para el país en el actual contexto político, estuvo presente en el XXV plenario del Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Sociales, que se realizó el jueves 21 y viernes 22 de abril en la Universidad de Cuyo, en Mendoza, y en el que confluyeron decanos y representantes de entidades académicas de todo el país.

A pesar de la heterogeneidad ideológica de los representantes del encuentro, y en lo que fue el primer consejo de Facultades de Ciencias Sociales desde que asumió Macri –lo que le dio cierto tinte de diagnóstico y balance al encuentro sobre qué vendrá–, el clima y la sensación con respecto al futuro de las Universidades fue resumido por los asistentes como “incertidumbre”.

Este consenso alcanzado fue sintetizado en un documento elaborado por el consejo de decanos de ciencias sociales, aprobado por unanimidad, en el que expresan: “Señalamos nuestra profunda preocupación y la de nuestras comunidades, frente a las circunstancias que atraviesan las casas de estudios y los trabajadores de la educación superior”. Y refuerzan: “La educación superior es un bien público social, un derecho humano universal y su sostenimiento, una responsabilidad indelegable del Estado”.

Desde el vamos, la atmósfera del encuentro no traía buenos augurios: llegados a Mendoza desde distintos puntos del país, los decanos sabían de antemano del derrumbe de su paritaria y de los paros de esta semana, ya confirmados en aquel entonces por los gremios universitarios.

“La decisión colectiva del consejo de sacar un comunicado manifiesta el clima de incertidumbre de la charla que tuvimos entre todos los decanos”, dijo a Contexto Daniel Escribano, decano del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), presente en la reunión entre decanos. “No hubo una voz disidente que dijera ‘vamos por el buen camino’, fue un consenso”.

El motivo que reunía a las autoridades facultativas era cómo continuarán programas universitarios de calidad educativa, como los de movilidad estudiantil y docente, incentivos para la investigación. También de infraestructura, que en el caso de la UNDAV son fundamentales considerando que es nueva y hacen falta obras.

Para llevar tranquilidad a los decanos sobre estos temas estuvo en Mendoza Mónica Marquina, directora ejecutiva del Programa de Calidad Universitaria que depende de la Secretaría de Políticas Universitarias, quien, sin embargo, aportó más dudas que certezas: “Se comprometió con que los programas iban a seguir, pero dijo que el dinero no estaba”, detalló Escribano, y continuó: “Nos dijo que todo va a seguir, pero no se sabe cómo, ni cuándo, ni de qué manera”.

Las inquietudes más concretas que flotaban en la reunión además de los programas de calidad educativa, esto es, el tarifazo que puso en jaque a más de una Universidad pública y el techo salarial del que no se aparta el Gobierno nacional, fueron leídas de la siguiente manera por el decano Escribano, en sintonía con los demás: “Lo que se comentó y lo que hay que defender y dar a conocer es que no solamente está en juego una decisión presupuestaria, sino que está en juego un modelo de Universidad”.

En una línea muy cercana a Escribano se pronunció Ramiro Segura, secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), quien asistió al consejo en la ciudad cuyana en nombre de su institución y, en diálogo con Contexto, condensó el sentido de la charla: “Estábamos todos preocupados por esta situación”.

Segura consideró que había opiniones “pesimistas” y otras más tendientes a la “cautela, a estar atentos”, siempre envueltas en la “incertidumbre”, por la “preocupación respecto de cómo iba a resolverse la cuestión paritaria y el financiamiento universitario”.

Algunas otras frases que definieron la reunión de decanos fueron: “No hay aun decisión presupuestaria del Ministerio de Educación para hacer llegar a las Universidades; todavía no sabemos adónde vamos; y la incertidumbre se proyecta porque no hay nada claro”.

Mientras tanto, además de los paros, Conadu y Conadu Histórica se movilizarán el viernes en CABA en el marco de lo que promete ser una jornada histórica conseguida por Macri a poco más de cuatro meses de haber ingresado a la Casa Rosada: juntar a las cinco centrales sindicales del país, las tres CGT y las dos CTA, en la calle.