Por Héctor Bernardo

Cuando los procesos populares de la región tienen que enfrentarse a enemigos externos, suelen salir fortalecidos. Pero cuando la traición se hace presente es mucho más difícil de vencer.

El complot urdido en Brasil para atacar a la presidenta Dilma Rousseff es cada vez más evidente. Un aspecto clave en esa trama es el rol que tiene su vicepresidente, Michel Temer, y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. Dos hombres que hasta hace menos de seis meses eran aliados políticos de Rousseff.

El actual gobierno de Brasil tendrá que tener en cuenta los antecedentes en este tipo de conspiraciones, para saber cómo defenderse. Vale la pena recordar dos casos muy recientes, uno que logró concretar el golpe parlamentario; otro que tuvo la intención, pero quedó a mitad de camino: Paraguay y Argentina.

Brasil

El 26 de octubre de 2014, la fórmula Rousseff-Temer ganó las elecciones en la segunda vuelta de las presidenciales de Brasil. La alianza entre el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) consiguió llevar por segunda vez esa formula al Ejecutivo.

El 2 de diciembre de 2015 se dio a conocer que Rousseff permitiría que se inicie una investigación contra el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, acusado de numerosos casos de corrupción. Como respuesta, Cunha aceptó y comenzó a impulsar el juicio político contra la presidenta.

El presidente de la Cámara de Diputados, al igual que el vicepresidente de la nación, pertenece al PMDB, y en caso de que Cunha consiga la destitución de Rousseff, Temer sería presidente de Brasil hasta el 1º de enero de 2019.

El domingo 17 de abril de 2016, la Cámara de Diputados de Brasil votó a favor del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. La votación terminó 367 votos a favor, 137 en contra, 7 abstenciones y 2 ausencias. Todos los integrantes de PMDB votaron a favor del juicio.

Pocos días antes se hizo público un audio en el que el vicepresidente Michel Temer ensayaba el discurso que dará si se destituye a Rousseff. Cuando este audio se conoció, la presidenta afirmó: “Cayeron las máscaras de los golpistas”, y acusó a Temer de ser “uno de los jefes de la conspiración”.

El futuro de Rousseff todavía está en disputa. El Senado tendrá que definir, primero, si aprueba la realización del juicio político y, luego, si destituye a la presidenta.

Lo sucedido en Paraguay con Fernando Lugo y en Argentina con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner son dos buenos ejemplos para entender cómo se puede desenvolver este conflicto.

Paraguay

El 20 de abril de 2008, Fernando Lugo fue electo presidente de Paraguay. Su vicepresidente era Federico Franco, miembro del Partido Liberal Radical Auténtico.

El 15 de junio de 2012 se produjo la masacre de Curuguaty, donde murieron campesinos y policías (un hecho que todavía no ha sido aclarado). Pocas horas después, un diputado del Partido Colorado, Luis Gneiting, presentó un pedido de juicio político contra el presidente Fernando Lugo, responsabilizándolo de la masacre. El pedido no sólo fue respaldado por el resto del Partido Colorado, sino por los parlamentarios del partido Patria Querida y del Partido Liberal Auténtico, conducido por el vicepresidente Federico Franco.

El 22 de junio de 2012, Fernando Lugo fue destituido, luego de un juicio político récord en la historia: duró apenas 36 horas, con los votos de quienes hasta entonces eran sus aliados políticos, el Partido Liberal Auténtico.

Los representantes de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y los socios de Paraguay en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) condenaron el golpe parlamentario. Eso pareció importarle poco a Federico Franco.

Dos de las primeras medidas del golpista Franco fueron declarar su intención de establecer un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y manifestar la necesidad de que Washington reactive la base militar de Mariscal Estigarribia.

Argentina

El 28 de octubre 2007, Cristina Fernández de Kirchner fue electa presidenta de Argentina. En la fórmula la acompañaba un ex integrante de la Unión Cívica Radical (UCR), Julio Cobos.

En 2008, al ver el aumento del valor de los commodities que producía el país (en especial, la soja y el trigo), el Ejecutivo decidió aumentar por decreto las retenciones móviles (impuesto) de esas exportaciones.

Los productores rurales no aceptaron la medida y comenzaron una protesta. Los cortes de ruta en todo el país, sumados al lockout patronal (paro patronal) generaron un enorme desabastecimiento de los productos básicos.

Para evitar que el conflicto avanzara, la presidenta envió al Poder Legislativo un proyecto de ley (conocido como la 125) sobre el aumento de las retenciones.

El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados y elevado al Senado. Allí la votación culminó empatada y el voto que debía definirla fue el del representante del Ejecutivo, el vicepresidente de la nación, Julio Cobos. La expresión de Cobos se hizo conocida popularmente como el voto “no positivo”.

Cobos votó contra el proyecto enviado por el Ejecutivo (del que él era parte), luego declaró su distanciamiento de la presidenta y empezó a ser impulsado por los grandes medios para sucederla.

Al llegar a su provincia, fue recibido por manifestantes opositores al gobierno y por las cámaras de televisión del oligopolio mediático opositor, el Grupo Clarín.

Cobos se transformó en un referente de la oposición al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero nunca renunció a su cargo de vicepresidente. Los medios, que intentaron una y otra vez destituir a la presidenta, lo catapultaban como el referente para sustituirla.

La movilización popular y diversas medidas de gobierno lograron frenar la intención golpista. Cobos dejó de integrar el Ejecutivo en 2011, tras la elección que volvió a posicionar a Cristina Fernández de Kirchner como presidenta.

Las intenciones golpistas no cesaron, pero Julio Cobos dejó de ser la principal pieza para concretarlas.

Argentina y Paraguay corrieron distinta suerte. El destino de Brasil todavía es incierto.