Por Área Niñez, Actores y Territorios del Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios*

En los últimos días se dió a conocer la polémica convocatoria que pretende formar una división de “policía infantil” con niños de entre 6 y 14 años. La misma, impulsada por la Policía de la provincia de Catamarca,“tiene como objetivo principal elevar el espíritu patriótico y cultural, apoyando la educación escolar y familiar a través de múltiples actividades que contemplan todos los derechos del niño y promueven su acercamiento comunitario, inculcándole valores y el respeto por las normas sociales para una armónica convivencia”, así lo afirma el responsable de relaciones institucionales de la Policía catamarqueña, Diego Cerkvenih.

La difusión de esta propuesta, se dio a través de la red social Facebook, adquiriendo rápida repercusión y promoviendo posturas desencontradas.

Para la Casacidn (Comité argentino de seguimiento y aplicación de la Convención internacional de los derechos del niño) el proyecto de Policías Infantiles se presenta como “una aberración”. Su directora ejecutiva, Nora Schulman, señala que “los niños deben aprender valores en la escuela, en la familia, entre ellos, en espacios de educación no formal… pero no por la Policía, que está muy cuestionada en Argentina”.

Ahora bien, esta práctica que hoy nos sorprende y nos interpela como actores sociales, y como protagonistas corresponsables de promover y proteger los derechos de nuestros niños, niñas y jóvenes según nos propone la legislación en niñez vigente, parecería hacernos retroceder en las conquistas alcanzadas durante los últimos años en materia de promoción y protección de derechos.

Si bien se vuelve necesario reconocer, que esta práctica o éstos proyectos, no son nuevos ni exclusivos de las instituciones de seguridad Catamarqueña ya que desde el año 2010, en la ciudad Esquel, Adrían Alberto Mari, el capellán de las fuerzas de seguridad, adoctrinaba a niños y niñas “para que saquen al policía que hay en su interior”. Estas actividades  se replicaron en provincias como Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe, Formosa, Misiones, Tierra del Fuego  y  Jujuy. Estas experiencias, muy arraigadas en diferentes regiones del país desde hace años, tienen su origen en iniciativas surgidas en épocas de la última dictadura cívico-militar y se acentúan durante los años 90 en pleno desarrollo del neoliberalismo.

No es casual que en tiempos de neoliberalismo, surjan y se establezcan este tipo de prácticas en un escenario de desmantelamiento del Estado en manos del mercado que poco apuesta a la promoción de derechos sociales, a políticas públicas para los sectores más desfavorecidos, o a la atención de sectores que considerará improductivo como la niñeces y juventudes. Un mercado ocupado por desbastar la economía, apropiarse de los recursos, achicando el gasto social, y responsabilizando al pobre de su pobreza y de la vulneración de sus derechos.

Ante este panorama, emergen este tipo de instituciones que, aprovechándose de las necesidades socioeconómicas de los sectores más empobrecidos, reclutan a niños, niñas y jóvenes, bajo un discurso moralizador y de rectitud. La promesa de la inclusión se vuelve posible desde el plano civilizatorio, a través del orden, el adoctrinamiento, la obediencia, y la domesticación de todas esas prácticas que por no responder al estatuto de lo legítimo, al orden de lo pulcro donde subyace el más profundo temor del resurgir de la barbarie, ponen en situación de amenaza los valores socialmente construidos, sostenidos y naturalizados por quienes detentan o creen detentar el lugar del poder.  El disciplinamiento aparece de esta forma como posibilidad de inscripción en una sociedad que los excluye, los estigmatiza y los condiciona  y condena a simbólica y fácticamente a estas infancias y juventudes a una existencia- destino de pobreza- delincuencia anunciada.

Nos preguntaremos entonces, cuál es la novedad en el caso de Catamarca. Lo que ha sucedido con este caso que ha despertado polémica y temor al retroceso, es que nos revela la precariedad del escenario que estamos viviendo respecto a la promoción y protección de los derechos de nuestros niños, niñas y jóvenes, como así también, al cumplimiento de pactos preexistentes como el firmado el 12 de octubre del año 2010 en la provicnia de Tucuman bajo la gestión de la entonces Ministra de Seguridad Nilda garré en el marco la sesión plenaria del CONSEJO FEDERAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA donde casi 20 representantes de las diferentes provincias de nuestro país, firmaron y adhirieron a este convenio que contenía, entre otros puntos, la erradicación de la Policía Infantil y otras formas similares de “reclutamiento”, como la Gendarmería Infantil. Desde ese momento, solo Salta siguió teniendo la modalidad.

El acuerdo y compromiso firmado por las diferentes provincias publicado en Gendarmería infantil advierte que el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño sobre Conflictos Armados prohíbe de manera expresa que niños y niñas sean reclutados por ningún tipo de fuerza armada. y reconoce que más allá de aspectos legales y jurídicos, no hay absolutamente ningún motivo para reclutar a niños y niñas para prácticas de esta índole.

Éstas y otras prácticas de tutelaje, control y domesticación de niñeces y juventudes, se extienden en lo ancho de nuestro territorio y a lo largo de nuestra historia, niñeces y juventudes, encorsetadas (para que no se desvíen), adoctrinadas para que obedezcan, silenciadas para que no opinen, masificadas para unificarlas y desdibujadas sus diversidades, reclutadas para separarlas y clasificarlas de quienes pueden transitar sus niñeces y juventudes en el ejercicio pleno de sus derechos, en el marco de un escenario que propicia y que refuerza el estatuto civilizatorio, en un contrato de violencia simbólica y disciplinadora para el control a través del adoctrinamiento de los cuerpos, las prácticas y las subjetividades de la niñez, a constituirse en sujetos tutelados, a través de prácticas organizadoras y performativas de la vida de los presentes de nuestros futuros.

Resulta de suma relevancia en esta ocasión, destacar y denunciar esta práctica, en principio por la legislación vigente que nos interpela y nos insta en el marco de la corresponsabilidad que nos atañe en la protección de los derechos de niños y niñas, así como en el logro de su mayor nivel de desarrollo armónico e integral.  Ser corresponsable en la aplicación de  ley implica que en el marco de cualquier vulneración de los derechos de la niñez, la familia, la sociedad y El Estado son corresponsables en la protección de los niños y las niñas en los efectos de los conflictos armados, incluido su reclutamiento por parte de los grupos armados al margen de la ley.

Estas prácticas entonces, no solo se presentan como una violación a los derechos humanos de los niños y niñas, sino también, como privativas del derecho a ser formados y formadas en espacios propicios, con gente idónea entrenada para tal fin. Avasallando además, el derecho a adquirir los saberes comunes programados en base a una ley de educación libre, gratuita y laica que prevé otras experiencias y tiempos de espacio para la socialización y la recreación.   Estas metodologías de aprendizaje se caracterizan por el adoctrinamiento violento, y como una forma directa de control social. Estas actividades, de carácter totalmente moralizante buscan formar sentidos y valores de control, para mantener un status quo que responde a intereses dominantes a través de la instrucción de las niñeces.

Es fundamental el papel del Estado en este hecho y el de toda la comunidad instándolo a proteger a nuestros niños y niñas, en la promoción y protección de sus derechos y en la garantía de las conquistas sociales alcanzadas en las últimas décadas por todo el pueblo.


 

* Candela Luquet, Brenda Márquez, Cintia Antilef, Vitaller Karina y equipo. Facultad de Periodismo y Comunicación Social – UNLP.