Por Contexto

Mientras el Gobierno nacional, con ayuda mediática, busca sepultar el escándalo de los Panamá Papers que involucra a Mauricio Macri, ahora presidente, y Néstor Grindetti, actual intendente de Lanús, fueron denunciados por una supuesta maniobra de corrupción y lavado de dinero para financiar la campaña del PRO durante el año pasado.

La operatoria está descrita en la presentación ante la PROSELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) realizada en las últimas horas por Leandro Santoro, el dirigente del Frente para la Victoria que fue candidato a vicejefe de Gobierno porteño detrás de Mariano Recalde en la última elección.

Se trata de una acusación que se basa en una denuncia ya realizada, por un dudoso canje de deuda por 475 millones de dólares, pero que ahora se puede llegar a reactivar con la confirmación de que tanto Macri como Gridentti tuvieron participación en empresas y cuentas radicadas en paraísos fiscales.

“Vengo por el presente a denunciar hechos graves que afectan al Estado y que, sin perjuicio de cualquier otra calificación legal con la que puedan ser tipificados, pueden configurar delitos contra el orden económico y financiero”, empieza el escrito al que tuvo acceso Contexto. El titular de la PROSELAC, Carlos Gonella, ya le giró el expediente al juez federal Sebastián Casanello, que imputó al ex titular de Boca Juniors por una presunta “omisión maliciosa” de su participación en una sociedad offshore.

Para Santoro, todo comienza con colocación de los bonos Tango Serie 8 de la Ciudad de Buenos Aires por el monto antedicho (USD 475 millones) en 2010, cuando Macri finalizaba su primer mandato y Grindetti era su secretario de Hacienda. Como agentes de dicha operación intervinieron las firmas KBR Corporate Finance y Credit Suisse. Hasta ahí, los interrogantes eran sobre el destino de ese dinero, porque no se realzaron las obras de infraestructura prometidas.

Pero ahora se dio a conocer que Grindetti recibió el 15 de julio de 2010 un poder por parte de MERCIER S.A. (creada en Panamá por pedido de un estudio uruguayo) para operar en el banco suizo Clariden LEU AG, que en 2012, más precisamente el 2 de abril, se fusionó con el ya mencionado Credit Suisse. Es decir, Grindetti le habría hecho ganar jugosas comisiones a una entidad de la que luego iba a formar parte, desde esa fecha hasta 2013.

Pero habría otra incompatibilidad. Para revelarla, Santoro cita la causa 17.065/2010, una denuncia penal contra Grindetti radicada en el Juzgado Nacional de Instrucción Nº 21, a cargo de Mauricio Zamudio. Allí se relataba: “Para la puesta en marcha de la operación habrían contratado los servicios de las firmas Credit Suisse y KBR, que habrían percibido un total del dos por ciento del capital comprometido en concepto de comisión por la reestructuración de la negociación, siendo que el promedio de comisión cobrada con tales operaciones es considerablemente menor”.

PARA SANTORO, “EXISTEN ELEMENTOS PARA SOSPECHAR QUE PARTE DEL DINERO PRODUCIDO POR LAS MANIOBRAS DE LAVADO SOSPECHADAS PUDO HABER SIDO DESTINADO A LA CAMPAÑA ELECTORAL”.

El denunciante de entonces también precisó que el representante de la firma KBR Corporate Finance en el país era Edgardo Srodek, familiar del ruralista Jorge Srodek, por ese entonces diputado provincial de Buenos Aires por el macrismo. Grindetti y el director general del Crédito Público de aquel momento, Gonzalo Fernández Semhan, fueron imputados y después sobreseídos. Pero ahora aparecieron datos que podrían generar nuevas hipótesis.

Santoro también recupera parte de una segunda denuncia al respecto, con autoría del legislador Martin Hourest, con la cual se pretendía saber “quiénes son los tomadores de esta deuda, los compradores de esta deuda, porque presumimos que hay algún tipo de tráfico de información. Son bonos a los que no se les dio gran publicidad, es un mercado ultra reducido y queremos saber quiénes lo integran”.

“Es importante –le advierte Santoro a Gonella– agregar este dato ya que no se podría descartar un modus operandi en el que algunas personas podrían estar utilizando los recursos del Estado para beneficio propio y tampoco descartarse el hecho de que las ganancias obtenidas se oculten detrás de un andamiaje jurídico montado para evadir la ley”.

Financiamiento electoral

Además, para Santoro, “existen elementos para sospechar que parte del dinero producido por las maniobras de lavado sospechadas pudo haber sido destinado a la campaña electoral”.

El referente de “Los Irrompibles”, una línea del radicalismo que se sumó al FpV, asegura que la comisión del ilícito “cobra más relevancia por el aporte económico que algunos de los implicados en las maniobras efectuaron también en la campaña electoral del espacio político PRO en las elecciones de 2015″. Por ejemplo, los empleados de la cartera de Grindetti fueron los que más aportaron, en comparación con los otros ministerios, al proselitismo de Cambiemos: 700 mil pesos.

De los empleados de Grindetti, según la Cámara Nacional Electoral, trece pusieron 30 mil pesos y tres pusieron 50 mil, 45 mil y 25 mil, respectivamente. De esta manera, volverían “blanqueadas” las cifras que habrían sido conseguidas a través de comisiones e intereses, ya que los Tango habrían tenido para la Ciudad un costo altísimo y sus compradores habrían salido muy beneficiados.

Otro dato extraño es que en la declaración jurada de Grindetti de 2013 figura una préstamo por 70 mil dólares por parte de su jefe de Gabinete en Hacienda, Roberto Gigante, hoy ministro de Coordinación y de Gestión Pública en la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal.

SE TRATA DE UNA ACUSACIÓN QUE SE BASA EN UNA DENUNCIA YA REALIZADA, POR UN DUDOSO CANJE DE DEUDA POR 475 MILLONES DE DÓLARES, PERO QUE AHORA SE PUEDE REACTIVAR CON LA CONFIRMACIÓN DE  que MACRI Y GRIDENTTI TUVIERON PARTICIPACIÓN EN PARAÍSOS FISCALES.

Este accionar no fue sólo patrimonio de Grindetti y los suyos. En una nota de Marisol de Ambrosio publicada en Télam el 15 de octubre de 2015, se informaba que el PRO financió el 30% de su propaganda y su publicidad, unos 5 millones de pesos, con aportes de sus militantes, que a su vez eran empleados en CABA.

“Unos 140 empleados pertenecientes a siete ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, todos con rango jerárquico, aportaron más de cinco millones de pesos para la campaña presidencial de Mauricio Macri, según se desprende de la lista de aportantes publicada por la Cámara Nacional Electoral”, explicaba la noticia.

El portal Cheaqueado.com también daba cuenta de una situación similar. Para las últimas PASO, entre los principales donantes figuran con 95 mil pesos dos jóvenes funcionarios de entre 26 y 29 años, monotributistas categoría G, que reportaban ingresos anuales menores a 240 mil pesos.