Por Daniel Badenes*

La convocatoria del principal organismo de la Organización de Estados Americanos es el resultado de un pedido realizado en enero por un importante grupo de organizaciones e instituciones, encabezado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y con la impronta federal y multisectorial de la Coalición por una Comunicación Democrática, para poder informar a la CIDH sobre las vulneraciones a la libertad de expresión que implicaron el DNU 13/15, el Decreto 236/15 precedido por una intervención policial y finalmente el DNU 267, que alteró aspectos fundamentales de la norma más democrática de la historia argentina: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

No será casual la presencia de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (REDCOM) en la audiencia de Washington, sino que expresa un compromiso profundo y creciente del sector universitario con el paradigma de una comunicación democrática sintetizado en aquella ley.

Hagamos historia. En 2004, cuando la Coalición consensuó los 21 puntos de la “Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión para la Democracia”, sólo hubo una mención al sector: el duodécimo punto refería de las radios universitarias. Por ese entonces, la conformación de la Coalición hablaba más de “universitarios” que de “Universidades”. Salvo alguna grata excepción, como la carrera de Ciencias de Comunicación de la UBA, la participación no era institucional. Aquel documento fundacional habla de “estudiantes de comunicación”, nunca de directores de carreras y mucho menos de decanas/os y rectoras/es.

Sucedió mucho en estos años. En 2009, varias de nuestras Facultades fueron sede y partícipes de los foros que se desarrollaron en todo el país para discutir y enriquecer el anteproyecto de ley. El resultado fue una norma de avanzada, elogiada en el mundo, que al sistema universitario no sólo le dio derechos sino también obligaciones.

Con ella, en reemplazo del viejo COMFER se creó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), cuyo directorio tenía siete miembros, de los cuales sólo dos eran elegidos por el Gobierno. Tres los decidía el Congreso (uno por la mayoría o primera minoría, uno por la segunda minoría, otro por la tercera minoría) y los dos restantes eran propuestos por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, “debiendo uno de ellos ser un académico representante de las facultades o carreras de ciencias de la información, ciencias de la comunicación o periodismo de universidades nacionales”, según establecía el artículo 14, uno de los derogados por el DNU 267, que creó un ente completamente controlado por el Poder Ejecutivo.

En aquel Consejo con representación federal y multisectorial, a su vez, la participación era doble. Un miembro correspondía a las Universidades nacionales con Facultades o carreras de comunicación y otro a las emisoras universitarias, que recibían por primera vez un marco normativo que las contenía. Hay que remarcarlo: antes de 2009 no había ley para los medios universitarios, salvo por una mención suelta en el decreto de radiodifusión que les prohibía vender publicidad. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual reconoció a nuestros medios como parte del sistema público, con una gestión autónoma. Desde su sanción, el número de emisoras se duplicó y más. Hoy son 59 las reconocidas por el Consejo Interuniversitario Nacional e integradas en la Asociación de Radios Universitarias (ARUNA), que también suscribió el pedido de audiencia a la CIDH. Un proceso similar, aunque más complejo, sucedió con los canales televisivos, entre los que cabe señalar –además de las señales consolidadas de Córdoba y La Plata– la creación de dos consorcios de Universidades, que aportaron una solución creativa y solidaria frente al problema de la limitación del espectro.

Está claro que aquel 2009 no fue un punto de llegada, sino más bien uno de partida. Empezó entonces la pelea por la plena vigencia y aplicación de la ley, demorada algunas veces por inercias o torpezas en el organismo de aplicación, y principalmente por la estrategia judicial de los grupos económicos obligados a desmonopolizarse que llegó a la Corte Suprema de la Nación.

La pérdida de autonomía del organismo de aplicación, la reducción de los límites para evitar procesos de concentración de medios y posiciones dominantes, el uso de herramientas penales para implementar la intervención de la AFSCA, son algunos de los aspectos señalados en el pedido de audiencia en el que confluimos organismos de derechos humanos, medios comunitarios y pymes, el movimiento cooperativo, la red de carreras de comunicación, la asociación de radios universitarias y algunas universidades.

Esa batalla jurídica que terminó con la declaración de plena constitucionalidad en octubre de 2013 mostró otra vez la confluencia multisectorial. Tanto el CELS como las redes de medios comunitarios, el movimiento cooperativo y la REDCOM estuvieron entre los amicus curiae presentados ante la Corte para defender la ley.

Y seremos los mismos sectores los que digamos presente este viernes en Washington, para dejar sentado ante la CIDH lo que hemos planteado en las aulas, en las calles, en el Congreso y en los tribunales argentinos. Si la ley que supimos construir fue observada con respeto, elogiada e imitada, hoy el continente debe saber que el Poder Ejecutivo ha distanciado al Estado argentino de los estándares de derechos humanos, en beneficio de grandes corporaciones que entienden la comunicación como un negocio.

La pérdida de autonomía del organismo de aplicación, la reducción de los límites para evitar procesos de concentración de medios y posiciones dominantes, el uso de herramientas penales para implementar la intervención de la AFSCA, son algunos de los aspectos señalados en el pedido de audiencia en el que confluimos organismos de derechos humanos, medios comunitarios y pymes, el movimiento cooperativo, la red de carreras de comunicación, la asociación de radios universitarias y algunas Universidades. Por eso y más, el Gobierno argentino deberá asistir al Salón Padilha Vidal de la OEA y dar explicaciones.

Como siempre, sabemos que la pelea es dentro y fuera –esta vez, en Washington y en toda Argentina–, con argumentos técnicos y políticos. Una nota de José Crettaz y luego el propio editorial en el diario La Nación –con una indignación calcada a la que se promovía en 1979 frente a la visita de la CIDH al país–, publicados el mes pasado, sugieren cuál podría ser el tono de la cobertura de los grandes medios comerciales. Quienes defendemos la comunicación democrática tendremos un gran desafío que enfrentar desde nuestros medios comunitarios, cooperativos y universitarios, en las grietas de los comerciales, en las aulas y en cada conversación cotidiana: explicar que no hay más “campaña antiargentina” que la pretensión oficial de reemplazar derechos humanos por negocios.


 

* Participante de la audiencia de la CIDH en representación de la Universidad Nacional de Quilmes y la Red de Carreras de Periodismo y Comunicación Social de Argentina (REDCOM).