Por Esteban Rodríguez Alzueta*

La semana pasada, el presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de La Plata, el concejal Fernando Ponce, presentó el proyecto de ordenanza “Protocolo de actuación en manifestaciones públicas”. El proyecto replica, casi punto por punto, el anteproyecto presentado semanas atrás por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Se trata de iniciativas que pretenden plantear a la protesta social más allá de los derechos humanos, como un problema de seguridad. En efecto, tanto para el edil como para la ministra, la policía no está para proteger a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, sino para salvaguardar el orden público, esto es, cuidarle las espaldas a los funcionarios de la sociedad movilizada. Una perspectiva que nos retrotrae a la década del 90. Cuando se piensa la protesta con el código penal, los conflictos sociales se transforman en litigios judiciales. Ese es el objetivo final del protocolo: sacar de contexto, despolitizar la política y, más aún, deslegitimar la movilización social. Y más aún: extorsionar a los manifestantes.

En segundo lugar, el proyecto se fundamenta en un axioma que atrasa y nos devuelve al siglo XIX. Esa fórmula sostiene que “los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos del otro” y que, por tanto, el derecho a expresarse libremente no puede afectar otros derechos como, por ejemplo, el derecho a circular o a trabajar. Por empezar, digamos que no es cierto que los piquetes o las movilizaciones impidan la circulación y el trabajo al resto de los argentinos. Sin lugar a dudas, como cualquier medida de fuerza, produce una serie de “trastornos urbanos”, a saber, embotellamientos y demoras, a veces muy molestas. “Trastornos” semejantes a los que se producen en la ciudad cuando no funcionan los semáforos, los autos estacionan en doble fila, hay un accidente en la autopista, una maratón o un espectáculo deportivo que obliga a desviar el tránsito. Pero esos “trastornos” no pueden equipararse al estado de necesidad en el que se encuentran sus protagonistas y muchos actores solidarios con estos. La calle es mucho más que un espacio de circulación o una estampita para ser admirada por los turistas eventuales. Es un espacio de encuentro y reunión. A través de la protesta los manifestantes transforman la calle en un foro público para peticionar a las autoridades, pero también para interpelar al resto de la sociedad en los debates que, en una democracia, involucran a todas y todos.

Por otro lado, ese razonamiento tiene otro problema: pierde de vista que el capitalismo ha introducido una serie de desarreglos en la estructura social, y que por tanto los ciudadanos no somos iguales ante la ley o, en todo caso, hay algunos ciudadanos que son más parecidos que otros; es decir, hay personas que, por las particulares circunstancias en las que se encuentran, merecen una sobreprotección, en el sentido de que tienen más derechos o sus derechos necesitan una atención especial por parte de los funcionarios del gobierno y los actores judiciales. Es el caso de los trabajadores desocupados y precarizados, por ejemplo. De modo que el derecho a expresarse libremente es un derecho que está por encima de otros derechos.

El derecho a la protesta actualiza la libertad de expresión de los actores en desventaja. Cuando las personas no pueden esperar a la próxima elección para presentar sus demandas y tampoco los medios de comunicación propalan sus problemas o el punto de vista que tienen sobre esos problemas; cuando los funcionarios o los patrones no atienden los teléfonos, faltan a las reuniones concertadas o sientan a un funcionario o administrador que no tiene capacidad de decisión alguna, en esas circunstancias, el derecho a la protesta se convierte en el primer derecho. Es el derecho que llama a los otros derechos. Si estas personas no pueden manifestarse, difícilmente podrán hacer valer los otros derechos que alguna vez consiguieron también a través de la participación. Acaso por todo eso se ha dicho que no hay democracia sin libertad de expresión, que la libertad de expresión es el nervio de la democracia, es la posibilidad de decir “no”.


*Docente e investigador de la UNQ y la UNLP. Autor de Temor y Control; coautor de La criminalización de la protesta social y El derecho a tener derechos. Miembro de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional y del CIAJ (Colectivo de Investigación y Acción Jurídica), organismo de DDHH de la ciudad de La Plata.