Por Daniel Cecchini

La conmemoración –con la inalienable exigencia de Memoria, Verdad y Justicia- de los cuarenta años del golpe cívico-militar-judicial y eclesiástico que perpetró un genocidio para aplicar en la Argentina un plan económico que tenía como condición necesaria la exclusión social de una gran parte de su población encuentra hoy a los argentinos frente a una cruel paradoja que amenaza con socavar los cimientos mismos del “Nunca más”. Lo que está en juego es mucho más que una consigna. Se trata de volver al pasado o de resistir para continuar construyendo el futuro.

Economía de exclusión

El 24 de marzo de 1976, los sectores más concentrados de la economía utilizaron a los militares para terminar con todo atisbo de resistencia al modelo económico reagan-thatcherista que había comenzado a implementar, con tremendas consecuencias sociales, el gobierno de Isabel Perón de la mano de su ministro de Economía, Celestino Rodrigo.

Ya en el poder, la dictadura lo profundizó hasta lograr un endeudamiento externo inédito hasta entonces y la destrucción casi total del aparato productivo nacional. A un año del golpe, en su Carta Abierta a la Junta Militar, Rodolfo Walsh describía las consecuencias de ese proceso: “En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar (…) Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9% prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial.”

“En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar”, denunciaba Rodolfo Walsh al cumplirse el primer año de la dictadura.

Cuarenta años más tarde, aquel reagan-thatcherismo primigenio se ha desarrollado hasta la metástasis y el capitalismo financiero internacional intenta imponer, por distintos medios, sus reglas a nivel global. En la Argentina lo ha logrado ahora por la vía electoral, luego de una hábil estrategia de desgaste del gobierno anterior cuyos dos principales arietes fueron los medios hegemónicos y el Poder Judicial.

En sus primeros tres meses, la administración que encabeza Mauricio Macri perpetró una brutal transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía, redujo entre un 35 y 40 por ciento el poder adquisitivo de los argentinos, destruyó más de cien mil puestos de trabajo y desmontó importantes programas sociales que elevaban la calidad de vida de los sectores más postergados de la población. Paralelamente, mediante la desarticulación de los controles estatales, reconvirtió a la Argentina en un paraíso para la fuga de capitales.

Como hace cuarenta años, estas políticas de exclusión social requieren la represión de la protesta para ser aplicadas. Los balazos de goma a los obreros de Cresta Roja, a los cooperativistas platenses, a los pibes murgueros de las villas y a tantos otros que protestan a lo largo y lo ancho del país son una muestra acabada de que la espiral de violencia ha comenzado.

En el plano de la exclusión social y la criminalización de la protesta, el “Nunca más” pierde terreno día tras día frente al “una vez más”.

En el plano de la exclusión social y la criminalización de la protesta, el “Nunca más” pierde terreno día tras día frente al “una vez más”.

Blindaje mediático

Para sostener su programa económico y ocultar el plan sistemático de aniquilamiento de la disidencia político y social que necesitaba para aplicarlo, la dictadura implementó también una fuerte política de medios de comunicación con la que buscó imponer un discurso (des) informativo único. Para ello contó no sólo con todo el aparato comunicacional del Estado –les medios públicos y las radios y los canales de televisión intervenidos-, sino también con el apoyo al principio incondicional de los medios privados más poderosos de la Argentina. Mediante el despojo al Grupo Graiver de las acciones de Papel Prensa para entregarlas a los dueños de Clarín, La Nación y La Razón, los dictadores construyeron una sociedad de conveniencia que les garantizó su complicidad.

Otros medios no fueron cómplices, pero tampoco se pusieron en la vereda de la oposición. Las amenazas, las desapariciones de trabajadores de prensa y los manejos con la pauta oficial fueron argumentos más que suficientes para callar total o parcialmente sus voces. En los primeros años de la dictadura, sólo el Buenos Aires Herald y La Prensa se atrevieron a publicar información sobre la desaparición de personas y sufrieron duras represalias.

La resistencia informativa sólo podía desarrollarse desde la clandestinidad. En ese sentido, la agencia Ancla, creada por Rodolfo Walsh, fue un verdadero ejemplo.

Cuarenta años después del golpe, la batalla por la información parece librarse en un escenario bastante parecido. Además de contar con toda la artillería de los medios públicos para imponer su discurso, el gobierno de Cambiemos tiene el apoyo casi incondicional de Clarín, La Nación, hoy mucho más poderosos que entonces gracias a aquel despojo cometido durante la dictadura.

Cuarenta años después del golpe, la batalla por la información parece librarse en un escenario bastante parecido. Además de contar con toda la artillería de los medios públicos para imponer su discurso, Cambiemos tiene el apoyo casi incondicional de Clarín, La Nación, hoy mucho más poderosos.

Para fortalecer aún más su blindaje mediático, en una de sus primeras medidas, Macri decretó el desmantelamiento de la Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, creada por una ley que había sido votada por una abrumadora mayoría en ambas cámaras y que apuntaba a fortalecer la pluralidad de voces.

También en el plano de la información, el “Nunca más” al discurso único está fuertemente jaqueado por otro “una vez más”.

Justicia o impunidad

La presencia de Barack Obama en tierras argentinas simboliza quizás todas las paradojas que encierra este 24 de marzo. El Departamento de Estado norteamericano y el gobierno argentino acordaron la fecha sin inocencia alguna. Se trata de un mensaje claro en momentos en que los gobiernos progresistas de América Latina están sufriendo una fuerte estrategia de desgaste orquestada a nivel continental. Se trata de un nuevo Plan Cóndor –como lo calificó el presidente ecuatoriano Rafael Correa– cuyas armas ya no son las de los ejércitos sino las del bombardeo mediático y las denuncias judiciales.

Los golpes duros han sido reemplazados por los golpes blandos, que ni siquiera necesitan parecerse a un golpe. La caída de Fernando Lugo en Paraguay mediante una maniobra casi palaciega, los constantes ataques al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, las operaciones judiciales y de prensa contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que incidieron de manera decisiva en el resultado de las últimas elecciones en la Argentina, son apenas los casos más notorios. Obama vino para festejar con Macri una victoria.

A cuarenta años del golpe genocida, sobre esta victoria los sectores más reaccionarios de la sociedad intentan construir una definitiva impunidad, que no sólo busca sacar de las cárceles a los represores condenados por delitos de lesa humanidad sino que pretende destruir el logro más importante de la democracia argentina: las políticas de Memoria, Verdad y Justicia reclamadas y promovidas por los organismos de derechos humanos desde los primeros tiempos de la dictadura –a la que enfrentaron con extraordinario coraje– y que en los últimos 35 años, con sus vaivenes, consiguieron el avance de los juicios y el castigo de muchos de los partícipes de la represión ilegal.

En ese sentido apunta la cadena de editoriales que el diario La Nación viene eslabonando desde el mismo día de la victoria electoral de Macri, pero también la política de vaciamiento –a veces solapada, otras veces más que evidente– de los organismos estatales que deben apoyar a la Justicia para que los juicios puedan seguir avanzando.

Esto ocurre precisamente cuando las causas por delitos de lesa humanidad comienzan a abordar los casos de complicidad civil –empresaria, eclesiástica y judicial– con el genocidio. Es decir, cuando el accionar de la Justicia afecta al poder real. No se trata, ahora, solamente de militares fura de circulación sino de empresarios fuertemente ligados a el nuevo gobierno: Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, apropiadores de las acciones de Papel Prensa; Carlos Pedro Blaquier, cómplice de las desapariciones de la noche del apagón; Vicente Massot, agente de inteligencia y desaparecedor de trabajadores de sus propio diario, entre tantos otros. Partícipes de la dictadura que hoy, nuevamente, están en el poder.

Así, a cuarenta años del golpe, también en las políticas de derechos humanos –y en el accionar judicial que indispensablemente requieren– el “Nunca más” que parecía definitivamente instalado en la Argentina está nuevamente amenazado por el “una vez más” de la impunidad.

En pocas horas más, no sólo en la Plaza de Mayo sino en centenares de plazas de todo el país, los argentinos –todos y cada uno de ellos– tendrán la posibilidad de decir si quieren volver al pasado o resistir para poder seguir construyendo el futuro. En la masividad de las marchas quedará simbolizada la verdadera fortaleza del “Nunca más”. Porque de eso se trata, de reafirmar los “Nunca más” que con tanto trabajo y dolor se vienen construyendo desde hace décadas: a la exclusión, a la represión, al silencio, a la impunidad.

Nunca más. Es lo que está en juego.