Por Alejandro Palladino

La lista de 171 casos de periodistas, trabajadores de prensa y reporteros gráficos víctimas del accionar represivo del terrorismo de Estado, que abarca el período 1966-1983, condensa un trabajo colectivo de recopilación de datos y experiencias de organismos de derechos humanos, testimonios de juicios de lesa humanidad, de familiares y gremios periodísticos, que comenzó durante los años de gobierno de facto cuando los compañeros de militancia buscaban los rastros de los desaparecidos y los familiares presentaban los Habeas Corpus para reclamar en medio del silencio.

El listado actualizado al 2016 pertenece al Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y en su conformación participaron la Comisión de Familiares de prensa, la Asociación de Periodistas de Buenos Aires (luego denominada Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires), y organizaciones de prensa y de derechos humanos de todo el país.

“Ese es un producto final, o semifinal porque está siempre en construcción. Esta última versión es la acumulación de un trabajo colectivo que viene de décadas”, dijo a Contexto María Rosa Gómez, periodista, investigadora y docente de la UBA y la UNLP, quien participó en la elaboración de las listas desde los ochenta hasta la actualidad. “La última versión que aporta la secretaría de Derechos Humanos -continuó- es gracias al trabajo del Registro Unificado de víctimas del Terrorismo de Estado que aporta y pone en conexión todo lo que se tiene hoy en la secretaría sumado a todo aquello revelado y denunciado por familiares, gremios, universidades y organismos de derechos humanos”.

Entre tantos otros, en el listado se ven los rostros y los datos de identidad de periodistas que dieron “testimonio en tiempos difíciles” como  Rodolfo Walsh, Francisco “Paco” Urondo, María Victoria Walsh, Enrique Raab y Haroldo Conti.

Otro periodista que aparece en la lista es Luis Rodolfo Guagnini, hijo de Catalina Guagnini, fundadora y presidenta de la organización  Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.  Catalina Guagnini  formó una comisión de Familiares de Desaparecidos  para iniciar las investigaciones necesarias para comenzar, en los ochenta, las búsquedas necesarias para armar la lista. Los organismos de derechos humanos se fueron organizando con el retorno de la democracia tomaNdo como materia prima los Habeas Corpus  de las familias y las investigaciones que aportaban los periodistas ex compañeros de los desaparecidos. Así se armó  la primera lista de los trabajadores del periodismo desaparecidos por el aparato represor del Estado.

Entre esos periodistas estaba María Rosa Gómez, que en 1985 era parte de la Asociación de Periodistas de Buenos Aires, donde ingresó para participar en la investigación y redacción del libro “Con vida los queremos”, sobre los periodistas desaparecidos durante la dictadura. “Ese fue el primer gremio que armó una subsecretaría de Derechos Humanos” afirmó Gómez. Esa subsecretaría comenzó a trabajar el listado de periodistas desaparecidos por la Armada, que de los brazos de las Fuerzas Armadas, fue la encargada de desarticular e intervenir en los gremios periodísticos. Una de las primeras medidas de la asociación fue darle un carnet especial a los familiares de desaparecidos para que pudieran atenderse en la obra social del gremio.

Ya en el año 2005, desde la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) armaron una muestra en la UBA, relevando más datos para el listado, que en ese momento era de 131 personas.

Desde esa fecha, un aporte fundamental para obtener información sobre las desapariciones fueron los juicios de lesa humanidad que llevó adelante el Estado nacional como política pública central de su gobierno. Los testimonios fueron material muy rico para profundizar y ampliar las búsquedas.

Otras maneras de recabar información, agregó Gómez, fueron los prontuarios de la Policía Federal, los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) y las identificaciones que han hecho los antropólogos forenses, que permitieron llegar hasta los y las 171 trabajadores y trabajadoras de prensa. Todos esos datos confluyeron en la Secretaría de Derechos Humanos, que los articuló.

A cuarenta años del último golpe de Estado, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) acercaron recientemente la inquietud por conocer el listado de hoy, en un contexto de fortalecimiento de los monopolios comunicacionales.

Gómez diferencia los intereses de las empresas periodísticas movilizadas por el afán de lucro de los periodistas comprometidos por la combatir las injusticias sociales de su tiempo. “Hay algunos periodistas que aún en etapas difíciles fueron conscientes y tuvieron una actitud digna sin escribir en contra de sus ideas. Y por el otro lado estaba la prensa canalla de la editorial Atlántida y Clarín, por ejemplo”.

Clarín, La Nación, La Nueva Provincia y la Editorial Atlántida, fueron algunos de los grupos empresariales del periodismo que contribuyeron a apoyar ideológicamente el golpe generando el consenso cultural necesario.

“La importancia es que tanto en dictadura como en democracia hay gente que tiene una actitud digna y otros que no y que los colectivos organizados aún en etapas de dictadura son capaces de producir algo que con el correr del tiempo, acumulado a lo que suman otros, dan como resultado un aporte a la justicia y a la reparación simbólica de la memoria de los compañeros desaparecidos”, cerró Gómez.